Plan España 2050

Sánchez prepara un ejército de inspectores para perseguir a los contribuyentes con su hachazo fiscal

El plan 'España 2050' destaca la necesidad de incorporar más funcionarios para las inspecciones tributarias

Sánchez prepara un ejército de inspectores para perseguir a los contribuyentes con su hachazo fiscal

La España del futuro, según Pedro Sánchez, pasa por más y nuevos impuestos. ¿Y cómo va a conseguir su Gobierno convencer a los españoles de que el hachazo fiscal será bueno para sus intereses? Trabajando en la «formación tributaria» ya desde el colegio y con un ejército de inspectores que permita a Hacienda más investigaciones ejemplarizantes para «que aumenten la moral y el cumplimiento fiscal». Así consta en el plan conocido como España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo que el presidente del Gobierno ha presentado este jueves con el boato que  caracteriza a la ‘factoría Redondo’.

El documento, un ejercicio de prospectiva estratégica en el que ha participado un centenar de expertos seleccionados por la oficina del asesor presidencial Iván Redondo, propone una subida generalizada de impuestos bajo el argumento de que no habrá estado de bienestar sin una mejora de la capacidad recaudatoria. Hasta el punto de que ésta deberá pasar de representar el 37% del PIB actual al 43% en 2050.

El hachazo fiscal que anuncia el plan vendrá protegido con una doble estrategia de persuasión y persecución que el documento resume en el eufemismo de una «mejora de la formación e información tributaria a la ciudadanía».

La estrategia de la persuasión contempla el «desarrollo de campañas de marketing con alusiones directas al destino de los recursos tributarios, segmentadas por perfiles y con estrategias de evaluación para conocer el impacto de las mismas». El documento destaca la necesidad de dirigirse a los más jóvenes, a los que denomina «futuros contribuyentes», desde su etapa de formación en el instituto con «la inclusión de contenidos relacionados con las funciones del sistema tributario y la conciencia social fiscal en la educación secundaria».

Los expertos reclutados por Moncloa ponen el énfasis en la necesidad de implantar «medidas de largo plazo dirigidas a cambiar valores y comportamientos» en el tema de los impuestos y la fiscalidad. En ningún momento ofrecen el recorte del gasto público como alternativa a la necesidad de unos ingresos fiscales siempre crecientes. Y entre los nuevos gastos, el plan de Sánchez propone uno con el que seducir a los jóvenes: la denominada «herencia pública universal», una dotación económica que recibirían alcanzada cierta edad y que podría destinarse a adquirir la primera vivienda, crear un negocio o completar la formación.

El adoctrinamiento fiscal estará acompañado por las políticas de persecución. El capítulo 1 del plan contempla el refuerzo de los recursos del Estado dedicados a la inspección tributaria y la necesidad de incorporar más funcionarios a estas tareas, que los redactores del documento definen como «intervenciones conductuales» que tienen como objetivo aumentar «la moral y el cumplimiento fiscal».

Según el índice de eficiencia de la Agencia Tributaria, por cada euro invertido en la agencia en 2018, se recaudaron más de 11 euros en la lucha contra el fraude. Sin embargo, los expertos del Gobierno afirman que «en relación a la media de la UE-27,España tiene una proporción menor de empleados que se dedican a funciones de inspección y comprobación».

Malas noticias para Madrid

Como no podía ser de otra manera en un documento volcado en justificar la necesidad de mayores ingresos fiscales, el capítulo 8 del plan presentado por Pedro Sánchez deja malas noticias para el bolsillo de los residentes en la Comunidad de Madrid, el territorio de España con la fiscalidad más baja. De aquí a 2030, los expertos plantean que «habrá que ampliar las bases de los impuestos, principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal». Y dos párrafos después exponen la necesidad de «llevar a cabo una reforma integral» sobre los dos grandes impuestos que en Madrid no existen de facto al estar bonificados al 100% y 99%, respectivamente: el impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.

El documento del Gobierno, al que sólo le falta utilizar la falsa expresión de «dumping fiscal» que han acuñado los adversarios de los impuestos bajos en Madrid, justifica así la necesidad de la reforma: «Debe replantearse el papel del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto de sucesiones y donaciones en las haciendas autonómicas para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en nuestro país».

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