Sánchez mintió al CNI: Moncloa le garantizó en agosto que no sería moneda de cambio con sus socios

Tras la cesión del PSOE al plan del PNV para endurecer la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), confirmada esta semana tras una votación en el Congreso de los Diputados, hay una traición del Gobierno a la palabra dada al servicio secreto. Moncloa garantizó el pasado mes de agosto a la dirección del centro que no se apoyarían los cambios que planteaban los socios de Pedro Sánchez, pero el presidente no ha mantenido su palabra de no utilizarles en el trueque político para mantener el apoyo del PNV. Entre las implicaciones de la nueva regulación planteada hay varias que preocupan al CNI, ya que le restarán «operatividad» en ciertas misiones.

Fuentes de la seguridad del Estado señalan a OKDIARIO que el malestar con el Gobierno en la cúpula del CNI es patente. El pasado mes de agosto, apuntan, se produjo un encuentro en La Moncloa -en el que no estaba presente el presidente- para tratar diversos asuntos relacionados con la comunidad de inteligencia española. Y entre ellos, el anunciado plan del PNV para reabrir en el Congreso el melón de la ley del CNI. Los nacionalistas vascos lo habían intentado ya con una propuesta en otoño de 2023 que los socialistas no habían aceptado -votando contra su toma en consideración junto a PP y Vox-. Tras la iniciativa estaba la polémica por el espionaje a 18 líderes del separatismo, autorizada por los cauces legales habituales y con la firma de un juez del Tribunal Supremo.

De aquel encuentro, explican estas fuentes, se salió con una garantía: no estaba en los planes del Gobierno apoyar esa reforma, que incluye un control judicial mucho más aparatoso o la obligatoriedad de revelar ciertas misiones y los medios utilizados -como el caso de Pegasus- ante la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados. La llamada comisión de secretos oficiales, a la que se accede por acuerdo de los grupos parlamentarios y en la que los diputados no aportan ninguna garantía de confidencialidad más allá de su propia palabra.

Sin embargo, el pasado miércoles se confirmó la traición. El propio Centro ya había avisado al Gobierno de que modificar el sistema de control judicial para que sean tres jueces en vez de uno los que tengan que autorizar operaciones haría «imposible» la realización de algunas misiones por el aumento de la burocracia. Moncloa prometió al servicio no tocar la ley, pero finalmente ha accedido a hacerlo.

Preocupación en el CNI

Profunda preocupación en los servicios de inteligencia españoles tras el apoyo del PSOE a tramitar la reforma de ley que le exigen a Sánchez sus socios nacionalistas y separatistas. Con el pretexto de evitar que en futuras ocasiones se produzcan episodios como el del espionaje con Pegasus al separatismo catalán -que fue autorizado por un juez del Tribunal Supremo-, el PNV plantea una modificación de los controles judiciales sobre el CNI. Un «triple control judicial», como lo definen.

De todo lo incluido en esa propuesta del PNV que cuenta con el respaldo del PSOE, el asunto judicial es el que más preocupa desde el punto de vista operativo a los servicios de inteligencia. Según explican fuentes de la seguridad del Estado a OKDIARIO, el sistema planteado «abrirá la puerta a bloqueos burocráticos y a ampliar los plazos para obtener permisos para ciertas operaciones, que muchas veces dependen de una ventana de oportunidad muy corta en el tiempo». Habrá misiones «imposibles» de acometer.

Hasta ahora, el sistema de control judicial se basaba en un juez designado en el Tribunal Supremo (Pablo de Lucas es el encargado desde 2009), que era quien canalizaba todas las peticiones de autorización para poder llevar a cabo cualquier intromisión en el secreto de las comunicaciones de un ciudadano -nacional o extranjero- en suelo español. El plan del PNV pasa por que sean tres los magistrados que, de forma colegiada y por unanimidad, autoricen este tipo de acciones.

«Los procesos serán más lentos y habrá ocasiones en las que la autorización no llegue a tiempo. No es lo mismo que un juez analice y certifique que hay motivos objetivos para la autorización, a que tres jueces deban analizarlo y ponerse de acuerdo por unanimidad», señalan estas fuentes.

Explican, por ejemplo, un operativo en el que el CNI supo con apenas una hora de antelación que una persona vinculada a los servicios secretos rusos iba a pasar unas horas en España para encontrarse con una persona. El Centro consiguió de forma exprés la autorización legal para actuar con sus medios. Endureciendo ese trámite, dicen, no se habría logrado.

Además, explican, supone que el Consejo General del Poder Judicial tenga que designar no sólo a dos magistrados -el titular y el suplente-, sino a seis -tres titulares y tres suplentes-de entre la plantilla del Supremo. Máxime teniendo en cuenta el perfil adecuado para ese puesto: magistrados sin adscripciones políticas ni afiliados a ninguna asociación concreta.