Seguridad Nacional avisó 3 veces al Gobierno antes del 8-M de que Europa cancelaba los actos masivos

No una, ni dos. Hasta en tres ocasiones antes del 8-M el Departamento de Seguridad Nacional, que depende de la Presidencia del Gobierno, avisó en sus informes de que otros países europeos empezaban a reaccionar contra el coronavirus con la cancelación de eventos masivos. El Gobierno, en cambio, ignoró esos precedentes y siguió adelante con las marchas ideológicas pese al evidente riesgo de contagio.

Así se desprende del análisis de los documentos diarios en los que Seguridad Nacional evaluaba la situación de España frente a la pandemia, en el inicio de la crisis.

Ya el 25 de febrero, el departamento, que mantiene informado al presidente del Gobierno de los riesgos para el país, recogía que las autoridades de Salud Pública de Italia habían puesto en marcha «medidas de contención» en determinadas áreas y municipios. Entre esas medidas figuraban las «restricciones de actividades públicas», culturales, recreativas, deportivas, religiosas y escolares.

Por entonces, en el país transalpino se habían notificado 263 casos y 6 fallecidos. En España, el primer caso -un ciudadano alemán en La Gomera- se confirmó el 31 de enero.

El 1 de marzo, justo una semana antes de las manifestaciones feministas, Seguridad Nacional avisaba en su informe diario: «Ante el aumento de número de casos, el Ministerio de Sanidad de Francia comunicó la prohibición de eventos que congrega a más de 5.000 personas en recintos cerrados y la cancelación de la media maratón de París, que iba a tener lugar hoy. Esto se suma a la cancelación del Salón del Automóvil de Ginebra, cuya celebración estaba prevista la próxima semana. Además, las autoridades alemanas decidieron la cancelación de la Feria de Turismo de Berlín por la creciente expansión del virus».

Es decir, el documento gubernamental ya revelaba que otros países europeos tomaban medidas drásticas para contener la propagación del virus.

Hasta ese día se habían notificado 1.520 casos y 31 muertes en la Unión Europea, como también recogía el informe. La estimación de riesgo global para la salud pública en España se estimaba «moderado», si bien el mismo documento se hacía eco de las recomendaciones de los organismos internacionales a los que ahora Pedro Sánchez recurre para avalar su cuestionada gestión de la crisis.

«Riesgo muy alto»

Y los avisos eran claros. Por un lado, el de la OMS: «Mantiene en muy alto el riesgo de propagación e impacto del Covid-19 a nivel mundial, ante el aumento continuo en el número de casos y el número de países afectados», recogía Seguridad Nacional. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo había actualizado también su evaluación de riesgo de infección para la población de la UE, concluyendo que existía un riesgo «de moderado a alto» de aparición de grupos de contagio, similares a Italia.

El 6 de marzo, Seguridad Nacional vuelve a destacar en su informe diario que «en varios países de Europa las autoridades pertinentes han decretado la suspensión o aplazamiento de actividades y eventos que congreguen un número significativo de personas». La UE había elevado su alerta, y existía ya un riesgo para la población de «moderado a alto», según hacía saber el departamento anexo a Presidencia. Para la OMS seguía siendo «muy alto». Sanidad, por su parte, mantenía el escenario de contención, pese a que, como se recogía también en el documento, «España es el cuarto país de la UE con más casos».

Finalmente, un día antes del 8-M, se dio la última advertencia: «En varios países de Europa las autoridades pertinentes han decretado la suspensión o aplazamiento de actividades y eventos que congreguen un número significativo de personas», insistía de nuevo Seguridad Nacional. «En este sentido, se han cancelado las reuniones previstas hasta finales de abril preparatorias de la Cumbre sobre el Clima, que está previsto que se celebre el próximo mes de noviembre en Glasgow (Reino Unido)».

Además: «La Unión por el Mediterráneo decidió suspender la Conferencia Regional sobre Economía Azul, que estaba prevista su celebración en Barcelona los días 10 y 11 de marzo».

Los documentos revelan que, mientras la alerta se extendía por Europa y los organismos internacionales instaban a tomar medidas, el Gobierno ignoraba los avisos y minusvaloraba el riesgo. En el informe del 7 de marzo, por ejemplo, Seguridad Nacional destacaba también el aviso del Consejo Europeo, celebrado un día antes en Bruselas, sobre «el valor de aumentar la conciencia colectiva e individual ante el coronavirus, fortalecer la protección de las personas en riesgo (entre ellos, los mayores) y establecer medidas de contención coherentes». «Por último, se ha hecho hincapié en la necesidad de que se cuenten con los equipos de protección necesarios», se destacaba.

El Gobierno era pues consciente de todos estos informes, pero no consideró preciso imitar a otros países y cancelar las manifestaciones del 8-M, que no sólo fueron autorizadas, sino también alentadas desde el Ejecutivo.

Cuatro días después de esas marchas, las ministras de Igualdad y Política Territorial, Irene Montero y Carolina Darias, confirmaron su contagio. Y dos días más tarde, Moncloa comunicó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y que había acudido a la manifestación -encabezando la representación oficial- también estaba infectada.

Posteriormente, el 25 de marzo, también dio positivo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la tercera integrante del Ejecutivo afectada por la pandemia.