El PSOE vuelve a copiar al PP: ahora propone desalojar a los okupas en un máximo de 48 horas

El PSOE vuelve a seguir la estela del PP, esta vez con respecto a la okupación. Hace un mes, el Partido Popular registró en el Congreso una Proposición de Ley contra la okupación por la que pedía agilizar los plazos para desalojar a los okupas en 24 horas. Ahora, los socialistas proponen una modificación legislativa para que los jueces puedan ejecutar estos desalojos en un plazo máximo de 48 horas, desde que lo pide el propietario o se recibe el atestado policial.

Así lo han registrado a través de una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por el que se introduce un nuevo artículo 544 que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esta medida ya la recogía el plan de antiokupación del PP en 2020, que hablaba de desalojos en 24 o 48 horas. Dos años después, el Grupo Socialista propone que «en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial».

En este sentido, cabe recordar que en octubre de 2020, el PSOE y sus socios de investidura rechazaron una proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos, respaldada por PP y Vox a través de una enmienda transaccional, que pedía al Ejecutivo socialcomunista agilizar los desalojos y endurecer las penas para los okupas.

PP, Vox y Ciudadanos instaban al Gobierno en primer lugar a diseñar mecanismos legislativos para que los casos de ocupación ilegítima o usurpación se pudieran resolver a través de un proceso sumario que permita recuperar la vivienda, el inmueble o el edificio «en menos de 12 horas». Asimismo, los firmantes de la transaccional apostaban por reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las demandas que buscaran el lanzamiento o desalojo se decidieran en un juicio verbal y que el tribunal acordara la «recuperación inmediata» del inmueble por parte del demandante, así como que los delitos de usurpación pudieran ser objeto de enjuiciamiento rápido.

Según recoge EFE, ahora el PSOE ha propuesto una modificación para que «el juez pueda acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial».  Todo ello, añade, «sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble».

El PSOE argumenta, además, que «los delitos de allanamiento de morada y de usurpación de bienes inmuebles son de naturaleza permanente y se mantienen hasta la ejecución de la sentencia condenatoria», con «los perjuicios para la víctima que no va poder disponer de la vivienda», teniendo que seguir «haciendo frente a ciertas cargas derivadas de la titularidad del bien y el progresivo deterioro del mismo» por el uso que le dan sus okupantes. Por ello, ven «necesario» acordar la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble cuando se aprecien «sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación» y se verifique la «existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor».

PP

El PSOE vuelve a copiar así las medidas de los populares, que a finales de agosto registraron en el Congreso una Proposición de Ley contra la okupación, en defensa de la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas en las comunidades de propietarios. Una normativa que contempla el desalojo inmediato de los okupas (en un plazo máximo de 24 horas) si se le requiere abandonar el inmueble.

Además, el Grupo Popular propuso reformar el Código Penal para castigar a las personas que, con violencia o intimidación okupen un inmueble, con penas de uno a tres años de prisión. El PP también contemplaba que fueran castigados con penas de prisión de tres meses los que promuevan la okupación.

Por otro lado, el Partido Popular también pidió modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación puedan resolverse mediante el procedimiento del juicio rápido.

Asimismo, planteó el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación.

La proposición planteaba también la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que, si el okupa desarrolla actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad de vecinos, el presidente, previa autorización de la Junta, pueda iniciar acciones legales contra él y el juez podrá ordenar el lanzamiento inmediato y condenar al okupa a pagar daños y perjuicios.

El Grupo Popular propone, además, la modificación de la Ley de Bases de
Régimen Local para que la okupación ilegal no pueda dar lugar a la inscripción de los okupas en el padrón municipal, ni obtener los beneficios que supone este trámite. Para ello, los ayuntamientos estarían obligados a dar de baja del padrón a los okupas, bien de oficio o cuando denuncie esta situación el propietario.

García-Page

Dentro del propio PSOE también recriminaron a Pedro Sánchez la permisividad que hay en la actualidad con los okupas. Hace tres semanas, el pasado 2 de septiembre, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió de que contra la ocupación ilegal no se puede actuar «como si no pasara nada» porque «hay alcaldes que se lo están tomando muy en serio, incluso recibiendo amenazas». «No se puede estar impasible», dijo al respecto.

No vamos a permanecer impasibles ante el problema de la #okupación ilegal de viviendas.
Estamos consiguiendo avances con el Gobierno que pronto verán la luz y nuevas iniciativas legales para abordar el problema. pic.twitter.com/1GI2y7ccnh

— Emiliano García-Page (@garciapage) September 2, 2022

El presidente regional señaló que ya hay varias iniciativas «en el horno» para acabar con la okupación y que faciliten la labor de los ayuntamientos. «No hay milagros, pero sí podemos saber que no se puede estar impasible», apuntó al respecto.

Por último, insinuó que desde el Gobierno de Pedro Sánchez no se hace lo suficiente para frenar este conflicto: «Son decisiones que pasan por Madrid. Si pasaran por el Gobierno de Castilla-La Mancha, hace ya mucho tiempo que a lo mejor estábamos hasta de oficio tapiando nosotros las viviendas que quedan desocupadas para que no pueda haber intrusiones ilegales».