Sánchez impide saber el sueldo de los líderes de UGT y CCOO mientras el Rey revela su patrimonio

El Congreso de los Diputados ha debatido este martes una proposición no de ley de Vox para obligar a los sindicatos a rendir cuentas sobre su actividad, ayudas y retribuciones. Las organizaciones sindicales han recibido ya este año 17 millones de euros en subvenciones públicas, el doble que con el Gobierno de Mariano Rajoy. La iniciativa ha recibido el rechazo del PSOE.

La proposición reclama exigir a estas organizaciones -y asociaciones empresariales- que hagan pública «toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, de manera que sea conocida, no sólo por los afiliados, sino por el conjunto de la sociedad».

En concreto, se pide hacer públicas las cuentas anuales, los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por órganos de control externo; sus presupuestos; las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables y las indemnizaciones percibidas; las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos; los contratos, convenios y subvenciones que puedan celebrar y recibir las organizaciones sindicales y empresariales de los órganos que a efectos de la ley no son Administraciones Públicas, incluso los realizados con entidades privadas y su entero régimen económico, cuotas de afiliación y rendimientos de gestión patrimonial e inversiones. Así como toda la información sobre las ayudas públicas concedidas por las Administraciones Públicas o por otras entidades públicas, y las ayudas de entidades privadas y su memoria de actividades.

Además, la proposición no de ley pide «un protocolo y un código ético interno en las citadas organizaciones que permita depurar responsabilidades rápidamente ante casos de corrupción». 

En el texto se destaca el notable incremento de las subvenciones públicas destinadas a las organizaciones sindicales y también las limitaciones de la actual ley de transparencia para el acceso a información relativa a los sindicatos. Por ejemplo, no es exigible revelar el salario de sus líderes. Vox defiende que este ejercicio de transparencia es necesario para conocer «la imagen real y objetiva de los sindicatos y asociaciones empresariales».

En este contexto, la iniciativa advierte de «la opacidad existente en todo lo relativo a la gestión de fondos y ayudas públicas percibidas por las organizaciones sindicales» y señala que «en el caso de UGT, en los últimos presupuestos publicados, correspondientes al ejercicio 2020, casi un 17 % de sus ingresos provenían de las arcas públicas».

En conclusión, opina el partido, «toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria de las organizaciones sindicales ha de hacerse pública a todos los españoles». Ello, consideran, «permitiría alcanzar el fin último de la ley de transparencia: una mejor fiscalización de la actividad pública, contribuyendo así a la necesaria regeneración democrática, promoviendo la eficiencia y eficacia de los fondos del Estado y favoreciendo el crecimiento económico».

«Respetar» a los sindicatos

Desde el PSOE argumentan su rechazo en que «hay que respetar a las organizaciones sindicales». «Quiero poner en valor la labor sindical, desarrollan una labor esencial para vertebrar nuestro mercado de trabajo y no estamos en dinámicas para deteriorar a nuestras organizaciones», ha señalado el portavoz parlamentario socialista, Héctor Gómez, a preguntas de este periódico.

Todo ello, mientras el Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para reformar la estructura y el funcionamiento de la Casa Real con la intención de «reforzar la transparencia y la rendición de cuentas».

Este lunes, el Rey hizo público «por decisión personal» un patrimonio personal por algo más de 2,5 millones de euros, en línea con sus esfuerzos de modernización de la Corona y convicción de que es necesaria una regeneración de la vida pública, según informó Zarzuela.