Sánchez consuma la infamia: indulta a los golpistas en abierto desafío al Tribunal Supremo

Oriol Junqueras y el resto de los presos independentistas condenados por sedición y malversación hace menos de dos años por el Tribunal Supremo recuperan la libertad sin haberlo solicitado, sin haberse arrepentido de sus actos y sin el compromiso de no volver a reincidir. El Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, ha aprobado este martes los decretos de los indultos a los nueve golpistas que permanecían en la cárcel pese al rechazo del tribunal que les condenó por unanimidad.

Los expedientes de indulto contemplan la extinción de las penas de prisión que les resta por cumplir a los condenados y fija un periodo de seguridad de entre tres y seis años que condiciona el perdón a que no vuelvan a reincidir. El perdón otorgado a los presos no levanta su inhabilitación. De ahí que, por ejemplo, Junqueras no podrá volver a ocupar cargo público hasta el año 2021.

En una comparecencia vetada a las preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno ha reiterado que la medida de gracia con quienes violentaron el Estatuto de Cataluña y la Constitución española en 2017 servirá para la reconciliación en Cataluña y de Cataluña con el resto de España. A la espera de que esos futuribles pasen de ser la expresión de un deseo a una realidad irrefutable, Sánchez amarra el resto de la legislatura con el apoyo de ERC y, por extensión, de Bildu y el PNV.

Precedentes históricos

Los precedentes históricos no llaman al optimismo. En dos ocasiones la II República indultó a quienes se levantaron contra ella y en las dos ocasiones el perdón se volvió en su contra. Indultó al general Sanjurjo por la sublevación de 1932 conocida como la sanjurjada, pero años después el militar iba a ser la cabeza del golpe de 1936 si no hubiera muerto antes en el accidente de la avioneta que le trasladaba a España.

Indultó el Gobierno del Frente Popular, presidido por el socialista Largo Caballero, a Lluís Companys (ERC), presidente de la Generalitat, por haber proclamado unilateralmente el Estado catalán en 1934, pero la indulgencia no sirvió para garantizarse la lealtad del Gobierno catalán, que traicionó a la República incluso durante la guerra civil. «La Generalitat ha vivido en franca rebelión e insubordinación y si no ha tomado las armas para hacer la guerra al Estado será o porque no las tiene o por falta de decisión o por ambas cosas, pero no por falta de ganas», escribió Manuel Azaña en La velada en Benicarló.

Con esa habilidad para identificar que lo que le conviene a España coincide con su agenda política e intereses particulares, Sánchez defiende ahora la «utilidad pública» de la indulgencia con los golpistas, un gesto de «magnanimidad» que redundará en beneficio de la normalización democrática, después de pasarse años clamando contra el «abuso» que los gobiernos hacían de la medida de gracia. “Los indultos políticos deben acabar en nuestro país”, llegó a decir cuando quien gobernaba era Rajoy y el socialista desconocía ese futuro aún lejano que le iba a hacer depender de Junqueras para continuar en la Moncloa.

Sin las 3 condiciones para el indulto

Pero los indultos no son esa «indeseable arbitrariedad» que la ponencia política del PSOE aprobó en 2013 bajo la coordinación de Sánchez. Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional asesinado por ETA, acuñó las tres condiciones que deben cumplir los indultos de naturaleza política para no ser arbitrarios: «Si el reo condenado no ha solicitado por sí el indulto, no ha mostrado arrepentimiento, y no ha hecho manifestaciones de acatamiento a la Constitución, sino más bien todo lo contrario, la denegación del indulto está plenamente justificada». Ninguno de los nueve indultados hoy por el Gobierno cumplen una sola de las tres condiciones para que una medida de gracia no sea arbitraria.

De ahí que los indultos decretados por Pedro Sánchez tengan ya tres consecuencias inmediatas, todas ellas favorables a quienes impugnan el régimen constitucional, que es precisamente lo que caracteriza a los socios de la mayoría Frankenstein que sostiene al Gobierno: el abierto desafío al Tribunal Supremo (que ve cómo su fallo unánime queda revocado de facto), el debilitamiento de la Justicia española ante las instancias europeas (el Gobierno ayuda a que en el exterior se vea el fallo como una persecución política) y la incómoda situación (por constitucional que sea) en la que se coloca al Jefe del Estado, cuyo mensaje a la Nación del 3 de octubre de 2017 fue «un modelo de defensa de los valores republicanos», como explicó en su día Alfonso Guerra.

Fue Sánchez, ya presidente del Gobierno, quien tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo proclamó en una comparecencia institucional en la Moncloa: «El acatamiento de la sentencia implica su cumplimiento. Insisto, su íntegro cumplimiento». Uno de tantos compromisos del líder socialista que el paso del tiempo ha convertido en falsos, pero cuya rectificación, en este caso, le sirve para dar continuidad a la legislatura con el respaldo de los indultados.