La Policía detecta nuevas rutas de entrada de los inmigrantes mientras el Gobierno impulsa la regularización

A punto de iniciarse el proceso de regularización de inmigrantes, las organizaciones policiales advierten de la falta de control y los riesgos para la seguridad. La medida se produce, además, en un contexto de creciente presión migratoria en los últimos meses, señalan por ejemplo desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), con nuevas rutas detectadas y un aumento de entradas por vías como la aérea o marítima.

Todo ello supone una mayor carga operativa sobre la Policía Nacional en el control, la identificación y la gestión de expedientes, y junto al proceso de regularización podría conducir a una mayor saturación del sistema, con los riesgos que ello supone para la seguridad pública.

Ceuta, principal punto de entrada

La situación es especialmente preocupante en Ceuta, donde las entradas a estas alturas del año superan ampliamente las de 2025, mientras se reducen las llegadas por vía marítima a las islas Canarias. La ciudad autónoma es ahora el principal punto de acceso de los inmigrantes irregulares.

En lo que va de año, según el balance de inmigración del Ministerio del Interior, 1.604 personas han accedido a Ceuta por vía terrestre, seis veces más que el año pasado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado observan desde hace meses un cambio de tendencia en los flujos migratorios.

Todo ello, mientras el Gobierno está a punto de arrancar el proceso de regularización, con las advertencias de la propia Policía sobre sus riesgos.

Riesgos

Uno de los puntos más controvertidos es el de los antecedentes penales. Los inmigrantes que quieran acogerse a la regularización deberán carecer de ellos, pero podrán acreditarlo mediante una simple declaración responsable. Los sindicatos policiales avisan que puede haber personas investigadas pero que no han sido condenadas y, por tanto, no han generado antecedentes. También advierten de la dificultad de comprobar la veracidad de esa declaración responsable, pues el acceso a la información penal en los países de origen es limitado o inexistente.

El texto del real decreto establece que si la persona extranjera «acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente».

Si transcurrido de nuevo un mes el Ejecutivo no recibe dicha información, «la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá, a los efectos de esta disposición transitoria, que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países». El Gobierno dará por buena la declaración.