Los socios separatistas y proetarras de Pedro Sánchez tendrán la llave para citar a los comparecientes en las comisiones de investigación pactadas para la investidura del presidente socialista. Esas comisiones, en las que se busca «depurar responsabilidades» sobre el espionaje con Pegasus, la llamada Operación Cataluña o los atentados de Barcelona y Cambrils, suponen una intromisión en el Poder Judicial y han recibido el rechazo de jueces y fiscales. La Comisión Europea se mantiene también vigilante.

Dada la aritmética parlamentaria, los votos de Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG serán determinantes para aprobar las listas de comparecientes en esas comisiones. Una tarea ardua, que obligará a una amplia negociación entre el Gobierno y sus aliados. El previsible rechazo del PP y Vox a estas listas obligará a Sánchez a buscar el apoyo de sus socios para sacar adelante la suya. A su vez, los partidos independentistas tendrán que buscar acuerdos. Para aprobar los comparecientes se requieren más síes que noes.

La Constitución Española regula en su artículo 76 las comisiones de investigación parlamentarias para proclamar la obligatoriedad de comparecer y el artículo 502 del Código Penal define como reos de un delito de desobediencia a quien rehúya comparecer y prevé pena de prisión de hasta un año o multa de 12 a 24 meses a quien falte a la verdad. De esta forma, los socios de Sánchez serán decisivos para determinar quién tendrá que acudir a declarar al Congreso.

La constitución de estas comisiones sigue ahora el habitual trámite parlamentario, una vez que han sido admitidas a trámite por la Mesa del Congreso. El objetivo de estos partidos es señalar a los jueces y deslegitimar sus decisiones, un propósito que cuenta con la connivencia de los socialistas.

Después, pretenden utilizar las conclusiones que arrojen estas comisiones para ampliar la Ley de Amnistía. Así, en concreto, el pacto entre Junts y el PSOE para la investidura de Sánchez ya señala que: «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la Ley de Amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Traducido, Junts pretende utilizar esa comisión para ampliar la Ley de Amnistía, extendiendo su aplicación a quien consideren «víctima» de las decisiones judiciales a lo largo de los diez últimos años. La comisión supondría una persecución a los jueces, que podrían ser incluso acusados de prevaricación.

Lawfare

A través de estas comisiones parlamentarias, el separatismo perpetra un ataque a la independencia judicial, que ha recibido severas críticas por parte de los magistrados. También se cuestiona la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así, la comisión sobre Pegasus -registrada por ERC, Bildu y el BNG- pretende aclarar las responsabilidades sobre el espionaje con este programa del que supuestamente fueron víctimas 65 políticos, activistas, periodistas y abogados por su vinculación al independentismo catalán o vasco. Entre estos como los presidentes de la Generalitat Pere Aragonés, Quim Torra y Artur Mas; los del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs o líderes de partidos políticos como Arnaldo Otegi y Marta Rovira.

Sus impulsores consideran necesario aclarar «los presuntos malos usos de estamentos y recursos públicos para la persecución política». Pero, además, en uno de sus puntos ya avanzan que propondrán «las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado». Sánchez alienta así en el Congreso el control y la fiscalización del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros actores que separatistas y proetarras engloban en «la fuerza del Estado», como jueces o policías, a fin de limitar sus actuaciones bajo el pretexto de proteger «los derechos civiles y políticos».

En agosto, cuando se constituyó el Congreso, el PSOE ya selló sendos acuerdos con ERC y Junts para permitir la creación de varias comisiones.

La relativa a los atentados islamistas pretende «esclarecer las responsabilidades políticas» sobre el caso, dando cabida así a las especulaciones que sostiene el independentismo sobre la supuesta vinculación de uno de los implicados, Abdelbaki es-Satty, imán de Ripoll, con el CNI. La comisión sobre la Operación Cataluña indagará en las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy.

Esta cesión de Sánchez a los secesionistas ha provocado el rechazo frontal del Poder Judicial. Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reiteró este martes la oposición a las alusiones al lawfare.

«El Consejo General del Poder Judicial se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las citadas comisiones parlamentarias de investigación», sostienen desde el máximo órgano de los jueces.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha admitido que las comisiones podrán servir para imputar a jueces y otros miembros de la judicatura. Bolaños ha reconocido que si las conclusiones de dichas comisiones detectan algún «delito» se dará traslado a la Fiscalía para que actúe en consecuencia.