Policías avisan a Montero: «Una pulsera no protege a todas las mujeres de un excarcelado reincidente»

La improvisada medida del Ministerio de Igualdad ante el incesante goteo de excarcelaciones por la Ley del sólo sí es sí -poner pulseras telemáticas a disposición de las víctimas que lo soliciten- tiene muchas aristas. Lo confirman las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aunque remarcan que estos dispositivos pueden ser una «ayuda», insisten también en que no son la «solución» y que tienen «sus pros y sus contras». Entre ellos, que sólo se protegerá a la víctima del delito por el que el excarcelado fue condenado, pero no al resto de mujeres, potenciales nuevas víctimas una vez fuera de prisión. La tasa de reincidencia de los delincuentes sexuales se estima en un 22,2%, según un reciente informe elaborado por Instituciones Penitenciarias.

Según ese análisis, 22 de cada 100 condenados por delitos contra la libertad sexual volverán a incurrir en el mismo tipo delictivo cuando salgan de la cárcel. Esa tasa de reincidencia es superior, por ejemplo, a la de los delitos contra el patrimonio, el orden público o lesiones.

«Una pulsera no protege a todas las mujeres de un excarcelado reincidente», señalan fuentes policiales. «Una pulsera está pensada para la violencia de género», señala Pablo Pérez, portavoz de Jupol. En ese tipo de violencias, víctima y agresor mantienen una relación muy diferente, en la mayoría de los casos, a los de agresión sexual. Con el uso de estos dispositivos telemáticos «se protegerá a la anterior víctima, pero eso no implica que se vaya a proteger a todas las mujeres».

Los policías advierten de otros riesgos. Como las artimañas de los agresores excarcelados para hacer daño a sus víctimas. «Cuando un agresor quiere realmente hacer daño, ya no físico sino psicológico, puede incumplir la distancia a ciertas horas de la noche para que a la mujer le salte la alerta y, de esta forma, se rompe su descanso. De esta forma, se le genera a la víctima una enorme preocupación», añade Pérez.

La aplicación de la Ley del sólo sí es sí ha provocado ya más de 200 rebajas de condenas a agresores sexuales. 20 de ellos han sido excarcelados. El Gobierno había sido advertido del previsible efecto de la bajada de penas, pero aún así acabó aprobando la norma impulsada por Igualdad. Aún conocidas sus consecuencias, el Ejecutivo rechaza modificarla. Una reforma no evitaría que los ahora condenados se beneficien de la ley, pero sí que a los nuevos agresores se les imponga una pena más baja que con el anterior Código Penal. «Es la única solución», señalan los policías, que reclaman también más recursos para combatir las violencias contra la mujer.

Ante la cascada de revisiones, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, remitió a principios de diciembre una instrucción para atender en 24 horas a las mujeres que pidan dispositivos telemáticos de control de sus agresores cuando estos vean rebajada su pena de prisión. Así lo anunció Rosell esta semana, en la presentación de la Estrategia estatal para combatir las violencias machistas. Esa orden se ha remitido al centro encargado de gestionar las alertas, a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Estos dispositivos están inicialmente contemplados para las mujeres víctimas de la violencia de género, aunque Igualdad pretende extenderlos a casos de agresiones sexuales. Aprobados con orden judicial, permiten verificar el correcto cumplimiento por los inculpados de la prohibición de aproximación a una víctima. Suelen ser pulseras de pequeñas dimensiones y ligeras en el caso de los hombres y del tipo de un teléfono móvil, para las mujeres. Un centro de control especializado (COMETA), atendido por personas especializadas 24 horas al día, atiende las alertas producidas por el sistema y se comunica con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de ser necesario.

Riesgo

Con esa medida, Igualdad admite de forma implícita el riesgo que supone su Ley del sólo sí es sí para decenas de mujeres cuyos agresores ven acortada su pena o, directamente, quedan en libertad.

De hecho, como ha avanzado OKDIARIO, el Ministerio del Interior ya ha tenido que poner protección policial a una mujer amenazada de muerte por su agresor, en libertad por la rebaja de su condena. La víctima ha tenido que huir de su localidad al recibir mensajes de su ex pareja, que la ha amenazado con «serrarle el cuello».

Tanto Irene Montero como otros cargos de Igualdad se resisten, no obstante, a reconocer el fracaso de su norma estrella.

La semana pasada, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, generó una honda polémica al referirse, entre risas, a los agresores excarcelados. «De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega ¡los violadores a la calle! ¡Miles, oleadas!», expuso esta alto cargo en un foro organizado por Podemos, como reveló OKDIARIO.

Esas declaraciones provocaron una cascada de reacciones, con peticiones de rectificación por parte del Partido Socialista y de dimisión desde el Partido Popular. Ella se ha defendido hablando de «manipulación» a pesar de que las imágenes son concluyentes.