El PSOE se sienta con Bildu: los de Otegi exigen que se amplíe la acusación de «torturas» contra la Policía

Pedro Sánchez buscará este martes el apoyo de Bildu para la investidura. El candidato no excluye a la formación de Arnaldo Otegi de su ronda de contactos con los grupos políticos y será Adriana Lastra la que tantee la predisposición de este partido. Bildu resulta ya un actor imprescindible para Sánchez, pues condiciona todo el Gobierno de María Chivite en Navarra, donde su voto es determinante para la acción parlamentaria. En los últimos días, los de Otegi han presionado al Ejecutivo navarro con la persecución a la Policía por presuntos abusos cometidos en la comunidad. Un asunto que la formación proetarra entiende prioritario.

La pasada semana, Bildu registró la petición de comparecencia de la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo (Geroa-Bai), además del director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza (PSN).

La intención es ‘retratar’ al PSOE ante su intención de extender la sospecha sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los presuntos abusos cometidos en Navarra. El objeto de la comparecencia es que ambos expongan el informe sobre la «tortura y malos tratos en Navarra durante el periodo 1960-1978», realizado en la pasada legislatura. Pero, además, presionan porque se elabore un segundo informe, que avale su tesis de la existencia de esas «torturas y malos tratos» desde entonces y hasta la actualidad.

El primer informe fue elaborado el año pasado por el Instituto Vasco de Criminología IVAC/KREI y recibió una subvención de 17.900 euros.

Ollo -entonces en el mismo cargo- defendió dicho estudio como «un primer paso en el acercamiento a la verdad» a la que, dijo, «nos instan las instituciones internacionales, la ética y la responsabilidad».

Equiparando a las víctimas de ETA y sus verdugos, Ollo consideró entonces, también en una comparecencia parlamentaria, que Navarra «ha sufrido durante demasiadas décadas distintas formas de violencia injusta y de vulneraciones de derechos humanos como consecuencia del terrorismo y de la violencia en contextos de motivación política».

«El compromiso es trabajar por la paz y convivencia desde la perspectiva de una gestión integral de la memoria que dé respuesta al derecho a todas las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA, las víctimas de la violencia desatada tras el golpe militar de 1936 y las víctimas de violencia de motivación política», defendió.

En septiembre de este año, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del PP, Ciudadanos y Vox contra la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, «de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos», que fue aprobada en el Parlamento navarro, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai, e I-E, la abstención del PSN y los votos en contra de UPN y PP.

La normativa permite que un comité político declare víctimas de abuso policial a quien lo solicite y sin que medie sentencia judicial, de modo que implícitamente se daría por culpable a una institución o uno de sus funcionarios, como criticaron las asociaciones policiales. La oposición denunció que la Ley equipara a víctimas con verdugos, blanquea a ETA y es una ofensa para las Fuerzas de Seguridad del Estado.