Elecciones generales 2019

Sánchez pone las embajadas a su servicio para vender en campaña el plan de ‘retorno’ de jóvenes

El Gobierno socialista está utilizando a la Administración general del Estado para hacer una campaña propagandística inédita a favor de las medidas de sus 'viernes sociales', en su mayoría 'decretazos' pese a estar las Cortes disueltas.

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Segundo Sanz

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez no sólo está haciendo uso de los ‘viernes sociales’ del Consejo de Ministros para convertirlos en el escaparate de campaña del PSOE ante el 28A, sino que además está utilizando abundantes recursos públicos de la Administración general del Estado para hacer una campaña propagandística inédita a favor de estas medidas, en su mayoría ‘decretazos’.

Así ocurre, por ejemplo, con el ‘Plan Retorno’ para jóvenes aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Usándolo como reclamo electoral, la Administración Sánchez ha puesto a las embajadas a su servicio, que lo están difundiendo como tal en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Se trata de otro episodio más del uso partidista que Sánchez está haciendo de las instituciones en pleno periodo preelectoral. En el caso de la embajada española en Reino Unido, incluso se ha organizado un acto de presentación de dicho ‘Plan Retorno’ para este viernes en el Instituto Español Cañada Blanch de Londres.

En concreto, es la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Reino Unido, una dependencia de la Embajada española en la capital británica, la que ha se ha encargado de los preparativos.

Junto al «voto rogado»

El encuentro ha sido publicitado por el Ministerio de Exteriores a través de las cuentas oficiales de dicha embajada en las redes sociales Twitter y Facebook. El despropósito es tal que estos mensajes, con la convocatoria para explicar el citado plan de Sánchez, se entremezclan con otros sobre indicaciones de fechas, plazos y trámites para solicitar la documentación electoral del 28 de abril (el llamado «voto rogado»).

De igual modo, este miércoles la cuenta de la Embajada española en París (Francia) hizo lo propio con el siguiente mensaje: «Plan de Retorno a España. 50 medidas que se implementarán en los dos próximos años con el objetivo de fomentar el retorno de emigrantes a nuestro país». E insertaba un enlace a una página explicativa del Ministerio de Exteriores.

Se da, además, la circunstancia de que este acuerdo ha emanado directamente del Ejecutivo, técnicamente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que dirige Magdalena Valerio, y ni siquiera ha pasado por las Cortes, que están disueltas desde el pasado 5 de marzo.

Aunque la propia ministra ya había avanzado hace tiempo que su ministerio venía trabajando en dicho plan, no fue hasta el pasado 21 de marzo cuando el Gobierno, a través del propio Sánchez, anunció su puesta en marcha, previa aprobación por el Consejo de Ministros, para beneficiar a un máximo de 24.000 españoles (jóvenes y personas de «40 a 45 años») con un presupuesto inicial de 24,2 millones de euros.

Lo avanzó el PSOE

Hasta tal punto llega el manejo de las instituciones con un interés meramente partidista por parte del PSOE, que incluso fueron los socialistas los que detallaron los pormenores del plan con una nota de prensa propia tras el anuncio de Sánchez. Un día antes que la ministra-portavoz, Isabel Celaá, lo expusiera formalmente en rueda de prensa en La Moncloa tras el visto bueno del Consejo de Ministros.

Celaá comentó que de los 24,2 millones de euros, casi 12,4 millones euros se ejecutarán en 2019 y 11,8 millones en 2020. Según indicó, la iniciativa incluye, entre otras cuestiones, una bonificación de la cuota de autónomos para aquellos que retornan para emprender, así como becas para investigadores. En este contexto, la ministra-portavoz apuntó que en la actualidad el Gobierno socialista ha identificado alrededor de 10.000 expatriados españoles dispuestos a regresar ya. «Suponemos que quieren volver más», dijo Celaá, aludiendo a los españoles que emigraron desde 2009 a raíz de las crisis económica y la política errática del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

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