Ribera sólo permite limpiar el Poyo de vegetación bajo los puentes, el 5% de sus 11 km urbanos

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en manos de la vicepresidenta Teresa Ribera, controla la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y con ello, las condiciones que se imponen a los ayuntamientos que recorren el barranco del Poyo. Consistorios que ahora, tras las inundaciones por la DANA en Valencia, se proponen limpiar de vegetación y cañas los cauces para evitar que supongan un tapón ante una nueva riada, pero sólo reciben permiso para limpiar el reducido tramo que transcurre bajo los puentes. Más allá de eso, pueden ser multados con hasta 300.000 euros si lo hacen de forma unilateral. A Paiporta, zona cero de la tragedia, ya le pasó.

Los municipios valencianos por cuya demarcación geográfica transcurre el barranco del Poyo sólo pueden limpiar la vegetación que se acumula en el cauce bajo los puentes. Como mucho, un radio a la redonda de apenas 20 metros de cada pasarela. Ese el único supuesto en el que pueden actuar los ayuntamientos de la zona afectada por la DANA, a expensas de solicitar permisos que no llegan. Esa zona supone apenas 600 metros del total de algo más de 11 kilómetros de barranco que transcurre por zona urbana, la zona cero de la tragedia del pasado 29 de octubre.

Entre Torrente y el polígono industrial de Catarroja, el barranco del Poyo transita por una docena de municipios. Una zona de viviendas en la que residen decenas de miles de valencianos, los más afectados por el desbordamiento de este tramo urbano de algo más de 11 kilómetros de longitud, donde el cauce se estrecha significativamente. La limpieza de ese cauce para retirar vegetación, cañas y cualquier otro obstáculo que pueda interferir en el discurrir del agua cuando baja un torrente es labor de los ayuntamientos, pero no pueden hacerlo sin el permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

En todo ese tramo hay un total de 15 puentes y pasarelas. Un dato crucial en este asunto, ya que la normativa de la Confederación tan sólo otorga potestad de limpiar sin permisos la zona inmediata a estos puentes. Bajo ellos y a un radio de 20 metros. El resto, ni tocarlo sin permisos que no llegan y que, en ocasiones, hasta se deniegan.

En total, la suma de los 20 metros por cada uno de los puentes que hay en el trazado del Poyo alcanza los 600 metros, apenas un 5% del cauce del Poyo en ese tramo que fue donde se originó la tragedia.

Sanciones por limpiar

La Confederación Hidrográfica del Júcar defiende la presencia de cañas y vegetación en las ramblas y barrancos como método natural de frenar riadas. Una afirmación que contrasta con las imágenes vistas el 29 de octubre, de toneladas de cañas que no habían sido retiradas siendo arrastradas por la riada y provocando bloqueos en puentes. Ante ello, son ya varios los municipios -Elche, por ejemplo- que han decidido retirar de forma unilateral la vegetación de los márgenes de sus barrancos y vías fluviales. Denuncian que, en muchas ocasiones, la Confederación no responde a sus peticiones de permiso. Y al hacerlo unilateralmente, se exponen a multas administrativas de hasta 300.000 euros.

La DANA y la trágica inundación consiguiente han acelerado la limpieza de barrancos y ramblas en la Comunidad Valenciana. Pero no ha sido por parte de la Conferencia Hidrográfica, responsable de ello, sino por los municipios que no han sido afectados, pero han tomado buena nota de lo que puede ocurrir si sus vías fluviales no están correctamente mantenidas. Ayuntamientos como Alicante o Elche ya se han puesto manos a la obra. El ilicitano incluso sin esperar permisos «ante la infinidad de emails y llamadas al Ministerio y a la CHJ» que no han obtenido respuesta.

Estos y otros municipios que se están planteando hacerlo, según ha sabido OKDIARIO de fuentes autonómicas valencianas, han tomado la decisión, incluso sabiendo que la CHJ contempla multas elevadas para quienes realicen estas tareas sin su luz verde. Una autorización que se eterniza con trámites burocráticos, análisis y evaluaciones de carácter medioambiental sobre el impacto en flora y fauna de estas actuaciones. «Dejadez», dicen desde Elche.

Tal y como refleja la propia Confederación en la legislación que menciona en su web, serán consideradas infracciones administrativas leves y menos graves aquellas «acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público hidráulico, siempre que la valoración de aquellos no supere los 15.000.000 euros». De ahí para abajo, todas las sanciones dependen de la CHJ, a partir de ahí corresponden directamente al Consejo de Ministros.

El régimen sancionador va desde los 6.000 hasta los 300.000 euros, aunque algunos municipios ya están realizando las limpiezas pese a exponerse a estas multas.

Multa a Paiporta

La Confederación Hidrográfica del Júcar sancionó al Ayuntamiento de Paiporta en 2018 por un pequeño vertido en la rambla del Poyo, pero no hizo las obras necesarias para evitar la trágica inundación en esa localidad valenciana. Tal como ha podido saber OKDIARIO, el malestar en el Consistorio de esta población de 27.000 habitantes es total con esa confederación que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Lamentan que mientras la confederación no ejecutaba los contratos comprometidos para evitar los daños por las riadas, se dedicaban a perseguir un pequeño charco de vertidos no controlados.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que rescata este periódico, confirmó en 2020 una sanción de 3.000 euros impuesta por la Confederación Hidrográfica del Júcar al Ayuntamiento de Paiporta por vertidos de aguas residuales al cauce de la rambla del Poyo. Se rompió un colector municipal que no fue reparado de forma urgente y se generó un pequeño charco.

El letrado del ayuntamiento, Jorge Lorente Pinazo, trató de recurrir la sanción, pero fue inútil. La sentencia desestima el recurso presentado por el Consistorio paiportino contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de febrero de 2018. El tribunal considera que la sanción está plenamente justificada debido a la «manifiesta negligencia» del ayuntamiento en el mantenimiento de sus infraestructuras. Ahora, el Ayuntamiento tiene otras prioridades –como buscar a los desaparecidos y restaurar la normalidad– y no tiene recursos para perseguir precisamente la negligencia que supuso que la confederación no ejecutó las obras necesarias para evitar las inundaciones que se cobraron más de 200 vidas hace unos días.

El caso que supuso un dolor de cabeza para la Corporación local por la rotura de la tubería se remonta a 2012, cuando el Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos detectó varios puntos de vertido en el término municipal de Paiporta. Los inspectores constataron la fractura de un colector de la acometida municipal, a través del cual se podía observar el agua residual circulando por su interior. Esta situación provocaba que, durante los episodios de lluvia, las aguas residuales se vertieran directamente al cauce de la Rambla del Poyo.

Defensa de la vegetación

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán, aseguró en 2021 que «la vegetación es esencial para reducir el impacto de las inundaciones». No obstante, el pasado 29 de octubre, el barranco del Poyo, ubicado en la provincia de Valencia, se desbordó, arrastrando grandes cantidades de barro, cañas, restos de madera, maleza y otros desechos naturales. La Confederación del Júcar, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica liderado por Teresa Ribera, no informó a Emergencias de la Generalitat Valenciana sobre esta situación hasta las 18:43 horas y lo hizo únicamente a través de un correo electrónico.

Estas declaraciones de Polo Cebellán se recogieron en 2021 en una entrevista para la revista Camp Valencià, publicada por La Unió Llauradora i Ramadera, una entidad agraria de la Comunidad Valenciana. Durante la entrevista, se le preguntó: «¿Qué medidas lleva a cabo la Confederación para limpiar barrancos y márgenes de ríos, con el fin de prevenir inundaciones?».