Revés judicial a la Generalitat por castigar a un mosso que cumplió con su deber el 1-O

Un juzgado de Gerona ha anulado la sanción de un mes de suspensión de funciones impuesta por la Generalitat a uno de sus agentes que denuncia el acoso reiterado de los mandos del Cuerpo y de la División de Asuntos Internos. El motivo del acoso, según la víctima, es por «haber retirado demasiadas urnas ilegales e identificar a mucha gente» durante el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.

La sanción que acaba de anular la justicia, en un nuevo revés judicial para la Generalitat, fue porque el mosso denunció la pérdida del DNI de su pareja y su hija. La Dirección de los Mossos d’Esquadra acusó al agente de una infracción disciplinaria con la excusa de que la denuncia de la pérdida del DNI era igual que abrir un atestado judicial relacionado con sus familiares. Le castigaron con un mes de suspensión por el que el agente perdió más de 3.000 euros de sueldo.

Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 dice que denunciar la pérdida del DNI no es un atestado, por lo que el mosso no cometió ninguna infracción. El juez tira de las orejas a la Generalitat, anula el castigo y condena a la Dirección General de la Policía de la Generalitat a pagar 1.000 euros de costas.

Por no ser independentista

El origen del castigo, según sus protagonistas, es claramente ideológico. El agente castigado es la pareja de la ex mossa Inma Alcolea, una policía objeto de una persecución sin tregua dentro y fuera del cuerpo policial por no plegarse a las directivas proindependentistas y denunciarlas ante la Justicia.

Su pareja lleva el mismo camino que la ex agente. El mosso castigado (la sanción ya ha sido anulada) había puesto el pasado mes de julio una denuncia por acoso contra el director de esta Policía autonómica y dos miembros de la División de Asuntos internos que le expedientaron.

En esa denuncia el mosso cuenta cómo, a raíz de conocer que su pareja era la «mosso constitucionalista» Inma Alcolea, empezó a sufrir presiones. Primero fue señalado tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, cuando su inspector jefe «me recrimina que yo haya retirado más urnas e identificado a más personas que todo el cuerpo de Mossos d’Esquadra».

Lo siguiente fue señalarle en las redes sociales. El mosso denunció ante sus superiores el acoso que estaba sufriendo personalmente en las redes sociales por el colectivo Mossos por la independencia, pero nadie hizo nada. Su jefe comenzó a decir que debía parar el comportamiento de su mujer «mossa constitucionalista» y luego comenzó el acoso a través de expedientes con argumentos falsos. Expedientes que fueron archivados cuando el mosso presentó grabaciones en las que se demostraba cómo las denuncias en su contra eran falsas y los jefes que le acusaron mentían.

El acoso sigue, la víctima no puede hablar, pero su mujer sí. Inma Alcolea ya no es parte del colectivo de los Mossos d’Esquadra, y tiene una sentencia firme que prueba el acoso y el hostigamiento que sufrió durante años. Según Alcolea, «esta gente juega con el dinero y el poder, frente a nosotros que no tenemos esos recursos para defendernos, a ellos no les cuesta su dinero, es el dinero de los ciudadanos. Estamos en una guerra de desgaste por el mero hecho de no ser independentistas».

Alcolea recuerda que hay muchos mossos en la misma situación, acosados por defender la ley, mientras los agentes que se declaran independentistas la incumplen con total impunidad: «La discriminación por la ideología es pública y notoria, la Generalitat actúa de forma diferente si eres un mosso independentista o constitucionalista».