El PSC rechazó el plan para expulsar a inmigrantes reincidentes que ahora Sánchez compra a Puigdemont

El PSC rechazó el plan de Junts para expulsar a inmigrantes irregulares reincidentes de Cataluña que ahora el líder del PSOE y jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comprado al partido del prófugo Carles Puigdemont dentro del último acuerdo suscrito entre socialistas y separatistas en el Congreso de los Diputados.

Cargos del PSC con responsabilidades de Gobierno en ayuntamientos de Cataluña se opusieron el pasado diciembre a la propuesta que realizaron los alcaldes de Junts en el Maresme -avalada por la dirección de Puigdemont- de acometer una reforma legal para «luchar contra la multirreincidencia» de inmigrantes ilegales en delitos.

Desde el partido de Salvador Illa, compañero de filas de Sánchez, manifestaron que dicho plan de Junts supondría «criminalizar a un colectivo», en este caso, al de los inmigrantes extranjeros en situación irregular. Así se expresó, por ejemplo, la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Mataró, Núria Moreno, del PSC, quien abogó en su lugar por «poner el énfasis en la función policial, que se basa en detener a los delincuentes, ponerlos a disposición judicial y dejar que la justicia aplique las normas».

El secretario general de Junts, Jordi Turull, que mostró su apoyo a los alcaldes del Maresme en diciembre, sacó pechó este jueves en Catalunya Ràdio de haber arrancado al Gobierno de Sánchez el compromiso de traspaso de competencias en materia de inmigración: «Si se expulsa o no multirreincidentes debe poder decidirse desde Cataluña. Ningún alcalde está contento de tener gente que reincida 200 veces», afirmó Turull, condenado e indultado por el golpe del 1-O y negociador de Junts con el PSOE.

Uno de los alcaldes de Junts en el Maresme que abandera el plan para expulsar de Cataluña a inmigrantes irregulares multirreincidentes es el primer edil de Calella (Barcelona), Marc Buch, quien se expresó así en un acto público sobre esta propuesta: «Si no han venido a integrarse y a trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestra casa», declaró en una comparecencia rodeado de compañeros de partido.

En concreto, en el texto que Junts difundió de su pacto in extremis con el PSOE el miércoles, salvando así al Gobierno de la derogación de dos decretos-leyes, se dice que los de Puigdemont alcanzaron con los socialistas un «acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes». Entre las medidas, destacaron «la delegación de las competencias sobre inmigración en la Generalidad, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña».

«La delegación de esta competencia irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña realizar una política integral, para que sea el Gobierno y el Parlamento de Cataluña quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades ya la realidad de nuestro país», recoge el texto de Junts.

Precisamente, los de Puigdemont llevaron también el traspaso de competencias en inmigración en una iniciativa al Parlament el pasado septiembre, pero esta fue rechazada por la Cámara, con el voto en contra del PSC. Los neoconvergentes instaron al Gobierno a la transferencia de estas competencias y de los medios suficientes para «gestionar eficazmente el auge de inmigración y garantizar la mejor integración posible de todas las personas ante el reto demográfico» actual.

«Capitulación constitucional»

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió este jueves de que la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña por parte del Gobierno central, de producirse, comprometería la unidad y la seguridad nacional. A juicio del jefe de la oposición, el acuerdo suscrito por Sánchez al respecto supone una «capitulación constitucional». «¿Habrá 17 sistemas distintos de inmigración en España?», se preguntó Feijóo.

Junto a ello, también alertó de que tal concesión convertiría a los Mossos d’Esquadra en una policía nacional e implicará la desaparición de comisarías y centros de Policía Nacional que quedan en Cataluña. «Una decisión impropia de un país europeo, que atribuye estas competencias a los Estados miembros», remarcó Feijóo, abriendo la puerta a llevar este asunto a los tribunales.