Sánchez se abona al guerracivilismo: ya prepara la ley para ilegalizar las asociaciones «franquistas»

Además de la creación de una «comisión liquidadora» en el Ministerio de Cultura para «extinguir» la Fundación Francisco Franco, como adelantó OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez avanza en la liquidación de todo aquello que considere «franquista». El Ejecutivo ya prepara una reforma legal que permitirá acabar con las asociaciones que defiendan al dictador. Así consta en la documentación del Ministerio del Interior a la que ha tenido acceso este periódico.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska ya promueve la reforma legal de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Se trata de un cambio de enorme calado para incluir como causa de disolución de las asociaciones «la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales». Se trata de una medida recogida en la autodenominada Ley de Memoria Democrática, que Pedro Sánchez aprobó hace dos años gracias a Bildu.

El proyecto se encuentra ahora en el trámite de consulta pública, a fin de que los colectivos afectados presenten sus propuestas.

«Respeto al memorialismo»

Interior justifica que la modificación es necesaria para «acomodar la actividad de las asociaciones al pleno respeto de los procesos memorialistas, en línea con los reiterados llamamientos de los organismos de derechos humanos, que instan a los Estados a hacer frente a las organizaciones que difunden discursos de incitación al odio y a la violencia en los espacios públicos». Nada se dice, en cambio, de las organizaciones de corte comunista. El Gobierno tendría que haber acometido esta reforma ya en octubre del año pasado, según lo dispuesto en la Ley de Memoria.

Esta nueva medida se suma a los avances en el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de  «extinguir» la Fundación Francisco Franco.

Como adelantó este periódico, el Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun, impulsa la creación de una «comisión liquidadora», un órgano previsto en la Ley de Memoria Democrática para proceder a la «extinción» de las fundaciones por parte del Gobierno a través de la vía judicial. La creación de este ente se hará a través de un real decreto.

La Ley de Memoria Democrática incorporó como causa de extinción que las fundaciones «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo» y «a estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

El procedimiento recae en el Protectorado de Fundaciones, del Ministerio de Cultura, que podrá «instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, (…) acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades».

La Fundación Franco modificó recientemente sus estatutos para incluir que actuará con el «máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo histórico de España entre 1931 y 1977», un matiz que, considera la organización, supone un «blindaje legal» frente a la ley.

Ante ello, el Gobierno ha constatado la imposibilidad de ilegalizar la fundación, uno de los objetivos de Pedro Sánchez con la Ley de Memoria. En su lugar, ha afirmado que procederá a «extinguirla».

Asociaciones «fascistas»

El Ejecutivo pone el foco no sólo en las asociaciones «franquistas». Recientemente, como publicó OKDIARIO, el Gobierno se abrió a regular por ley la ilegalización de las organizaciones «fascistas».

Así lo apuntó el Gobierno en una respuesta parlamentaria a ERC en el Congreso de los Diputados ante una pregunta del diputado Francesc Marc Álvaro Vida, que instó al Ejecutivo socialcomunista a aclarar «qué acciones piensa llevar a cabo el Gobierno español para evitar las actividades públicas de enaltecimiento del fascismo por parte de asociaciones y/o personas a título individual».

El Ejecutivo respondió que a diferencia de otros países de la Unión Europea, como es el caso de la República Federal de Alemania, «nuestra Constitución, como ha recordado el Tribunal Constitucional, no es militante, por lo que no existe una proscripción genérica de ninguna ideología». Sin embargo, dicho esto, instó a sus socios independentistas a que lleven al Congreso una reforma legal para ir más allá que la legislación vigente. 

«Se recuerda que la modificación de cualquier ley es función y potestad de las Cortes Generales y, más aún, siendo una ley reguladora de un derecho fundamental», firmaba el Ejecutivo en su respuesta.

En base a la respuesta parlamentaria que el Gobierno ha dado a ERC sobre este asunto, no es nada descartable que el espectro se amplíe a organizaciones que, a juicio del Ejecutivo, sean «fascistas». Los partidos del Gobierno PSOE-Sumar bien podrían impulsar una proposición de ley de los independentistas con esta reforma o aceptar alguna enmienda en esta línea a un proyecto de ley registrado por el propio Ejecutivo.