Sánchez mete al País Vasco en el reparto del Fondo Social del coronavirus pese a que no contribuye al fondo común

Las ayudas a los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas se repartirán entre todas las regiones, aunque algunas de ellas no aporten al sistema de solidaridad interterritorial y consideren que el estado de alarma es un 155 encubierto. Es el caso del País Vasco, que accederá al reparto de los 300 millones de euros, pese a que están fuera del sistema general de financiación de las autonomías y su esquema de cupo fiscal les esté permitiendo de facto, no sólo no pagar, sino incluso recibir dinero del resto de territorios.

El decreto del Gobierno en el que se regulan los esquemas de ayuda por el coronavirus señala expresamente que “se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por importe de 300.000.000 euros, en la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.07 ‘Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales’”.

Y dentro de ese mismo punto se señala expresamente que “con cargo al suplemento de crédito se realizarán las correspondientes transferencias a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del Covid-19”.

Este Fondo podrá destinarse a la financiación de proyectos y las contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de prestaciones como “reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio.

Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio en todas sus modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el domicilio de la persona usuaria. También para “incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio”; para “reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados” o para “reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales” o adquirir “medios de prevención (EPI)”, o “reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes”.

Y todo ello, “se distribuirá entre todas las comunidades autónomas, tanto las de régimen común como las de régimen foral, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.

Se hará con el siguiente criterio: “La distribución territorial de los créditos destinados a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el reforzamiento de los servicios sociales al que se refiere este real decreto-ley se realizará de acuerdo con los siguientes criterios, utilizando las siguientes variables distributivas: población (pondera al 90%); dispersión (pondera al 1,5%); grandes urbes –ciudades de más de 500.000 habitantes– (pondera al 0,7%); población dependiente mayores de 65 y menores de 16 (pondera al 2,3%); superficie (pondera al 5%); insularidad: (pondera al 0,5 %). A La Rioja se le garantiza el 1,5% y a Ceuta y Melilla el 0,5%”.

Aunque País Vasco recaude por su cuenta y de facto no contribuya al sistema de solidaridad.