El PP tendrá que reformar la Constitución para cumplir la exigencia de C’s de eliminar aforamientos

Cuando se abrió el debate de reformar la Constitución, muchos populares contemplaron con miedo la escena. Ello suponía el libre albedrío de los partidos si no se hacía de manera controlada. No querían ni oír esos planteamientos. Ese cambio llegó cuando el resto de formaciones en el Congreso animó a hacer cambios «razonables» como la reforma de la Ley electoral o los aforamientos. «Sí, pero controlado», era el mensaje que daban tímidamente los populares o una «modificación modulada», como así la llamaban. La medida se contempla en el documento de 125 puntos que los populares remitieron a Sánchez y a Rivera a principios de la pasada legislatura y la terminaron incluyendo en su programa electoral.

Incluso, registraron una ponencia de estudio para esa reforma de la Carta Magna en el Senado, que más tarde rechazaron los socialistas como bien recuerdan algunos diputados populares. Por su parte, Ciudadanos siempre ha enarbolado la bandera de la supresión de los aforamientos para cargos públicos. Ahora, las condiciones que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, impone al PP contemplan abrir ese ‘melón’ y la respuesta desde Génova es favorable: «Sí, siempre que se precise primero qué es lo que se quiere modificar y cómo hacerlo».

Ciudadanos propone como segundo punto, entre sus exigencias presentadas la semana pasada, la eliminación de los aforamientos de los políticos, bajo la premisa de que “todos somos iguales ante la ley”. Desde el Gobierno matizan que cumplir con esta premisa exige una reforma de la Constitución, pero además una amplia mayoría del resto de formaciones. Algo por lo que apuestan los populares si se dejan, previamente, los puntos concretos a tratar. En este caso, Rajoy ve con buenos ojos la medida y estaría dispuesto a meterse de lleno en aplicar dicha reforma. Sin embargo, el plazo de tres meses como quiere Ciudadanos sería impensable. Una reforma de la Carta Magna requiere más tiempo, señalan juristas expertos.

Un primer paso contemplado por los populares para avanzar sobre este aspecto es que el Congreso podría aprobar su modificación en la Carta Magna conforme a los procedimientos establecidos. De este modo, los diputados nacionales dejarían de estar aforados. Sin embargo, los aforamientos de carácter autonómico dependen exclusivamente de los estatutos de cada comunidad. De manera que el diputado autonómico seguiría aforado.

Gallardón y Catalá, a favor de eliminarlos

El exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón abrió la veda cuando estaba al frente del Ministerio en 2014 asegurando España pasaría de los 17.621 aforados en ese año a sólo 22. Gallardón explicó que no había que considerar «privilegio» el derecho a ser juzgado por un tribunal distinto a uno ordinario. Pero no se llegó a aplicar. Más tarde indicó que sería partidario de mantenerlo para los titulares de los poderes del Estado y presidentes autonómicos. Su sucesor al frente de la cartera de Justicia, Rafael Catalá, también fue partidario de reducirlos tras considerar que en el resto de países el número de aforados no era tan alto.

De hecho, los populares defendieron esta premisa ya en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas. «Es imprescindible avanzar en la eliminación de privilegios que resultan totalmente injustificados en un Estado de Derecho en el que cualquier tribunal, de cualquier nivel y orden jurisdiccional, está perfectamente capacitado para administrar Justicia», señaló en la campaña la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La medida le pareció «sensata» al portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, quien dejó libre albedrío a los parlamentos autonómicos para tomar la decisión que correspondiera a sus parlamentarios. Gracias a esto, el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla cogió ‘el toro por los cuernos’ y anunció que pondría esta medida a sus diputados regionales pidiendo la reforma del Estatuto de Andalucía. La propuesta de quitar el aforamiento a los diputados andaluces fue rechazada en varios parlamentos como el madrileño o el aragonés.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que sería una de las medidas ‘estrella’ de regeneración de los populares. De hecho, este miércoles 17 se volverá a discutir en Génova. Esta vez con una postura favorable a abrir el ‘melón’ de la reforma de la Carta Magna y precisarán que tendrá que haber una amplia mayoría y una postura en común sobre los puntos a modificar. Algo que puede durar más tiempo del que pide Ciudadanos.