Sánchez pacta con Podemos demoler la reforma laboral con una condición: «No hablar de derogación»

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
Carlos Cuesta

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desafía ya las bases principales de los acuerdos económicos con la Unión Europea. No sólo acepta unos umbrales de gastos superiores a los permitidos por Bruselas, como le ha pedido Podemos. La reforma laboral, clave de la credibilidad española en la salida de la crisis, va a ser tumbada por exigencia de los hombres de Pablo Iglesias. Lo más llamativo es que la única condición impuesta por Sánchez es la de no hablar de “demolición o derogación”, precisamente para no activar las alertas de la UE y poder aniquilar la norma por la puerta de atrás, sin excesivo ruido.

Podemos tiene como uno de sus caballos de batalla acabar con la reforma laboral. Y resulta llamativo porque el partido morado no ha dejado de usar el despido a 20 días para eliminar plantilla en su estructura orgánica. Pero cuando se trata de adoptar medidas para los demás, los de Iglesias suelen ser más exigentes que para ellos mismos.

Por eso, Pablo Iglesias ha pedido ya que la reforma laboral sea cercenada para que se devuelva el poder pleno a los sindicatos, se acabe con las dosis de flexibilidad adicional en la organización laboral y salarial de las empresas, y se elimine la posibilidad generalizada de despedir en momentos de crisis con un coste para la empresa de 20 días por año trabajado.

El PSOE ha aceptado tumbar la norma laboral. Pero ha impuesto una condición: que no se hable de «derogación» general de la ley, sino de reformas y cambios puntuales. Porque no quiere una alerta generalizada de los organismos económicos y empresas con peso mediático.

Podemos ya ha dado las primeras puntadas en esta dirección. Los de Iglesias quieren acabar con la que se ha convertido en la principal reforma del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero aceptan públicamente que, al menos ante los ojos de los ciudadanos, tienen que estar dispuestos a aparentar que renuncian a importantes demandas de su programa, como la “derogación” de la reforma laboral.

Hay que recordar, además, que aunque el inicio de la reforma laboral se lanzó con Rodríguez Zapatero como exigencia europea a cambio de ayudar a España a salir de lo que empezaba a parecerse en 2010 a una situación de posible impago, lo cierto es que esa reforma se completó con Rajoy en el poder.

“Todo es revisable, asumimos que el partido más votado es el PSOE», afirman ya fuentes del partido. Pese a que lo cierto es que las medidas para destrozar la reforma ya avanzan. En resumen: Podemos, en su versión, está dispuesto a mantenerse subordinado a Sánchez, «con lealtad». Eso sí, siempre que la demolición real avance sin prisa pero sin pausa.

Clave en el programa de Podemos

El partido morado llevaba ya en su programa para las generales del 28 de abril la derogación de la reforma laboral. «Un 40 % de los contratos indefinidos se extinguen antes de un año. No basta con llamarlos «indefinidos», hay que hacerlos estables y, para eso, proponemos distintas medidas, que se resumen en la derogación del conjunto de las dos reformas laborales, de Zapatero y de Rajoy, que precarizaron el contrato fijo», afirmaban en uno de los puntos programáticos. Un argumento en el que ha insistido hasta la fecha.

Esa reforma laboral es uno de los grandes baluartes de la credibilidad económica española. Acabar con ella supondrá todo un jarro de agua fría internacional con respecto a la imagen española como potencia económica y aspirante a atraer inversión extranjera.

Un jarro de agua fría que se unirá a otros. Y es que Sánchez también ha prometido a Podemos mantener una apariencia de lealtad a Europa y hacer, acto seguido, lo que le exijan sus socios en materia de gasto público con tal de contentar a todos los potenciales socios que necesita el candidato socialista para mantenerse en La Moncloa.

Así de rotunda es la explicación que han dado los propios negociadores internamente a Podemos. Y es que la exigencia de los hombres de Pablo Iglesias ha sido literalmente la de que se debe gastar en la próxima legislatura lo que exijan los anuncios electorales lanzados en materia de pensiones, vivienda social, garantía de suministro eléctrico a persona de bajos ingresos, becas, ayudas a víctimas de violencia de género, etc. Y sí Bruselas dice lo contrario, pues desafiar a Bruselas.

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