Investidura de María Chivite

Los socialistas de Navarra intentan ganarse a Bildu ofreciendo el euskera como "cultura propia"

(Vídeo: Europa Press)

PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra han cerrado las negociaciones para el preacuerdo que dé la presidencia de Navarra a María Chivite.

PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra han cerrado este viernes el preacuerdo para la investidura de la candidata socialista, María Chivite. Para que la votación prospere es necesaria la abstención de Bildu (7 diputados). Los socialistas fueron la segunda fuerza más votada en las elecciones autonómicas, con el 20,6% de sufragios y 11 escaños, 8 menos que los de la coalición Navarra Suma, integrada por Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos y PP.

El pacto entre las formaciones pilota en torno a siete bloques temáticos: educación, cultura y deporte; igualdad, Navarra social y juventud; salud; política lingüística; empleo, programa económico y fiscalidad; regeneración, memoria democrática y función pública; y administración local, medio ambiente, sostenibilidad y energía verde.

Las conversaciones, que se han acelerado en los últimos días, han fructificado en un acuerdo que recoge también parte de las políticas del cuatripartito de Uxue Barkos (Geroa Bai).

En este sentido, la política lingüística ha sido uno de los asuntos más controvertidos, por las diferencias de criterio entre los partidos.

Euskera bajo demanda

El contenido del programa se conocerá esta tarde. El PSN ha manifestado reiteradamente su rechazo al decreto del euskera, aprobado por el anterior Gobierno nacionalista y que impone esta lengua en el acceso por ejemplo de plazas de la Administración pública. No obstante, los socialistas han abundado durante las negociaciones en la idea del euskera como "cultura propia" y, en ese contexto, consideran que debe "prevalecer" como "vehículo de comunicación entre personas".

El planteamiento de los socialistas es adaptar la actual normativa según "la demanda" y "la realidad sociolingüística" de cada territorio, es decir, un criterio muy subjetivo, aunque "sin imposiciones ni discriminaciones de ningún tipo, especialmente, en el acceso al empleo público".

Se trata de uno de los puntos más sensibles de cara a un posible apoyo de Bildu. El PSOE ha negado conversaciones directas con la formación, determinante no sólo para la investidura sino para que la legislatura prospere. No obstante, todas las partes dan por hecho el apoyo de la organización de Arnaldo Otegi.

Al finalizar la reunión de trabajo de este jueves, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, destacó el "avance muy importante" para cerrar un acuerdo definitivo y "conformar un gobierno progresista, plural y feminista". Las conversaciones de este viernes tratan de cerrar la cuestión del "autogobierno", firmemente apoyada también por los socialistas.

El preacuerdo deberá ser ratificado ahora por los órganos de decisión de cada partido. Sobre el euskera, el PSN dijo que su partido "no está en contra" y que su intención es "llegar a un consenso" con estas formaciones, incluida Bildu, "para que el euskera no se utilice políticamente".

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, expresó su satisfacción por lo que calificaron casi de un "preacuerdo definitivo". Las negociaciones para la investidura se han acelerado ante la celebración de los Sanfermines, que arrancan este sábado con el chupinazo y que concluirán el próximo domingo.

Pese a negar conversaciones, los gestos del PSN a Bildu han sido evidentes a lo largo de la negociación.

El pasado 1 de julio, unos días después de la polémica entrevista a Arnaldo Otegi en TVE, los socialistas apoyaron en el Parlamento navarro una declaración institucional de claro significado político en la que calificaban de "inaceptables las acusaciones de intento de blanqueo de ETA lanzadas por los portavoces de Partido Popular y Vox".

"Judicialización de la política"

En el texto, apoyado por los socialistas, se reivindicaba la "necesidad ética y política de buscar la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de la violencia, independientemente de su ideología y contexto victimológico". Es decir, asumiendo el concepto de ‘memoria inclusiva’ que defiende el entorno proetarra, y que equipara a las víctimas de ETA y sus verdugos.

Asimismo, la declaración defendía la vía del "diálogo" como "marco para solucionar las discrepancias políticas, frente a la sistemática judicialización de la política por la que abogan ciertos grupos políticos".

Además, la declaración contenía un punto adicional en defensa de la polémica Ley de ‘reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos’, que ha sido recurrida al Constitucional por PP y Vox.

Dicha Ley contempla ayudas económicas y sanitarias para las "víctimas de motivación política", a partir del año 1950.

Se entiende por "motivación política" las "vulneraciones" producidas en un contexto en el que "hubiera podido intervenir funcionarios públicos o particulares que actuaban en grupo o de forma aislada e incontrolada".

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