El PP ha tenido que llegar a invocar al Tribunal Constitucional para conseguir que tres cargos clave del área de Sanidad -responsables de buena parte de los preparativos para el coronavirus- comparezcan ante el Congreso de los Diputados. Tras mil esquinazos, los tres cargos comparecen la semana próxima. Y todo ello, mientras el Gobierno alardea de transparencia en la gestión del virus.
“Dña. Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, de acuerdo con el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, solicita el amparo de la Mesa de la Cámara en relación con los siguientes hechos”. Así comienza el escrito a la Mesa que ha tenido que remitir el PP para que el toreo del Gobierno del PSOE finalizara. Eso sí, parcialmente. Porque la petición era de cuatro cargos, y uno de ellos, tiene motivos de salud para no acudir.
El 30 de junio de 2020, a las 11 h. estaba convocada la Comisión de Sanidad y Consumo con el siguiente orden del día para las comparecencias:
11:00 h. Secretario General de Sanidad.
12:00 h. Directora General de Salud Pública.
13:00 h. Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
14:00 h. Directora General del Centro Nacional de Edipemiología”.
Pese a ello, no hubo manera de que los cargos pasaran el control del Congreso de los Diputados: “Las convocatorias a estas autoridades para comparecer en la Comisión, se habían efectuado el pasado 15 de junio, recibiéndose al día siguiente contestación vía email de una asesora del Gabinete del Ministro de Sanidad trasladando la imposibilidad de todas esas autoridades para asistir al Congreso “por razones de agenda relacionadas con el ejercicio de sus funciones en la gestión de la pandemia por COVID19”.
No fue el único esquinazo: “Con posterioridad, y esta vez sí por conducto del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, se comunicó formalmente a la Cámara con fecha 26 de junio la incomparecencia de las cuatro autoridades convocadas por motivos tan peregrinos como que “el Secretario General de Sanidad se encuentra convaleciente de una intervención quirúrgica y los otros tres altos cargos no tienen disponibilidad en la fecha señalada por razones de agenda relacionadas con el ejercicio de sus funciones en la gestión de la pandemia por COVID19”.
El PP señala que “estos hechos constituyen un auténtico escándalo democrático y un nuevo acto de desprecio al Parlamento por parte de este Gobierno, acomodado en las formas autoritarias y reacio a someterse al control político de su gestión por parte del Poder Legislativo”.
Y añaden que “es inaudito en cualquier sistema democrático equiparable al nuestro, que los máximos responsables de la gestión de la pandemia se nieguen a rendir cuentas ante los legítimos representantes de la soberanía nacional”.
El PP ha vuelto a la carga ante la mesa recordando que “en concreto, es imprescindible que tanto la Directora General de Salud Pública, que apenas cuatro días antes del 8 de marzo ya valoraba la cancelación de eventos masivos y alertaba de las consecuencias que podría tener el coronavirus en España, como la Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Directora General del Centro Nacional de Edipemiología, personas que han sido claves en la toma de decisiones anteriores y posteriores a la crisis sanitaria, rindan cuentas ante los representantes de los ciudadanos siendo de todo punto inaceptable que aleguen motivos de agenda para no acudir, motivos que, evidentemente no son creíbles”.
Meses sin comparecer
El PP subraya que “hace meses que esas comparecencias han sido solicitadas y desde entonces los Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno, el Grupo Socialista y el Grupo Podemos, han practicado sistemáticamente el bloqueo de estas iniciativas tanto en la Mesa como en la propia Comisión, obedeciendo, sin duda, a la táctica de ocultación de información y eludir responsabilidades políticas dictadas desde Moncloa, de quienes son meras correas de transmisión de instrucciones políticas”.
Los plantones y esquinazos demuestran, efectivamente, que al Gobierno “no le interesa que estas personas puedan ofrecer una información que no puedan controlar políticamente porque se salgan de su táctica de ocultación, de ruedas de prensa con preguntas previamente filtradas y ocultación de información llevada a cabo durante toda la gestión de la crisis y con ese fin último, intereses meramente políticos, no les importa vulnerar los derechos constitucionales de los Diputados y el propio sistema de contrapeso democrático entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que exigimos en uso de nuestros derechos como representantes de los ciudadanos, que se inste a estos cuatro altos cargos a cumplir con su obligación y rendir cuentas de sus actos en el Parlamento”, destaca el escrito de Cayetana Álvarez de Toledo.
El escrito de la portavoz a la Mesa ha tenido que recordar que “el derecho a pedir las comparecencias de miembros del Gobierno y otras autoridades, figura entre las facultades que integran el ius in officium o estatuto jurídico de los parlamentarios protegido por el artículo 23.2 de la Constitución. La función de control al Gobierno que corresponde a los Diputados constituye el núcleo esencial de su condición de representantes de la soberanía nacional sin que quepa obstaculizar su ejercicio, tal y como establece el Tribunal Constitucional. Según su jurisprudencia, cuando indebidamente se les impida ejercer su mandato de representación, como ocurre en el presente caso de inasistencia a la convocatoria de una Comisión Parlamentaria, “la quiebra de legalidad parlamentaria conlleva una consecuente vulneración del derecho fundamental que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución” ya que se imposibilita el adecuado ejercicio del derecho de participación política de los ciudadanos a través de sus representantes libremente elegidos”. Es decir, el PP ha tenido que recordar la posibilidad de acudir al Constitucional para que tres cargos acudan a rendir cuentas al Parlamento.
Así, comparecerá la número 3 de Salvador Illa y directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que no descartó la cancelación de eventos masivos apenas 4 días antes del 8-M –como publicó OKDIARIO–. No irá el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco. Y sí estará la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, y Marina Pollán, la directora del Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII.
