Policía y Guardia Civil se unen por primera vez contra el ataque de Sánchez y su «España insegura»

La Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales se han cansado de los ataques de Fernando Grande-Marlaska y las humillaciones de Pedro Sánchez. La gota que ha colmado el vaso ha sido la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Un golpe directo a la seguridad de los agentes que ha producido ya un hecho histórico: la unión de diez organizaciones policiales de todos los cuerpos para defenderse desde una única plataforma de la reforma legal que han exigido Bildu, ERC, Podemos e impulsado el propio PSOE. La unión, de la que hoy muestra OKDIARIO sus documentos fundacionales, ha sido bautizada con un nombre muy descriptivo: “No a la España Insegura”.

El acto fundacional de esta gran unión de asociaciones de policía y Guardia Civil se produjo el pasado lunes. El nombre: “No a la España insegura”. El objetivo: canalizar el rechazo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la mal llamada por la izquierda ley mordaza, una reforma que pretende dejar sin protección a los agentes ante infinidad de situaciones frente a los delincuentes.

La plataforma plantea, directamente, un calendario unificado de movilizaciones que incluye la protesta del 24 de noviembre frente a las delegaciones del Gobierno y la del 27 de noviembre en Madrid convocada por Jusapol.

Las diez organizaciones que suscriben esta plataforma son SUP, SPP y UFP, por parte de la Policía Nacional; AUGC, AEGC, APC, ASES-GC, UO e IGC, asociaciones de la Guardia Civil; y también PLA, el sindicato de Policía Local Asociada. La idea expresamente destacada por la unión es sumar a otras organizaciones, incluyendo a cuerpos autonómicos, en una «unidad de acción real para frenar la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana», ya que comparte la «oposición frontal» a las enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

En paralelo a este comunicado, la plataforma Jusapol, embrión de JUPOL y JUCIL -organizaciones mayoritarias en Policía Nacional y Guardia Civil-, ha señalado ya que «la única sigla que tiene cabida en la lucha» contra la reforma planteada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos «es la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», un mensaje que coincide con el objetivo de la plataforma. De hecho, tanto la plataforma como Jusapol, coincidirán en las movilizaciones contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Jusapol ha llamado igualmente al resto de sindicatos a consensuar un comunicado y ha invitado a sus seguidores a respaldar el calendario de movilizaciones lanzado por iniciativa del SUP y AUGC, las organizaciones mayoritarias hasta el nacimiento de la plataforma Jusapol, caracterizada por sus protestas en defensa de una «equiparación salarial real».
 El análisis de la reforma legal, de hecho, es compartido por todas las asociaciones. Y calificado, abiertamente, de ataque a la seguridad de los agentes y de los propios ciudadanos, que se pueden ver sin la protección efectiva de los cuerpos policiales.

Dar primacía al delincuente

“No es necesario recordar que todas las actuaciones policiales están sujetas tanto al control interno, como al control de jueces y tribunales a los que los ciudadanos pueden acudir cuando estimen que sus derechos no han sido respetados o han sido conculcados, así como el derecho que tienen a recurrir las sanciones ante los órganos con capacidad para imponer las sanciones, como ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo” señalan desde UFP.

Y todos los sindicatos destacan que, partiendo de ese control, es mentira que la reforma legal abordada en estos momentos pretenda devolver ningún derecho, como afirma el Gobierno. Pretende, todo lo contrario, invertir una situación de primaria de la ley para dar primacía al delincuente.

Así, la reforma legal pretende introducir una modificación mediante la cual: “Las manifestaciones de carácter espontáneo no tendrán que ser comunicadas previamente”. Hasta ahora, toda concentración o manifestación cuenta con el requisito de la comunicación previa, incluso aquellas que tienen un carácter de urgencia, que ven reducido considerablemente el plazo de comunicación a 24 horas.

Así, en todas aquellas manifestaciones de carácter violento en las cuales resulta conveniente para los delincuentes que no figuren solicitantes de la misma, se podrán llevar a cabo, produciendo graves incidentes sin que existan responsables y, además, al no haber sido comunicada, no habrá posibilidad de una reacción inmediata, bien sea impidiéndola, bien sea protegiendo posibles destrozos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Atestados policiales sin presunción de veracidad

Además, la reforma pretende modificar la situación actual y lograr que los atestados policiales pierdan su presunción de veracidad. Es decir, si la Policía sanciona a un ciudadano por cualquiera de las faltas previstas en la ley (consumir alcohol o drogas en la vía pública, portar armas prohibidas, etc.) la denuncia policial se pondrá en cuestión y decaerá en ausencia de más pruebas.

Literalmente, es como si las denuncias por infracciones de tráfico no gozaran de esa presunción de veracidad. Hoy en día, nadie pone en cuestión que cuando un agente sanciona por saltarse un semáforo en rojo es porque ha sido así, con independencia de que, en ambos casos, existe el recurso administrativo y judicial. Pero para los ataques callejeros y otros delitos esta presunción de veracidad desaparece en la nueva ley.

La norma igualmente exige que las personas trasladadas a dependencias policiales a efectos de identificación sean devueltas al lugar en el que se inició la intervención. Y que se tenga que hacer todo el proceso de identificación en menos de dos horas -hasta ahora eran seis horas-. Esto plantea serios problemas, el primero es el de poner, una vez más, a la Policía al servicio de quienes no cumplen las normas a las que están obligados.

Además, implicará la imposibilidad real de cumplir con los plazos y una merma considerable de efectivos policiales en la calle que va a resultar determinante en la prestación de los servicios policiales al conjunto de los ciudadanos. 
La reforma, sólo por citar algunos ejemplos más, permite grabar a los agentes y divulgar sus imágenes por redes para identificarlos, lo que ya ha acarreado coacciones a los policías y sus familias; y reduce el material antidisturbios en los ataques callejeros.