Sánchez y ERC se saltan el reglamento de su propia «mesa» para mantener una negociación clandestina

Engrasada la «mesa» para la fotografía, Pedro Sánchez mantendrá ahora con ERC una negociación fuera de focos, sin plazos y muy discreta. La intención del presidente socialista es evitar el límite de dos años que los propios republicanos, Junts y la CUP se marcaron para arrancar a Sánchez el referéndum. ERC se deja llevar por los deseos de Pedro Sánchez y no se le ha visto oponer excesiva resistencia, al contrario que el partido de Puigdemont. Ambos socios incumplen así el acuerdo que, en su día, firmaron para constituir la mesa sobre el «conflicto político» en Cataluña.

Aquel documento, que fue firmado en enero de 2020 para la investidura de Sánchez, deja claro que el calendario ha de ser «transparente» y los plazos «concretos» tanto para «sus reuniones» como «para presentar sus conclusiones». En el texto se recogen, negro sobre blanco, los objetivos de ese foro: «Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya (sic), de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político». Ninguna alusión a la Constitución. 

Sánchez quiere estirar la negociación al límite. Mejor aún si no se alcanzan acuerdos antes de que termine la legislatura. En marzo, para la investidura de Aragonès, los separatistas acordaron el plazo de dos años para revisar los acuerdos y actuar en consecuencia, con la «autodeterminación» siempre en el horizonte. Ese plazo, pues, se cumple en 2023, con la legislatura aún en marcha si Sánchez no adelanta las elecciones.

Ahora, en cambio, el PSOE de Pedro Sánchez y ERC quieren actuar al margen de sus propios acuerdos, conscientes del desgaste que supone una negociación expuesta a los medios. La estrategia permitirá a Sánchez mantener vivo el lema del «diálogo» y la «concordia» con el que maquilla sus cesiones al independentismo para sobrevivir en La Moncloa. Él mismo lo expuso de manera meridiana tras verse a solas con Aragonès durante dos horas: la negociación debe desarrollarse «sin prisa, pero sin pausa y sin plazos».

Entre bambalinas

Sánchez cede ahora todo el peso de las conversaciones a sus delegaciones y, más allá, a un trabajo paralelo y muy discreto entre bambalinas. Por supuesto, sin convocatorias. Unas negociaciones bajo la coordinación del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y que, por ahora, se centran en una jugosa carpeta de inversiones y financiación.

La llamada «agenda del reencuentro», que la delegación de Sánchez entregó al Govern este miércoles, revela algunas claves: el Gobierno vuelve a utilizar el concepto «seguridad jurídica», incluido en la declaración de Pedralbes que en su día acordó con Quim Torra, para evitar referirse a la Constitución. También busca «evitar la judicialización de la política» y borra la alusión al respeto al Poder Judicial que sí figuraba en una versión anterior.

Tras su reunión con Sánchez, Aragonès se jactó de haber conseguido «que el Estado español se siente en una mesa de negociación». «Hemos reiterado el reconocimiento institucional mutuo y hemos constatado que estamos ante un conflicto político cuya solución debe ser refrendada por la ciudadanía», ensalzó el separatista. El presidente catalán avisó a Sánchez de que «los indultos han sido un paso», pero «un primer paso» y que «no ha terminado la criminalización del proceso independentista».

La mesa de negociación ha recibido las críticas de la oposición. El Partido Popular ha exigido las actas de la reunión porque se teme que Sánchez y Aragonès “estén ocultando a los españoles lo que realmente están negociando”.