'Operación Wamor'

La red yihadista desarticulada en Madrid solicitaba viviendas de protección pese a manejar millones

yihadistas
Algunos de los hermanos Kutayni solicitaron viviendas de protección oficial.
  • P.Barro y M.A. Ruiz Coll

El clan Kutayni, la presunta célula yihadista que fue encarcelada recientemente por financiar a Al Qaeda en Siria, llevaba más de una década solicitando viviendas de protección oficial en zonas privilegiadas de la Comunidad de Madrid. Y todo a pesar de que manejaban un conglomerado empresarial que generaba millones de euros de facturación. Uno de los detenidos lo solicitó menos de un mes antes de ser detenido.

Varios de los hermanos Kutayni, encarcelados desde el pasado mes de junio por su participación en una trama de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, llevaban años en la lista de solicitantes de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con opción a compra. Un programa social de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

El nombre de varios Kutayni figura en los documentos públicos de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación al menos desde el año 2016. Pero muchos llevaban bastante tiempo más solicitando el acceso a una vivienda oficial.

Este hecho puede comprobarse ateniéndose a las dos últimas cifras del código de registro asociado a la petición: Humam, el hermano que pasó diez años preso en una cárcel de siria acusado de terrorismo, se registró en el sistema y solicitó la ayuda por primera vez en 2005. El mismo año que Husam, considerado uno de los cabecillas. Ammar, cuyo nombre figura como administrador de gran parte del entramado empresarial que derivaba dinero a Siria, lo hizo en 2007.

En los documentos públicos figuran además algunas de las peticiones específicas que hacían los hermanos Kutayni en sus solicitudes. Mientras algunos elegían ‘indiferente’ en cuanto al municipio en que preferían obtener una vivienda, otros miembros del clan escogían algunos de los municipios de clase media-alta más privilegiados de la región.

En zonas privilegiadas

Es el caso por ejemplo de Humam. El hermano que estuvo preso en Siria desde 2008 volvió a España en 2018, y ese mismo año solicitó una vivienda poniendo como requisito que esta estuviese en Madrid capital, en Las Rozas o en Majadahonda. Estos dos últimos municipios figuran como el tercer y el quinto respectivamente con mayor renta per capita de toda España.

al qaeda
Tres de las peticiones de los hermanos Kutayni, correspondientes a 2016.

Las condiciones para acceder a este tipo de ayudas incluyen ciertas restricciones de edad y económicas. El solicitante debe tener menos de 35 años y tener unos ingresos familiares que no superen en 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es decir, cobrar aproximadamente menos de 3.000 euros mensuales brutos. No existe constancia de que hayan obtenido finalmente ninguna vivienda de protección.

Los hermanos Kutayni que solicitaban viviendas de protección dejaron de hacerlo una vez cumplieron los 35 años. Pero en todas las convocatorias a las que se presentaron lo hicieron cumpliendo los límites salariales establecidos, a pesar de que varios de ellos manejaban empresas que facturaban millones de euros. Las mismas firmas que utilizaban como pantalla para financiar presuntamente actividades terroristas de grupos vinculados a Al Qaeda.

Ingresos millonarios

Por ejemplo, en el entramado figuraba Emirtrucks Trading SL, una empresa  que declaró en 2017 ventas por valor de 1,5 millones de euros. Pese a ello cerró el ejercicio con tan sólo 8.864 euros de beneficio. Según la investigación policial, esta cifra de negocio estaba hinchada con facturas falsas y operaciones de compra venta de camiones simuladas, para enmascarar y blanquear el trasiego de dinero destinado a Al Qaeda. La empresa tenía en 2017 una plantilla de siete empleados.

Los hermanos Ammar y Husam Kutayni Asse, detenidos el martes, también constan como administradores de la sociedad Transitaria Ibertrans Service SL, dedicada al transporte de mercancías por carretera.

La empresa tenía su domicilio social en Valencia pero el pasado mes de noviembre trasladó su sede a la misma nave industrial de Fuente el Saz que fue registrada por la Policía durante la operación para detener a la trama. Esta empresa declaró en 2017 ventas por importe de 404.560 euros(tras facturar más de un millón de euros el año anterior) y cerró el ejercicio con unas pérdidas de 58.318 euros. Su plantilla era de tan sólo tres empleados.

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