Silvia Intxaurrondo se convierte en portavoz de Sánchez y defiende la amnistía: «Es lo mejor»

La copresentadora y codirectora de La hora de la 1 en Televisión Española Silvia Intxaurrondo, vuelve a hacer propaganda gubernamental durante su programa televisivo, esta vez para defender la Ley de Amnistía de Sanchez. Intxaurrondo se convierte así en una portavoz del sanchismo al asegurar que «con el tiempo la sociedad» cambia su opinión sobre la amnistía: «Es lo mejor que hemos hecho», dice la periodista.

Así lo afirmaba la copresentadora de televisión, haciendo referencia a otras amnistías «tanto en España como fuera», para lo que asegura que el «apoyo social en un primer momento nunca es mayoritario». «Provoca más recelo que otra cosa. Pensemos en las amnistías de otros países, en la del 77, luego con el tiempo es cierto que la sociedad dice ‘es lo mejor que podríamos haber hecho’», ha asegurado durante el programa matutino.

No es la primera vez que la presentadora hace este tipo de referencias, de hecho Intxaurrondo se ha convertido en el azote del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y en defensora de los argumentos del Gobierno.

La periodista cobra 537.000 euros -como publicó OKDIARIO- de la cadena pública a través de una sociedad suya, lo que alimenta las dudas sobre la tributación fiscal de esos ingresos. La tributación por IRPF es del 45% y por el Impuesto de Sociedades es del 25%.

Según el contrato de la productora Tesseo con RTVE para el año 2022, al que ha tenido acceso este diario, Silvia Intxaurrondo cobró en 2022 como codirectora del programa 6.000 euros mensuales, es decir, 72.000 euros al año por este concepto. Además, cobró 700 euros por cada programa, diarios.

Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía permitirá amnistiar la tortura «siempre que no supere un umbral mínimo de gravedad». Esta es una de las novedades del texto acordado por el PSOE, Junts y ERC al que dará luz verde este jueves la Comisión de Justicia del Congreso. Los socialistas y sus socios han alcanzado un acuerdo, tras semanas de muchas discrepancias y tensiones, en una negociación que se ha acelerado tras el dictamen preliminar de la Comisión de Venecia al que se aferran los grupos parlamentarios. Junts ha buscado que en el nuevo texto quede completamente blindado el retorno de Carles Puigdemont. La previsión es que la norma sea aprobada en el pleno de la semana que viene.

El nuevo articulado de la amnistía concedida por Pedro Sánchez a Junts como pago por los siete votos imprescindibles para su investidura recoge que se podrán beneficiar de la ley «los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, a excepción de aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana, o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física».

Un cambio sustancial ya que, en el texto que se llevó a votación en el pleno del pasado 30 de enero, esa parte de la amnistía que Sánchez había concedido al separatismo afirmaba únicamente que quedaban excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 «los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que superen un umbral mínimo de gravedad».

El nuevo texto también incluye como novedad, en relación al terrorismo, que no podrán ser beneficiaros de la amnistía «los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario».

En el ámbito económico se añade un apartado que clarifica que «no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a y b cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial». De tal manera que permitirá amnistiar a todos los líderes del procés que usaron fondos públicos para dichos actos ilegales. Con ello queda desactivada la causa del Tribunal de Cuentas que pedía responsabilidades millonarias a Artur Mas o Carles Puigdemont.