Sánchez dejará sin castigo cacerías como la del agente infiltrado si no hay «riesgo cierto» para su vida

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que avanza en el Congreso de los Diputados gracias a los pactos entre el Gobierno y sus socios ERC y Bildu, endurecerá los requisitos para que la difusión de imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueda ser castigada. La nueva redacción obligará a los agentes a acreditar que la difusión de las imágenes o sus datos personales o profesionales genera un «peligro cierto» para su «seguridad personal o familiar, la de las instalaciones protegidas o haya puesto en riesgo el éxito de una operación».

Además, esta situación de peligro o riesgo «cierto» deberá ser «constatable» y «reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible». Este cambio ha provocado indignación y preocupación entre los agentes que, consideran, les deja desprotegidos y propicia el acoso de los violentos, a quienes se les facilita la difusión de imágenes. El asunto toma relevancia tras el reciente caso del policía nacional infiltrado en círculos antisistema del movimiento independentista catalán, cuyas fotografías han sido difundidas por el entorno separatista.

El agente resulta fácilmente identificable en las imágenes, que apenas han sido pixeladas. Además, se ha facilitado una amplia información de los rasgos físicos del policía, como sus tatuajes. Todo ello ante la pasividad del Ministerio del Interior.

No es el único caso pues, ya el pasado junio, medios separatistas pusieron en la diana a otro policía infiltrado. También en ese caso hicieron correr su foto por las redes sociales y ofrecieron distintos detalles sobre su vida, incluso datos de su vivienda.

Fuentes policiales recuerdan que, en casos como estos, sería de aplicación la Ley de Seguridad Ciudadana aún vigente, que castiga como infracción grave «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información». Las sanciones pueden llegar a los 30.000 euros, en su grado máximo.

También destacan que el linchamiento a este policía vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la vía que consideran más adecuada para perseguir este tipo de comportamientos.

«El acoso y derribo sobre un policía nacional ha sido brutal, se han publicado fotos de una cara fácilmente reconocible, con apenas un leve pixelado», destaca el inspector de Policía y abogado Serafín Giraldo, profesor del área jurídica en los Centros Docentes del Cuerpo Nacional de Policía. Lamenta que «estos señalamientos, propios de otras épocas y sistemas de corte autoritario, buscan convertir a este policía en una diana».»El Ministerio del Interior y en concreto la Dirección General de Policía debería salir al paso buscando la protección de la dignidad y el honor de este agente, además de solicitar las sanciones administrativas que corresponda», añade.

Polémica

El agente, que durante tres años estuvo infiltrado en círculos radicales del independentismo de Barcelona, ha sido ahora denunciado por cinco activistas con las que mantuvo relaciones «sexoafectivas» libres y consentidas. Las separatistas, sin embargo, apuntan hasta cuatro delitos en su querella: abusos sexuales continuados, descubrimiento de secretos, impedimento del ejercicio de los derechos civiles e incluso tortura. En total sumarían una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los cuatro mencionados previamente.

Las denunciantes sostienen además que la infiltración del agente supone «violencia sexual institucionalizada», alegando que habría utilizado las relaciones con ellas «para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas» para desarrollar su labor policial.

Alegan, además, que «no puede haber consentimiento si no es libre e informado» y que, en el caso de haber sabido que se trataba de un agente de policía, no habrían mantenido relaciones con él.

Sobre el delito más llamativo del que le acusan, tortura, señalan que se ha atentado «de manera directa contra la integridad moral» para conseguir información y con el fin de «castigar a estas mujeres por tener una implicación política», según las abogadas. En cuanto a la revelación de secretos, argumentan que el policía ha podido «compartir con sus jefes» la información obtenida.

El policía adoptó el nombre falso de Daniel Hernández Pons y desarrolló su trabajo de espionaje en distintos movimientos okupas y antisistema. Incluso llegó a cambiar su aspecto con distintos tatuajes, un nuevo peinado y adoptando un cuerpo más musculado. Mientras estuvo infiltrado, participó en manifestaciones y protestas como un radical más, como las que tuvieron lugar tras la condena al rapero Pablo Hasél, que derivaron en graves disturbios en Barcelona. A finales del año pasado, empezó a desvincularse de estos círculos comunicando que se marchaba a trabajar a Dinamarca.

El caso ha saltado al terreno político. Podemos ha reclamado explicaciones al ministro del Interior y ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para conocer, incluso, «si se autorizó al agente infiltrado a mantener relaciones íntimas y/o sexuales con personas del grupo investigado».

Pablo Iglesias ha aprovechado para arremeter contra el Partido Popular en uno de sus podcast de La Base, en el que ironiza con que, durante su etapa como vicepresidente, propuso a Marlaska infiltrar a agentes policiales para «tener relaciones con los jefes del PP».

«Sabiendo que son de derechas esto no puede ser tan difícil. En la cama seguro que cantan La Traviata y si nuestros agentes le ofrecen droga ni te cuento, que los del PP son unos viciosos», relató Iglesias, asegurando  después que se trataba de un escenario ficticio y que esa conversación no había tenido lugar.