Sánchez usa la Estrategia de Seguridad Nacional para adoctrinar sobre su política fiscal «progresiva»

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional, en vigor desde el pasado 1 de enero, introduce algunos conceptos propios de la política ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez. El documento -que sitúa las principales amenazas a las que España debe hacer frente- aplaude, por ejemplo, la necesidad de una política fiscal «robusta» y «progresiva», el modelo que pregona Sánchez y que cristalizará en los próximos meses en una subida generalizada de impuestos.

Así, el documento señala la «estabilidad económica y financiera» como uno de los ejes de la Seguridad Nacional y destaca que «un contexto económico justo, estable y seguro es condición necesaria para el progreso y favorece la creación de empleo, así como la competitividad de las empresas y la industria española».

Es entonces cuando se ensalza la «estrategia económica para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia» que «está recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

Un plan, prosigue el documento, que «traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo tras la crisis del Covid-19, así como para responder a los retos de la próxima década».

«Las medidas que se adopten han de ir acompañadas de una política fiscal robusta y progresiva de acuerdo con el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», se puede leer en el documento que guía las actuaciones frente a los riesgos y amenazas que afronta la población española.

En otro momento, se destaca que la pandemia «ha generado el mayor desplome del PIB desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha causado una nueva crisis económica con consecuencias aún inciertas en clave social», pero al mismo tiempo se edulcora su impacto, señalando que será «fundamentalmente transitorio» y «seguido de tasas de crecimiento relativamente elevadas».

Entre los factores que pueden contribuir a la inestabilidad económica y financiera se citan «los desequilibrios en las vías de financiación de la Hacienda Pública; la inestabilidad financiera internacional; el fraude, la evasión y la planificación fiscal; la corrupción; el blanqueo de capitales y el uso indebido de los fondos procedentes de subvenciones y contratos públicos». Unos factores que «socavan la seguridad económica y provocan desafección social de las instituciones gubernamentales».

El presidente del Gobierno -que como es habitual firma la introducción a la Estrategia- no disimula su ambición propagandística, utilizando el texto para loar que sus medidas «están alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con la estrategia España 2050», la hoja de ruta del líder del PSOE para las próximas décadas que contiene medidas polémicas como la reducción del consumo de carne o la prohibición de los vuelos cortos.

Reforma fiscal

Precisamente, uno de los ejes de ese plan es también la «reforma de nuestro sistema fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria y su progresividad», bajo el pretexto de «poder financiar así el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas».

En las páginas del Plan España 2050, el Gobierno defiende el incremento de impuestos y la creación de otros nuevos. Según Pedro Sánchez, el sistema fiscal español recauda menos y redistribuye la renta y la riqueza peor que otros países europeos. Por ello, propone elevar progresivamente los impuestos al consumo de diésel y gasolina, plantea un impuesto sobre el uso del vehículo que tenga en cuenta sus características (peso, potencia y emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero) y prevé la introducción de la «tasa del viajero frecuente» o impuestos a los billetes de avión según la distancia al destino para reducir el impacto sobre el medio ambiente. El plan también avanza impuestos sobre bebidas alcohólicas y tabaco.

El Gobierno esgrime que esa subida de impuestos permitirá «aumentar la satisfacción vital de la ciudadanía» al «reducir nuestros elevados niveles de riesgo de pobreza y desigualdad de ingresos».

En febrero se conocerán las conclusiones del grupo de expertos para la reforma fiscal. Este fin de semana, Sánchez ha insistido en la idea de que «los que más tienen deben contribuir más al erario público».

Los ejes de esa reforma ya son conocidos: subida del IRPF, «impuestos verdes» y «armonización fiscal» para atacar a las comunidades gobernadas por el PP con el Impuesto sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones.