Parlamento vasco

PSOE y Podemos aprueban en País Vasco recurrir al TC el decreto contra la «república digital catalana»

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez e Idoia Media.

El PSOE, Podemos junto al PNV han aprobado en el Parlamento Vasco que el Gobierno autonómico presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto del Gobierno central que buscaba combatir la «república digital catalana».

En la una resolución consideran necesario registrar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de seguridad pública y administración digital. De esta forma, quieren activar un procedimiento de negociación para modificar esta normativa, cuya reforma ya estaba contemplada en el acuerdo de investidura entre el PSOE y el PNV.

Esta polémica se retrotrae al pasado 31 de diciembre, cuando el Gobierno del PSOE en funciones aprobó un Real Decreto Ley en materia de administración electrónica que, entre otros objetivos, tenía el fin de frenar los sistemas destinados a crear una «república digital catalana», tal y como argumentó el propio Pedro Sánchez.

Por su parte, el PP ha votado en contra y Bildu se ha abstenido. Todo ello en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, ya que el Pleno durante el mes de enero no celebra sesiones.

Los parlamentarios vascos han debatido este tema ha propuesta de Bildu. No obstante, la proposición de la izquierda abertzale ha sido rechazada. No ha contado con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Estos consideran que hay que «defender los derechos básicos» de los ciudadanos de País Vasco, que se ven «amenazados» por esta «mordaza digital», que refuerza los controles y obliga a que todos los servidores de las administraciones públicas estén localizados en la UE.

Comisión bilateral

Ahora, con el texto aprobado por socialistas, podemitas y jeltzales, se pretende poner en marcha el procedimiento contemplado en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para constituir una comisión bilateral de cooperación, con el fin de que ambas administraciones -la central y la autonómica- puedan solventar sus diferencias sobre la constitucionalidad de la norma, antes de que se active el recurso en el seno del TC.

Petición al Gobierno

Al margen de esta fórmula -que ya se ha empleado en numerosas ocasiones para resolver las discrepancias entre ambos gobiernos respecto a otras normativas-, el Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a negociar con los grupos del Congreso de los Diputados la reforma del decreto de seguridad digital, cuya modificación ya estaba contemplada en el punto 12 del pacto de investidura suscrito entre el PSOE y el PNV.

El objetivo de dicha reforma -según se recoge en la iniciativa aprobada este viernes- ha de ser la superación de las «discrepancias» surgidas en el debate en el Congreso sobre la convalidación del decreto, en el que solo el PP y Ciudadanos votaron a favor del texto.

En la enmienda aprobada por la Cámara autonómica se indica que los cambios en el decreto deben garantizar que ninguna actuación que pueda llevarse a cabo al amparo de esta norma «afecte a los derechos fundamentales» a la información y a la libertad de expresión, así como que toda actuación que se lleve a cabo esté bajo control judicial.

Además, se reclama que no se puedan intervenir redes y servicios de comunicación electrónicos si dicha intervención supone una «restricción» de los derechos y libertades públicas.

En el transcurso del debate, el parlamentario de Bildu Josu Estarrona ha denunciado que la aprobación de este decreto en plena campaña electoral, en un contexto de «hooliganismo facha», fue un «escándalo», que se enmarca en una deriva de «recentralización en involución democrática».

En todo caso, y pese a que su propuesta haya sido rechazada, se ha felicitado por el hecho de que el PSOE vasco haya «movido su posición» y reclame ahora que se interponga un recurso contra el decreto.

Desde las filas del PNV, Gorka Álvarez ha criticado que el decreto realiza una «invocación genérica» a conceptos como el de la seguridad pública para abrir la puesta a algunas actuaciones que «ponen en entredicho las libertades y derechos».

Además, tras recordar que la reforma del decreto es una de las medidas recogidas en el pacto de investidura con el PSOE, se ha dirigido a Pedro Sánchez para invitarle a que aproveche esta «oportunidad» para demostrar que «cumple la palabra dada» y que, como ha asegurado, esta va a ser «la legislatura del diálogo y el entendimiento».

«Precipitación»

El parlamentario de Podemos Yahcov Ruiz ha afirmado que el decreto fue aprobado por el Gobierno del PSOE en un contexto «complejo y de muchísimas presiones», y ha censurado que Sánchez actuó en aquella ocasión de forma «precipitada» y poco «reflexiva».

Sin embargo, ha mostrado su esperanza en que el «nuevo ciclo» que se abre con el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos permita abordar el desafío territorial «desde el diálogo y sin imposiciones».

Por parte del PSOE vasco, Alexia Castello ha asegurado que el respaldo de su grupo a una iniciativa que reclama un recurso contra el decreto no es un «rechazo» de los socialistas vascos a esta norma, sobre la que ha asegurado que es «necesaria».

PSOE y Podemos aprueban en País Vasco recurrir al TC el decreto contra la «república digital catalana»
Un momento de la sesión en el Parlamento Vasco (Foto: EFE).

Por el contrario, ha asegurado que con esta resolución se «ratifica» el decreto, y que la interposición de un recurso ante el TC es tan solo una fórmula para que, al amparo de la propia normativa que regula este tribunal, se pueda abrir una negociación para resolver las «dudas» que puedan existir sobre la posibilidad de que el decreto digital dé lugar a «actuaciones arbitrarias» de la Administración.

PP: «Norma necesaria»

A su vez, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha rechazado que el texto aprobado por el Gobierno del PSOE «invada» competencias o «vulnere» preceptos constitucionales. A su juicio, se trata de una norma «necesaria» para afrontar los retos del entorno digital.

De esa forma, ha denunciado las «predicciones apocalípticas» de Bildu, a la que ha acusado de «proyectar fantasmas» sobre unos riesgos que, según ha dicho, «no existen».

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