Sánchez promete a Junts tener aprobada la Ley de Amnistía por el Constitucional «en mayo como muy tarde»
El Tribunal Constitucional sólo abordará los recursos de amparo después de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma


La impaciencia de Junts con respecto a la Ley de Amnistía va en aumento y Pedro Sánchez ha lanzado un órdago con una promesa con destino a Carles Puigdemont: estará aprobada por el Tribunal Constitucional «en mayo como muy tarde». Eso supondrá un primer paso ineludible de cara a que el dirigente catalán pueda solicitar amparo a la corte de garantías, si el Supremo falla en contra de su apelación, para, en último término, acabar regresando a España.
Ése es el mensaje que el líder del Ejecutivo ha trasladado a Carles Puigdemont, cuya paciencia con las promesas del socialista está bajo mínimos. Sabedor Sánchez de que el futuro de su Gobierno está en manos del líder de Junts, como esta formación le hace saber cada vez que le propicia a los socialistas una derrota parlamentaria -y ya han superado la centena-, el presidente se ha decidido a marcar un límite temporal: el Constitucional resolverá favorablemente todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad -un total de 20- de la Ley de Amnistía.
Dieciséis de esos recursos se corresponden con los interpuestos por el Grupo Parlamentario Popular y por diversos Gobiernos regionales. Y luego, están las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El magistrado Ricardo Enríquez es quien está a cargo de la cuestión formulada por el Supremo.
El pasado mes de septiembre, el Constitucional admitió a trámite el recurso del Supremo contra la Ley de Amnistía. El alto tribunal elevó su recurso al considerar que dicha ley es «arbitraria», y «vulnera el principio de seguridad jurídica». Aquel recurso era contestado un mes después por la Fiscalía General del Estado, que consideraba que el Supremo no señalaba qué artículos concretos de la Constitución vulneraba la norma. El Constitucional, en cualquier caso, admitió la cuestión. Sánchez se ha comprometido a que el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido resolverá todos los recursos «en mayo como muy tarde».
Amparo al Constitucional
Paralelamente a esto, existe otro aspecto, que es donde radica el quid de la cuestión. Que el Tribunal Constitucional rechace todos los recursos sobre la Ley de Amnistía no abre automáticamente la puerta al regreso a España de Carles Puigdemont. Este capítulo depende del recurso de amparo que el líder de Junts -al igual que otros dirigentes separatistas- esperan a poder interponer ante el Constitucional. La corte de garantías ha dejado aparcados esos recursos y sólo entrará a tratarlos una vez exista una sentencia sobre la constitucionalidad de la norma.
El Supremo estima que el delito de malversación, por el que Puigdemont se mantiene procesado y por el que Junqueras fue condenado. El Supremo estimó que el delito de malversación no es amnistiable, por lo que mantuvo activa la orden de detención a Puigdemont. Lo argumentaron en base a que, al emplearse recursos públicos para fines personales (el referéndum del 1-O) se consignó un «ahorro significativo», lo que supone que habría existido «ánimo de lucro», que es uno de los supuestos excluidos en la ley. Actualmente, Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig esperan una resolución del Supremo sobre su recurso a la no aplicación de la amnistía, tras una vista celebrada el pasado 10 de marzo. Una vez este recurso sea desestimado, se abre el camino a poder solicitar el amparo ante el Tribunal Constitucional.
El alto tribunal entrará, entonces, a estudiar ese amparo sólo después de haberse pronunciado sobre la Ley de Amnistía -la promesa de Sánchez de que esté para «mayo como muy tarde-. Será entonces, tras resolverse todos los recursos sobre la constitucionalidad misma de la norma, cuando este tribunal entre a valorar la interpretación sobre el delito de malversación en las solicitudes de amparo que reciba. De hecho, este mismo lunes, la Fiscalía del Constitucional se pronunciaba en contra de suspender ahora la inhabilitación a Junqueras y Romeva, subrayándoles que no se tomará ninguna decisión hasta que el tribunal falle sobre la amnistía en primer lugar.