Sánchez se abre a levantar el secreto de los informes de los GAL pero podrá mantenerlo sobre el Falcon

Pedro Sánchez tendrá que posicionarse definitivamente sobre la reforma de la ley de Secretos Oficiales que plantea el PNV y que permitirá, por ejemplo, que documentos sobre los GAL, la Transición o el 23-F vean la luz. Los nacionalistas vascos -que apoyaron la investidura de Sánchez- han recuperado en el Congreso su iniciativa para reformar la ley que fue aprobada en plena dictadura, confirmándose como una de sus prioridades para la legislatura. En paralelo, el PNV presiona al Gobierno con varias preguntas, en las que el Ejecutivo tendrá que responder a si «tiene la intención de dar un giro con respecto a la política de desclasificación de archivos secretos o reservados» o la «voluntad» de modificar la ley vigente.

El PNV recupera así una propuesta con la que lleva años peleando en el Congreso. El PSOE, en su momento, ya apoyó la desclasificación de documentos, aunque pidió también una ‘moratoria’ de 10 años para adaptarse a las modificaciones legales. Sánchez, no obstante, ha mostrado en público su disposición a negociar la reforma, evitando un uso «extensivo» de la clasificación de documentos como secreto oficial y declarándose abierto a «debatir» y acordar un plazo de clasificación o excepciones para «contribuir a la recuperación cabal de nuestra historia y el conocimiento de los asuntos públicos», según afirmó en su día en el Congreso.

Con su propuesta, el PNV quiere modificar el límite temporal a la clasificación de documentos, de manera que se recoja la «obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años».

Poder del Consejo de Ministros

Además, el texto contempla la modificación de la ley actual para atribuir «en exclusiva» al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. En la actualidad, además del Ejecutivo, la Junta de Jefes del Estado Mayor también tenía la potestad de clasificar informes y sólo podrían declarar su cancelación aquellos órganos que la propusieron. La iniciativa del PNV plantea además que se suprima la referencia a «la naturaleza, secreta o no» de las sesiones en que el Congreso o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, al considerar que ésta es una cuestión que sólo compete a los respectivos reglamentos de estas Cámaras.

La reforma se planteó por primera vez en 2016, aunque decayó con la repetición electoral. El PNV la volvió a registrar más tarde y superó el debate en el pleno del Congreso, aunque su tramitación fue bloqueada por la Mesa del Congreso y la sucesiva ampliación del plazo de enmiendas.

En su propuesta, los socialistas apoyaban que la calificación de materias secretas y reservadas caducase a los 25 años y, en caso de prórroga, que ésta no superase los 10. Sin embargo, abogaban también por un periodo de transición desde la entrada en vigor de la ley de 10 años, en el caso de aquella información que ya hubiese cumplido los 25 años.

Por su parte, sus socios en el Gobierno socialcomunista, Podemos, defendía que no pudiesen considerarse materias clasificadas aquellas que resulten «esenciales» para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos. El partido de Pablo Iglesias proponía también que la clasificación de materias como secretas o reservadas se pudiese impugnar ante el Tribunal Supremo y que se obligase al Gobierno a rendir cuentas al Congreso sobre la aplicación de la ley, presentando un informe anual con los actos, documentos, datos y objetos que hubiesen sido declarados como clasificados.

Uso del Falcon

En cualquier caso, Sánchez conservará la prerrogativa de blindar sus polémicos viajes bajo el secreto oficial.

El socialista se ha venido acogiendo a la ley franquista para negar toda información sobre sus desplazamientos en el avión oficial Falcon o el helicóptero Super Puma, algunos de índole puramente personal.

El Ejecutivo ha repetido de manera insistente el mismo argumento: que «los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, tienen la consideración de materia clasificada, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre».

Cabe recordar, no obstante, que los socialistas llegaron a plantear en sus enmiendas, en 2018, que la calificación de una materia como ‘secreto’ o ‘reservada’ «deberá ser motivada y no versará sobre una materia genérica, sino que se realizará con carácter específico para cada asunto, acto, documento, información o datos que merezcan dicha protección». Es decir, el Ejecutivo tendría que blindar cada viaje por separado.