La sentencia del 1-O no valorará el papel de Trapero al frente de los Mossos

La sentencia del ‘procés’ no valorará el papel del mayor José Luis Trapero al frente de los Mossos, durante el otoño de 2017 en Cataluña. Tampoco su actuación profesional durante los días clave: el asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat, el 20 de septiembre, ni si su intervención u órdenes fueron decisivas para la inacción de los agentes el 1-O.

Trapero será juzgado a partir del próximo mes de enero en la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas apuntan a OKDIARIO que por este motivo los magistrados del Alto Tribunal centrarán su resolución en la estrategia definida, desde las instituciones catalanas, para el cuerpo policial autonómico. Y por tanto, en la responsabilidad política de quienes liderando la ‘hoja de ruta’ separatista quisieron utilizar a los Mossos para lograr su objetivo último: declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.

Sin embargo no habrá reproche en la sentencia del ‘procés’ para la actuación de los Mossos como tales, ni de sus mandos policiales. De ello se ocupará la Audiencia en su causa, a partir del 20 de enero: de la responsabilidad -por acción u omisión- de los agentes catalanes en el transcurso de las protestas convocadas el 20-S, al hilo de los registros practicados en diferentes Consejerías catalanas, por mandato judicial, en el marco de la ‘Operación Anubis’.

Los magistrados del Supremo, con el juez Manuel Marchena a la cabeza, encargados de resolver la causa contra los 12 líderes independentistas catalanes acusados de sendos delitos de rebelión y sedición, no quieren -ni deben- condicionar el procedimiento abierto contra Trapero, y otros responsables policiales catalanes. Y por ello se limitarán a un análisis genérico que evite pronunciarse sobre la figura del mayor, antes de que sea enjuiciado.

La Fiscalía solicita para él 11 años de prisión por rebelión, al igual que para los ex jefes políticos de los Mossos Pere Soler y César Puig. Mientras que en el caso de la intendente Teresa Laplana, el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel, como presunta autora de un delito de sedición.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO apuntan a que la Fiscalía incluirá algunas notas sobre el papel de los Mossos y de sus mandos directos -en el escrito de acusación provisional de la futura causa de la Audiencia Nacional- basadas en el criterio que establezca el Tribunal Supremo en la sentencia del ‘procés’, sobre el papel efectivo de los Mossos en los días de autos.

Niega los hechos

En su declaración como testigo del juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, el pasado 14 de enero, Trapero negó toda responsabilidad en los hechos por los que la Fiscalía le acusa en la Audiencia Nacional.

El ex jefe de los Mossos aseguró a los magistrados que: «Le trasladamos la preocupación del cuerpo porque iba a haber muchas personas convocadas con policía, y eso iba a provocar conflictos de orden público y de seguridad ciudadana. Les instamos de nuevo al cumplimiento de la legalidad, les dijimos no íbamos a quebrar nunca la ley ni la Constitución, que no estábamos de acuerdo con el proyecto independentista».

Se refería a las conversaciones que mantuvo durante el aciago otoño de 2017 con los responsables políticos de la Generalitat de Cataluña. Principalmente el entonces presidente del Govern -hoy prófugo de la Justicia española- Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex consejero de Interior, Joaquim Forn.

Acató la competencia

La defensa de Josep Lluís Trapero se ha mantenido alejada en todo momento de la estrategia utilizada por los abogados de los otros acusados en el resto de causas abiertas contra el ‘procés’ de Cataluña.

Trapero nunca ha cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciarle y la ha acatado en todo momento, a diferencia de los procesados por el Tribunal Supremo  y de los demás ex jefes políticos de la policía autonómica que han cuestionado la competencia de ambos tribunales.

El Supremo celebró, el pasado mes de diciembre, una vista del artículo de previo pronunciamiento, donde las defensas de todos los acusados defendieron el traslado del procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Sala Segunda, que preside el juez Manuel Marchena, descartó dicha posibilidad, aunque sí determinó la idoneidad de remitir al TSJC la causa contra los procesados por desobediencia.