Sánchez da a Portugal 2.600 hectómetros cúbicos de agua del Tajo mientras le recorta 100 a Alicante

El Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez permite que 2.600 hectómetros cúbicos del río Tajo se entreguen a Portugal, si bien en realidad lo que llega al país vecino es más del doble. En concreto, más de 5.000 hectómetros cúbicos. Con ello, cada año se envía a Portugal un excedente hídrico por encima del acuerdo con ese país, que equivale a 25 veces el recorte previsto a las transferencias de agua al sureste español por el trasvase Tajo-Segura. Así, mientras Portugal se beneficia del agua del Tajo, la provincia de Alicante, la Región de Murcia y Almería sufren un recorte de 100 hectómetros anuales.

Una situación que se suma a los 40 pozos de sequía cerrados, que pone a la agricultura valenciana y, más concretamente, a la de Alicante, en una situación límite. Y que ha movilizado ya al consejero de Agricultura valenciano, Miguel Barrachina, que este mismo lunes ha viajado a Alicante para entrevistarse con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. 

En enero de 2023, el Consejo de Ministros aprobó el decreto del Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027. Ese plan recoge un incremento de los caudales ecológicos del Tajo de 6 metros cúbicos por segundo a 8,7 en 2027 y un recorte de 105 hectómetros cúbicos anuales al Tajo-Segura.

Todo ello, según datos de la propia Generalitat Valenciana de los que Pedro Sánchez es conocedor porque la mayoría están también incluidos en el dosier que bajo el título de 56 necesidades para la Comunidad Valenciana «que ya no pueden esperar más», Mazón trasladó a Sánchez en los días previos a su reunión de este viernes.

Esa enorme transferencia de agua a Portugal, mientras la costa española mediterránea se desertiza por la falta de agua del trasvase Tajo-Segura se produce a raíz un acuerdo hispano-portugués, suscrito hace décadas.

Tras la reunión con Sánchez, Carlos Mazón explicó que la propuesta valenciana es la de un cambio de la ley para que sea la comisión de explotación, sin interferencia política, la que decida en cada ocasión cuáles son las aportaciones de agua del Tajo al Segura que se deben realizar. Mazón entiende que, de ese modo, se garantiza que exista rigor en una decisión tan importante.

Es más, en un intento de buscar equilibrio y equidad, el Gobierno valenciano ha propuesto que el trasvase Tajo-Segura y el Tajo-Guadiana se rijan por idénticas reglas de explotación, respetando siempre a la cuenca cedente. Porque el estatus actual condena a la agricultura alicantina a regar con agua desalada o a desaparecer, en tanto que en la vertiente opuesta, la Atlántica, el agua sobrante del Tajo acaba en el mar.

Un «tsunami económico»

En concreto, según los datos que la Generalitat Valenciana ha trasladado a Pedro Sánchez, los regantes de Alicante, Murcia y Almería calculan 6.000 millones de euros en pérdidas y alrededor de 15.000 puestos de trabajo por este recorte. Esos 15.000 puestos de trabajo que se perderán son el equivalente a algo menos de toda la población del municipio alicantino de Guardamar. Precisamente, la localidad donde desemboca el Segura. 

Los 6.000 millones de euros en pérdidas que generará la falta de agua para el trasvase Tajo-Segura se derivan de las 30.000 hectáreas que, según han advertido Uepal y Asaja pasaran a barbecho o secano por la falta de agua.

El impacto total en la economía se traduce en la desaparición de más de 6.300 empleos directos, una pérdida económica de 5.600 millones de euros y el abandono de 27.314 hectáreas de regadío. Un completo tsunami económico para la provincia de Alicante, como lo describe el documento remitido por Carlos Mazón a Pedro Sánchez, con consecuencias sociales, económicas y ambientales «irreparables».

El Gobierno rechaza una mesa técnica

Este mes de febrero, Carlos Mazón entregó una carta a la ministra Teresa Ribera. En el documento proponía crear un grupo técnico, y, por tanto, no político, de trabajo en que estuvieran representadas todas las Comunidades afectadas por el trasvase y el propio Ministerio. Su objetivo sería el de avanzar en un cambio en las reglas de explotación.

A pesar de que la ministra se llevó la carta, meses después comunicó el rechazo al diálogo técnico y advirtió que no se producirían esas reuniones, según la propia Generalitat.

En marzo, también de este 2024, Carlos Mazón y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, firmaron una declaración conjunta para exigir a Sánchez un pacto nacional del agua. Esa propuesta es la que aludía directamente a cómo el agua del Tajo se cedía sin impedimentos a Portugal con el visto bueno de Castilla-La Mancha, mientras la huerta del Segura languidecía.

Ahora, la interminable sequía del sureste español ha complicado aún más la situación. Y la reivindicación se ha redoblado. Mientras todo ello sucede en Alicante, Almería y la Región de Murcia, el agua del Tajo sigue llegando a Portugal.