Reunión bilateral

Sánchez ofrece a Torra reconocer sus “aspiraciones nacionales” y Justicia y Hacienda propia

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa. (Foto: EFE)

Gobierno y Generalitat protagonizan este miércoles la primera reunión de la comisión bilateral, órgano previsto en el Estatut y que abordará las reclamaciones del independentismo.

La convocatoria es ya una cesión al separatismo, en tanto la comisión establece una negociación de ‘tú a tú’, y, aunque su planteamiento inicial era para negociar la financiación, la reunión servirá para plantear otras cuestiones- mucho más trascendentales para los intereses inmediatos de los dirigentes golpistas- como autodeterminación, una convocatoria del referéndum o la situación de los líderes encarcelados. Otro logro del independentismo, que ha logrado que Sánchez acceda a tratar esos puntos en el orden del día.

En la reunión se abordarán las “vías de participación democrática de los catalanes en las decisiones sobre su futuro político”

Ambos gobiernos cerraron la pasada semana el boceto de este primer encuentro, que ha sido convocado para las 16:30 horas en la Sala de Naranjos del Palau, en Barcelona. Las conversaciones las dirigen la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el conseller de Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall.

La reunión, al menos en una primera toma de contacto, servirá para tantear las posibilidades de avanzar en la cuestión más sensible para las relaciones entre Cataluña y el Gobierno central: el supuesto ‘derecho de autodeterminación’ y el encaje de un referéndum secesionista.

En concreto, en el punto seis de esa agenda figura, bajo el epígrafe ‘Consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña’-una negociación en “materia de derechos y libertades” y “en relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político”.

El presidente Quim Torra entregó a Sánchez, en su reunión en La Moncloa, un dossier con cuestiones normativas en el que avala que la independencia es posible desde un punto de vista constitucional. Su idea es que las comunidades autónomas son competentes para convocar referéndum consultivos sobre decisiones políticas de trascendencia. Pero, evidentemente no lo son cuando se trata de una decisión abiertamente inconstitucional, como sería romper una parte del Estado español.

‘Desconexión’ en el margen de la legalidad

Desde el Gobierno socialista la oferta acaricia la idea independentista de mayores cuotas de autogobierno, y juega en el limbo de una ‘desconexión’ en los márgenes de la legalidad.

La ‘Declaración de Barcelona’, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ampara las relaciones entre las Administraciones central y catalana, establece con claridad la vocación de reconocer las “aspiraciones nacionales” de Cataluña. Una declaración ambigua que se une a la intención del propio presidente de admitir las “singularidades” de determinadas regiones en la propia Constitución.

Torra entregó a Sánchez, en su reunión en La Moncloa, un dossier en el que avala que la independencia es posible 

Independencia del CGPJ

A nivel práctico, las medidas van más allá. La creación de una Justicia catalana propia es una de ellas. Los socialistas apuestan por restituir el polémico Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano suprimido por el Tribunal Constitucional y que pretendía una especie de Justicia independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Entre sus atribuciones está la de convocar las plazas para jueces y magistrados, participar en la designación de los presidentes de sala del TSJC o instruir expedientes y ejercer funciones disciplinarias sobre los jueces y magistrados. Además, tendría también competencia en la inspección de juzgados y tribunales, además de vigilar las órdenes de  inspección de los juzgados que instase el Gobierno.

Asimismo, los socialistas prometen avanzar en la fiscalidad propia. El PSOE plantea un ‘consorcio tributario’ —órgano también contemplado en el Estatuto catalán— que compartiría la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos que pagan los catalanes.

En el programa de las pasadas elecciones catalanas, se acepta, en concreto, que ese organismo “debe ser una manifestación clara del autogobierno y corresponsabilidad fiscal anteriores y debe permitir mejoras de gestión y de inspección tributaria y unos mecanismos de liquidación de ingresos mucho más transparentes, ágiles y cuidadosos que los actuales; al mismo tiempo refuerza la función de los tributos como herramientas de relación entre los gobiernos y la ciudadanía”.

La intención es establecer un vínculo entre una parte de la recaudación conjunta en toda España por los tres grandes impuestos sobre la renta y el consumo (el IRPF, el IVA y los impuestos especiales) y la financiación del Estado del bienestar, que es competencia de las comunidades autónomas”.

En el orden del día se incluye también la petición para que la Generalitat vuelva a participar en los órganos multilaterales de cooperación y coordinación de las que el Gobierno catalán lleva ausente desde hace varios años, además de cuestiones fiscales, o el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía, rechazada por el Tribunal Constitucional, y que obliga al Gobierno español a invertir cantidades millonarias en materia de inversiones.

También se hablará sobre la aplicación de la legislación catalana y española en el ámbito educativo y lingüístico, y se intercambiará información sobre la acción exterior de la Generalitat, la situación de los traspasos de funciones y servicios pendientes de formalizar, así como la conflictividad competencial planteada ante el Tribunal Constitucional.

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