El PP lleva al Congreso la lucha contra la «inquiokupación» y pide al Gobierno «defender al propietario»

El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para luchar contra la «inquiokupación» y pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que, en lugar de proteger a los okupas, adopte medidas dirigidas a «defender a los legítimos propietarios».

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha registrado una proposición no de ley en este sentido, con el objetivo de atajar el nuevo fenómeno de la «inquiokupación». Así se refiere el PP a aquellas situaciones en las que hay personas que «buscan okupar una vivienda a través de un contrato de alquiler que dejan de cumplir».

Y es que estos inquiokupas se están beneficiando, denuncia el PP, de la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en casos de viviendas ocupadas sin título habilitante.

El Grupo Popular, con el portavoz Miguel Tellado al frente, sostiene que esta medida, adoptada con carácter «extraordinario» en la pandemia, pero prorrogada ya en varias ocasiones (sigue vigente al menos hasta el 31 de diciembre de 2024), «traslada la responsabilidad de protección social por parte del Gobierno a los propietarios, carga la obligación pública del Ejecutivo con los vulnerables al particular, permite los supuestos de okupación» y suspende también «el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello». Para el PP, el Gobierno de Sánchez, que pactó la última de estas prórrogas con Bildu, está «amparando una actividad delictiva» a este respecto.

Asimismo, en la exposición de motivos de su proposición no de ley, el Grupo Popular subraya que el fenómeno de la «inquiokupación» está provocando una reducción de la oferta de viviendas y una exigencia de mayores garantías para los inquilinos, «consecuencias derivadas de la inseguridad jurídica que sufren los propietarios», en tanto «pueden verse imposibilitados de recuperar su vivienda porque las medidas del Gobierno protegen más al okupa que al propietario», sostienen los populares.

Junto a ello, el PP recuerda además que el 95% de los arrendadores son pequeños propietarios, que «cada vez ven menos incentivos para alquilar su vivienda por todos los riesgos a los que se exponen» con este Ejecutivo socialcomunista.

En la parte dispositiva de la PNL, el PP plantea que el Congreso inste al Gobierno a «defender a los legítimos propietarios»; «cumplir con sus obligaciones y promover la provisión de vivienda social para las familias vulnerables»; «dejar sin efecto la vigente suspensión de desahucios y lanzamientos»; «proteger la convivencia vecinal pacífica y respetuosa», y «luchar contra las mafias de la okupación ilegal».

En lo relativo a derogar la suspensión de desahucios y lanzamientos, los populares recalcan que el Gobierno debe al mismo tiempo «garantizar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad de la administración pública a los propietarios particulares».

El PP espera sacar adelante esta proposición no de ley en el Congreso, después de que el Senado haya tomado en consideración su ley antiokupación hace sólo unas semanas. Si bien el partido de Feijóo goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta, por lo que no tuvo problema en dicha votación, fue significativo que Junts y el PNV se abstuvieron. Si ambos grupos lo hacen también en el Congreso respecto a la PNL de la «inquiokupación», ésta saldría aprobada.

Desalojo en 24 horas

Por su parte, la ley antiokupación propuesta por el PP sigue ahora su tramitación en el Senado. Según el texto de la misma, los populares quieren que la Administración obligue al desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad, y si no se hace voluntariamente, que transcurridas 24 horas se pueda efectuar el desalojo de forma forzosa.

Además, la proposición de ley orgánica contempla impedir «que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada» e incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por este asunto. Del mismo modo, incluye una modificación del artículo 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación como delito junto con la provocación, la conspiración y la proposición para delinquir.

El texto resalta que la ocupación ilegal de viviendas no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.

«Las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social nada tienen que ver con la okupación ilegal que aquí regulamos. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, sin que el Estado pueda trasladar a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos», remachan los populares.