Sánchez ha regado con 692 millones a las ONG para acoger inmigrantes que ahora reparte por hoteles

Desde su llegada al poder, Pedro Sánchez ha destinado 692 millones en subvenciones directas a ONG para la asistencia a los inmigrantes ilegales. Una cantidad que comprende desde la atención de emergencia, a su llegada, a la gestión del alojamiento y la manutención o la «integración en la sociedad española».

El grueso de esa cuantía se repartió el año pasado, a través de una concesión directa de 391, 84 millones entre 20 organizaciones. La finalidad de esa subvención era externalizar el modelo de acogida de protección internacional, instaurando un sistema de acción concertada para la atención humanitaria a los inmigrantes en un momento crítico por el conflicto en Ucrania, además de atender al importante incremento de solicitudes por el fin de las restricciones de movilidad de la pandemia. «Es necesario reforzar los recursos del sistema de acogida de manera suficiente como para hacer frente a este incremento», reconocía el Ejecutivo en su concesión.

Las ONG subvencionadas por Sánchez se encargan de las distintas fases del circuito de acogida e integración de los inmigrantes. Desde la primera atención de emergencia, facilitando un «alojamiento provisional y manutención» a los recién llegados, asistencia sanitaria, psicológica y jurídica o traducción e interpretación a la red de acogida, ofreciendo igualmente alojamiento, manutención, vestuario y productos de limpieza, e incluso «asignación para gastos diarios».

Las entidades desarrollan además itinerarios de integración en la sociedad española «que faciliten a las personas destinatarias desenvolverse en el nuevo entorno» para «favorecer su autonomía de forma progresiva». Así, ofrecen asesoramiento y formación laboral, acompañamiento en la búsqueda de vivienda, actividades culturales, deportivas y de ocio y enseñanza del idioma, entre otros.

Además, en junio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó otra subvención directa dirigida a tres de estas ONG de asistencia a inmigrantes: ACCEM (15,25 millones), Cruz Roja (57,25 millones) y CEAR (23,75 millones).

En años anteriores, el Gobierno de Sánchez también distribuyó fondos a estas ONG para inmigrantes. En 2019, por ejemplo, se repartieron 71 millones a las mismas tres entidades para «el refuerzo de la actuación de primera acogida» en protección internacional. El Gobierno admitía en el real decreto de la concesión el «fuerte incremento» del número de personas solicitantes de protección internacional llegadas a España, que estaba «provocando un gran impacto en el sistema».

«Se ha llegado a un estado de saturación de los recursos disponibles que no permite atender las necesidades básicas de todas las personas solicitantes de protección internacional mientras formalizan su situación y se les deriva a otros recursos del sistema. Si no se presta el apoyo debido a los solicitantes de protección internacional en esta fase, las personas que no cuenten con apoyos familiares o medios económicos propios son susceptibles de quedar en situación de riesgo de exclusión social», alertaba el Gobierno en el real decreto de concesión, consultado por este periódico. En 2020, dentro de esa misma línea de subvenciones, se repartieron 53 millones entre 18 organizaciones. Y en 2021, 80,37 millones.

Aunque bajo el Gobierno de Mariano Rajoy también se destinaban subvenciones a estas entidades, la principal novedad bajo el mandato de Sánchez ha sido el desarrollo de un sistema de acogida «mediante acción concertada», de forma que se externaliza parte del sistema de atención. En la orden por la que se establece este mecanismo, de julio del año pasado, se admite que «en los últimos años, las llegadas de personas inmigrantes con necesidad de ser atendidas tanto por el sistema de acogida como por el programa de atención humanitaria han crecido de manera constante (…) el sistema, por tanto, tiene que ser capaz de dar respuesta a este nuevo contexto, de mayor presión sobre el sistema».

Repartidos por hoteles

La grave crisis migratoria del pasado mes de octubre ha obligado al Gobierno a improvisar recursos de acogida de los inmigrantes, que son repartidos por albergues y hoteles de toda la Península.

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, cifró, ya hace semanas, entre 5.000 y 6.000 los inmigrantes que se han trasladado desde Canarias a distintos puntos del país para tratar de descongestionar los centros de primera acogida en el archipiélago ante las incesantes llegadas de cayucos.

El Ministerio de Defensa ha cedido dos instalaciones, en Carabanchel y Alcalá de Henares (Madrid), para derivar inmigrantes. Además, el Gobierno financiará 4.000 camas en hoteles y otras 3.000 en centros y hostales repartidos por toda la Península, según ha informado El País.

Comunidades autónomas y ayuntamientos se quejan de que han trasladado a los inmigrantes sin aviso previo y sin que hayan podido adaptar sus infraestructuras.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Gobierno de enviar inmigrantes ilegales a la Península «con nocturnidad» con el objetivo de «quitárselos de encima».

En su intervención en el II Foro Económico de OKDIARIO en el Hotel Palace de Madrid, Ayuso criticó que su Ejecutivo no recibió ninguna información al respecto por parte del Gobierno de Sánchez sobre la llegada de ilegales. Este periódico reveló imágenes en exclusiva de estos inmigrantes llegando al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sin conocimiento del Gobierno regional. Este periódico también desveló que centenares de inmigrantes han sido repartidos por varios hoteles de cuatro estrellas de Andalucía.