La Confederación del Júcar multará con hasta 300.000 € a los pueblos que limpien sus cauces de vegetación

La Confederación Hidrográfica del Júcar defiende la presencia de cañas y vegetación en las ramblas y barrancos como método natural de frenar riadas. Una afirmación que contrasta con las imágenes vistas el 29 de octubre, de toneladas de cañas que no habían sido retiradas siendo arrastradas por la riada y provocando bloqueos en puentes. Ante ello, son ya varios los municipios -Elche, por ejemplo- que han decidido retirar de forma unilateral la vegetación de los márgenes de sus barrancos y vías fluviales. Denuncian que en muchas ocasiones, la Confederación no responde a sus peticiones de permiso. Y al hacerlo unilateralmente, se exponen a multas administrativas de hasta 300.000 euros.

La DANA y la trágica inundación consiguiente han acelerado la limpieza de barrancos y ramblas en la Comunidad Valenciana. Pero no ha sido por parte de la Conferencia Hidrográfica, responsable de ello, sino por los municipios que no han sido afectados pero han tomado buena nota de lo que puede ocurrir si sus vías fluviales no están correctamente mantenidas. Ayuntamientos como Alicante o Elche ya se han puesto manos a la obra. El ilicitano incluso sin esperar permisos «ante la infinidad de emails y llamadas al Ministerio y a la CHJ» que no han obtenido respuesta.

Estos y otros municipios que se están planteando hacerlo, según ha sabido OKDIARIO de fuentes autonómicas valencianas, han tomado la decisión incluso sabiendo que la CHJ contempla multas elevadas para quienes realicen estas tareas sin su luz verde. Una autorización que se eterniza con trámites burocráticos, análisis y evaluaciones de carácter medioambiental sobre el impacto en flora y fauna de estas actuaciones. «Dejadez», dicen desde Elche.

Tal y como refleja la propia Confederación en la legislación que menciona en su web, serán consideradas infracciones administrativas leves y menos graves aquellas «acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público hidráulico, siempre que la valoración de aquellos no supere los 15.000.000 euros». De ahí para abajo, todas las sanciones dependen de la CHJ, a partir de ahí corresponden directamente al Consejo de Ministros.

El régimen sancionador va desde los 6.000 hasta los 300.000 euros, aunque algunos municipios ya están realizando las limpiezas pese a exponerse a estas multas.

Defensa de la vegetación

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán, aseguró en 2021 que «la vegetación es esencial para reducir el impacto de las inundaciones». No obstante, el pasado 29 de octubre, el barranco del Poyo, ubicado en la provincia de Valencia, se desbordó, arrastrando grandes cantidades de barro, cañas, restos de madera, maleza y otros desechos naturales. La Confederación del Júcar, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica liderado por Teresa Ribera, no informó a Emergencias de la Generalitat Valenciana sobre esta situación hasta las 18:43 horas y lo hizo únicamente a través de un correo electrónico.

Estas declaraciones de Polo Cebellán se recogieron en 2021 en una entrevista para la revista Camp Valencià, publicada por La Unió Llauradora i Ramadera, una entidad agraria de la Comunidad Valenciana. Durante la entrevista, se le preguntó: «¿Qué medidas lleva a cabo la Confederación para limpiar barrancos y márgenes de ríos, con el fin de prevenir inundaciones?».

En respuesta, Polo Cebellán explicó: «La Confederación no realiza labores de limpieza en los cauces con el objetivo de evitar inundaciones. Nuestra postura siempre ha sido que la vegetación de ribera actúa como mitigadora de las crecidas a nivel de cuenca. Si eliminas la vegetación de un tramo, el agua fluirá más rápido y reducirá su calado, pero el problema se trasladará río abajo. Por eso, desde una perspectiva de gestión hidrográfica, la vegetación es clave para reducir los efectos de las avenidas», enfatizó.

Asimismo, el presidente de la CHJ aclaró: «Aunque no hacemos limpieza general de cauces, sí destinamos un presupuesto considerable al mantenimiento y conservación. Nos centramos en retirar obstrucciones formadas tras avenidas, por ejemplo. También quiero puntualizar que cuando eliminamos cañas de algunos ríos no lo hacemos para suprimir la vegetación, sino para restaurar las riberas. La caña es una especie invasora y, tras retirarla, replantamos especies autóctonas», indicó.

En los últimos años, el PP de la Diputación de Valencia, representado inicialmente por su portavoz y actual presidente de la institución, Vicente Mompó, ha solicitado repetidamente a la CHJ una «limpieza exhaustiva de los cauces y barrancos de la provincia de Valencia, especialmente en zonas propensas a inundarse, ante la previsión de fuertes lluvias».

Los populares han señalado que la falta de limpieza en estos espacios ha derivado, por ejemplo, en la llegada de toneladas de cañas a las playas valencianas en 2022. «La ausencia de limpieza en cauces y barrancos representa un grave problema para los ciudadanos, algo que trasladamos al presidente de la CHJ, Miguel Polo Cebellán», declaró Mompó en su momento.

Además, el PP presentó una moción en la Diputación de Valencia pidiendo la revisión de los protocolos para que los municipios pudieran obtener de forma más ágil las autorizaciones necesarias para limpiar y mantener los cauces urbanos.

En este contexto, el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis (PP), denunció que en agosto de 2023 solicitó a la Confederación Hidrográfica del Júcar la limpieza del cauce del río Magro, argumentando que estaba en un estado «lamentable» que ponía en riesgo la seguridad. Al no recibir respuesta, volvió a insistir en julio de 2024, pero tampoco obtuvo contestación del organismo encabezado por Miguel Polo Cebellán.