Sánchez, un probable insumiso a la Ley

¿Presentarán el PP, VOX y Ciudadanos una querella contra Pedro Sánchez por actuar como insumiso a la Ley? Me explico: este hombre ya ha anunciado que se reunirá próximamente con el inhabilitado Quim Torra (inhabilitado por la Junta Electoral Central y por el Tribunal Supremo) porque, como este individuo ya ha planteado recurso precisamente ante el Supremo, el presidente persiste en que nada le impide negociar políticamente con él. Es decir: una absoluta mentira. La reforma que de la Ley Electoral de 2011 consensuaron por el Partido Popular, José Antonio Bermúdez de Castro y por el PSOE, Txiki Benegas, ya fallecido, incluyó que ninguna persona pudiera permanecer en el cargo aunque la sentencia no fuera firme. El que fue acalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, tuvo que abandonar el Ayuntamiento precisamente porque los tribunales le habían considerado culpable de un delito urbanístico, un delito que él nunca reconoció. Aquella reforma pactada iba dirigida sobre todo contra los batasunos que por entonces pretendían ocupar masivamente a las instituciones.

O sea, que ahora el presidente del Gobierno obvia la ley, mejor dicho, la transgrede, y se dispone a traficar con no se sabe qué principios, con cesiones arriba y abajo que pueden descomponer el mapa territorial español, entre ellas la más importante ese referéndum que ya ha comprometido con ERC. En una democracia no virtual, como es ahora la española, sino de pleno derecho, el Estado ya habría obligado a Torra a abandonar su despacho en la Generalidad; en la nuestra actual, no; sigue allí, impertérrito, sabiendo, además, que no puede firmar un solo papel como primer mandatario de aquel Gobierno. Es así porque, como dice un magistrado que estuvo en la Junta Electoral Central: «Un inhabilitado es un ciudadano que ha perdido la condición de elegible, elegido y por tanto gestor». Todo el mundo lo entiende, salvo el presidente del Gobierno.

En el Grupo Parlamentario del PP no descartan de ningún modo y por tanto una querella contra un jefe de gobierno por -hay que repetirlo- insumisión a la ley, algo que nunca se había dado en nuestro devenir nacional. Esta querella tiene sin embargo su momento; empezará a oficializarse, si al fin el PP no se viene a atrás, el mismo día y a la misma hora en que Sánchez, en Madrid o en Barcelona se reúna con el condenado. En ese mismo momento, sobre el jefe del Gobierno de España penderá la amenaza de una inhabilitación como la que ya sufre, sin aceptarla, su interlocutor el presidente de la Generalidad. Las intenciones no son querellables, tampoco los anuncios, los actos sí.

Fuentes jurídicas del PP admiten que esta querella, caso de ser presentada, la querrían suscrita conjuntamente por los otros partidos de centroderecha o, en menor medida de compromiso, refrendada por ellos, algo que sin embargo no parece posible ahora cuando la posible unidad acción de estos partidos dista mucho de ser una realidad. En todo caso, los servicios jurídicos del PP están «en prevención» para analizar toda y cada una de las decisiones del Ejecutivo que pongan en solfa nuestro ordenamiento constitucional. Pablo Casado ya anunció, tras su Comité de Dirección, que va a estudiar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general de Estado por su subvierte de algún modo este orden. Desde luego el recibimiento que ha tenido la iniciativa de Sánchez es muy negativo. Por primera vez jueves y fiscales abominan de una designación que refuerza la politización de la justicia que siempre, en contraposición, ha venido denunciando el PSOE. Se avecinan incidentes diarios tanto con el Consejo Fiscal como, individualmente con algunos de los profesionales más acreditados del país, por ejemplo, con el fiscal de Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, que lo menos que opina de la señora Delgado es que es «una sectaria insoportable». Textualmente. Pero a Sánchez esta repulsa le importa exactamente nada, lo mismo que le trae al fresco la posibilidad que estamos manejando en esta crónica y que no es una especulación sino una posibilidad real con la que la oposición denunciaría el sometimiento que Sánchez pretende hacer de la Justicia. Es muy pronto para aventar si el jefe del Gobierno recibirá una querella por sus conchabeos con Torra, pero desde luego no hay que descartarla. Ni mucho menos.