Sánchez juega con los tiempos de la Abogacía del Estado y deja al Rey a ciegas para el discurso de Navidad

La investidura de Pedro Sánchez sigue pendiente del escrito de la Abogacía del Estado y, con él, la reacción de ERC. Aunque lo esperado es que el informe confirme la inmunidad de Oriol Junqueras e inste al Tribunal Supremo a facilitar su salida de prisión para recoger su acta de eurodiputado, el retraso en su presentación -estaba previsto para este lunes- confirma la complejidad del Ejecutivo para encontrar una fórmula que satisfaga lo suficiente a los republicanos. Esa dilación afecta de lleno al Rey y su discurso de Navidad.

Aunque el mensaje suele cerrarse con más de una semana de antelación, esta vez el monarca ha estirado el margen, en vistas a la incertidumbre política y no fue hasta este lunes cuando se grabó en Zarzuela. Aún así, Felipe VI se ha visto obligado a diseñar una alocución casi ‘a ciegas’, dada la opacidad con la que Pedro Sánchez maneja la negociación y las cesiones a los separatistas.

Unidad y Estado de Derecho

El escrito de la Abogacía del Estado es clave para interpretar la marcha de esas conversaciones y el grado de concesión del Ejecutivo socialista. De revelarse este lunes, el mensaje del monarca, aún cuando mantenga siempre su neutralidad para la formación de Gobierno, habría tenido una interpretación mucho más precisa.

El Rey cuida escrupulosamente sus distancias con el poder político, evitando cualquier injerencia. Pero su mensaje en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho adquiere ahora, en plenas negociaciones de Pedro Sánchez con el separatismo, un valor fundamental. Aunque no se espera la contundencia del discurso del 3 de octubre de 2017, sí se aguarda un llamamiento a la unidad de España y la defensa del Estado de Derecho.

En 2017, sólo dos meses después de la celebración del referéndum ilegal, Don Felipe fue rotundo: advirtió a los dirigentes separatistas que «España es hoy una democracia madura, donde cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar, libre y democráticamente, sus opiniones y sus ideas; pero no imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás». 

Días antes, el 21-D, Cataluña había celebrado elecciones. El jefe del Estado destacó que el respeto a los principios y valores del Estado de Derecho es «imprescindible para garantizar una convivencia que asegure ‘la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político’, tal y como señala nuestra Constitución».

Dos años después, la situación en Cataluña sigue encallada, y la gobernabilidad española reside, precisamente, en el separatismo, por el empeño de Pedro Sánchez de ser investido a toda costa.

Manejar los tiempos

Que el informe de la Abogacía del Estado no sea aún público permite a Sánchez jugar con los tiempos ante el discurso del Rey. Pasado ese mensaje, el candidato socialista acometerá definitivamente su plan de cerrar el acuerdo con los separatistas y someterse al pleno de investidura en el Congreso.

La negociación con ERC está prácticamente ultimada, a falta de algunos «flecos», como este lunes revelaron los republicanos, que insisten en sus condiciones: libertad para Junqueras y nulidad del juicio y de la sentencia.

Éstas últimas exigencias son las que tratan de solventar desde el Ejecutivo, con un ‘gesto’ que sea aceptado y que desencalle la investidura. Aunque la intención del Gobierno siempre ha sido celebrar esa investidura antes de final de año, el calendario compromete esos plazos. El Congreso, a la espera, ha habilitado no obstante el próximo fin de semana.

Este lunes, la Fiscalía se adelantó a la Abogacía del Estado con un escrito muy duro en el que se reclamaba al instructor Pablo Llarena que mantenga las órdenes de detención contra Carles Puigdemont y Toni Comín e inste al Parlamento Europeo a la suspensión inmediata de su inmunidad.

«La inmunidad no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional, y mucho menos, de la impunidad buscada ex post facto con el único propósito de eludir la acción de la justicia», destaca en el informe.

En junio, la Abogacía del Estado ya se mostró partidaria de que Junqueras saliese de prisión para realizar sus trámites como eurodiputado, aunque el Tribunal Supremo lo rechazó. Previsiblemente, ahora insistirá en esa línea. Aunque falta concretar el alcance: si ese permiso se limitará a los trámites que Junqueras realice ante la Junta Electoral, en Madrid, o en el Parlamento Europeo.