La Policía detiene al presidente y al CEO de la aerolínea Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este jueves a Julio Martínez, dueño de Plus Ultra, y a Roberto Roselli, CEO de la compañía, en una operación que comenzó horas atrás con el registro de la sede principal de la aerolínea –en Madrid–, a la que se relaciona con un presunto delito de blanqueo de capitales.

Por el momento, no han trascendido más detalles de una operación cuyas diligencias permanecen bajo secreto. Por parte de Plus Ultra, los responsables legales no han ofrecido una versión oficial.

Aunque coincidente en el tiempo, se trata de una investigación diferente de la que se dirige contra la ex militante y fontanera socialista Leire Díez, que fue detenida ayer junto al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero. A estas detenciones se suma la de este jueves del empresario Antxon Alonso, copropietario de Servinabar 2000 SL y socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante sospechas de irregularidades en contratos públicos.

La investigación de Plus Ultra se produce por presunto blanqueo de capitales y a cargo está la UDEF de la Policía Nacional. La compañía fue rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, en 2021, con 53 millones de euros. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid inició una investigación al respecto, que fue archivada por un error en la prórroga de las pesquisas.

El Juzgado nº 15 de Madrid también está a cargo de la investigación que ha derivado en la detención del presidente y el CEO de Plus Ultra. La misma se encuentra, por el momento, bajo secreto de sumario.

Sobre el archivo de la causa en relación al rescate de Plus Ultra por la SEPI, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en 2023, tomó esta decisión y la juez Esperanza Collazos señaló en auto que el rescate fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados «carecían de capacidad de decisión», después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se había «agotado el plazo de 12 meses previsto» para el desarrollo de las pesquisas.

«Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros, que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra», explicó la magistrada en su resolución.