Sánchez incluye la ley que le permitirá expropiar bienes por «seguridad nacional» entre sus prioridades

Pedro Sánchez quiere sacar adelante en los próximos meses la ley que le permitirá poner a su disposición los bienes privados cuando considere que existe una «situación de interés» para la Seguridad Nacional. La norma, que cuenta con la oposición de Partido Popular y Vox, genera amplias suspicacias por los plenos poderes que reserva al presidente del Gobierno quien, según el anteproyecto, podrá dictar por real decreto esa situación sin pasar por el Consejo de Seguridad Nacional ni por el Congreso y por un procedimiento acelerado si considera que «existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan». Sánchez incluye esa reforma en el Plan Anual Normativo para 2022, la hoja de ruta con las prioridades legislativas del Gobierno para este año.

Requisa de bienes

Según el texto legal en el que trabaja el Ejecutivo, cuando el presidente declare una situación de interés para la Seguridad Nacional se podrá proceder a la requisa temporal de bienes o a la suspensión de actividades.

En concreto, el artículo que genera más polémica es el 28, que determina la  «participación del sector privado en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional» y que avisa que «los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la situación de interés para la Seguridad Nacional, en caso de requerimiento de la autoridad competente».

«Cuando la naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional lo haga necesario, las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades».

Movilizar a los españoles

Asimismo, la ley permite movilizar a los españoles, de forma que «cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan». Según el borrador del anteproyecto se considerará que existe una situación “de interés para la Seguridad Nacional” cuando “por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes”.

El texto hasta ahora conocido otorga plenos poderes a Sánchez en el ámbito de la «contribución de recursos», que podrá burlar los controles reglamentarios si estima que «existen razones de urgencia o de oportunidad». De esta forma, Sánchez «siempre dispone legalmente de la potestad de dictar directamente el Real Decreto de declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional», se admite.

El texto legal también permite anular la ley de transparencia, de manera que «el acceso a los documentos y la información manejada por el Sistema de Seguridad Nacional quedará limitado cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional». Sánchez, cabe recordar, se ha remitido a ese argumento para esquivar la rendición de cuentas por sus polémicos viajes en Falcon.

OKDIARIO ya adelantó que el Gobierno quería acelerar los trabajos para tener lista esta reforma. En diciembre, el Ejecutivo reunió la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional -con comunidades autónomas y ayuntamientos- en una cita sin excesiva publicidad para debatir sobre la norma.

«Auténtico disparate»

Desde el Partido Popular ya se adelantó en su día que votarían en contra de la reforma. Su presidente, Pablo Casado, calificó la norma de «un auténtico disparate» y arremetió contra la intención del Gobierno de «expropiar bienes a los ciudadanos», lo que enmarcó en el «intervencionismo» de los populismos. Los populares han tachado la ley de «despotismo preilustrado».

«La Ley de Seguridad Nacional habilita a Sánchez para abolir derechos fundamentales de los españoles sin control y cuando le convenga. Es la medida más tirana de toda la democracia», criticó, por su parte, Vox. Ambos partidos anunciaron que recurrirán la ley por «inconstitucional».