La Policía busca al ‘unabomber’ español: de 40 a 50 años, solitario y con un nivel cultural medio alto

La Policía Científica analiza varias cartas amenazantes recibidas en el complejo presidencial del Palacio de La Moncloa desde febrero de 2022 cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania y el Gobierno español, al igual que sus socios europeos, se puso a favor de la postura ucraniana y en contra del régimen de Putin y que no han dejado de llegar en los últimos diez meses. Algunas de estas cartas están manuscritas y firmadas, por eso ahora los grafólogos de Policía Científica comparan estas letras con las conservadas en el remite de dos de las seis cartas incendiarias con pólvora que no llegaron a ser explotadas por los artificieros (Tedax) y fueron recibidas en diversos organismos, como la embajada de Ucrania en Madrid, el Ministerio de Defensa y el propio complejo de Moncloa desde el pasado 30 de noviembre.

El perfil del autor de estas misivas, cuya capacidad de hacer daño era limitada, respondería según las pesquisas policiales, a una persona entre 40 y 50 años, solitario, residente en Valladolid, León o Galicia, con un nivel cultural medio alto (por la cuidada grafía de los anónimos conservados) y que sabría manejar pólvora y tendría acceso a ella, ya que el material encontrado se habría confeccionado con pólvora de cartuchos de caza. Por estos motivos la prensa lo ha bautizado como el unabomber español, en referencia a Theodore John Kaczynski, terrorista norteamericano que envió cartas bomba en Estados Unidos entre 1978 y 1995. Finalmente, fue detenido por el FBI gracias al testimonio de su hermano, que lo delató al reconocer el estilo y expresiones usadas en un manifiesto publicado por el diario New York Times.

Hay que recordar que el jefe de Seguridad de la Embajada de Ucrania resultó herido en un dedo al incendiarse la primera de estas cartas incendiarias de la que se tuvo conocimiento, ya que en realidad la primera fue recibida en el complejo de La Moncloa siete días antes y lo mantuvo en secreto. La investigación avanza despacio porque las cartas incendiarias llegaron al centro de tratamiento postal de Valladolid, pero allí llegan también los de la provincia de León y los de toda Galicia. Dos de estas cartas no habían sido mataselladas.

Los sellos recuperados también pueden arrojar pistas. Los seis sobres llevaban una imagen del castro de Santa Trega, ubicado en el concello Da Guarda, provincia de Pontevedra. Esos sellos comenzaron a venderse a mediados de abril y se pueden comprar en cualquier lugar de España, pero en las zonas investigadas la Brigada de Información de la Policía ha acotado la distribución de esos sellos a 35.000 ejemplares. Ahora bien, aunque muchos hayan sido adquiridos por coleccionistas y compradores habituales alguien que haya comprado seis de ellos de una sola vez ha tenido que llamar la atención.

Aunque no había contenido en estas últimas seis cartas sí puso una dirección de correo electrónico inexistente en el remite. Esta es precisamente la letra que intenta cotejar ahora la Policía con las recibidas en Moncloa, además de muestras de ADN y huellas que han podido recuperar.

Campaña

Esta campaña de envío de cartas incendiarias a seis edificios e instituciones en Madrid (embajada de Ucrania, de EEUU, Ministerio de Defensa, base de Torrejón y Presidencia del Gobierno) y Zaragoza (sede de la empresa de armamento Instalaza) ha provocado que la Policía ponga bajo su lupa a varias organizaciones de la izquierda radical española prorrusa. No descartan la idea de un unabomber solitario, pero tampoco se ha dejado la vía de investigación entre grupos radicales de la ultraizquierda española.

La Policía tiene un seguimiento constante sobre estos grupos desde el año 2015, pero ahora los investigadores se centran en los rastros dejados en alguno de los foros habituales, para tratar de encontrar y relacionar pistas que ya tienen con algún miembro de estas organizaciones. Son pocos, pero muy activos en redes sociales y los más importantes están ya «monitorizados» por la Inteligencia española.

Las conexiones de la ultraizquierda española con el régimen de Putin no son nuevas para la Policía, la Guardia Civil y el CNI, ya que tras la anexión rusa de Crimea en 2014 la Policía puso en marcha la operación Danko para tratar de poner coto a un fenómeno emergente e inédito: los viajes de españoles para luchar a favor de los grupos separatistas prorrusos. Por este motivo el 27 de febrero de 2015 eran detenidos ocho de estos combatientes en Gijón, Cartagena, Barcelona, Cáceres, Pamplona, Alcorcón y Madrid. Les imputaban una presunta comisión de cooperación o complicidad en asesinatos y homicidios y tenencia y depósito de armas. Sin embargo, en octubre del mismo año el juez Santiago Pedraz archivó la causa al no quedar «debidamente acreditado» que los investigados hubieran combatido en Ucrania más allá de la posesión de armas de guerra exhibidas en fotos y vídeos incautados durante los registros. Todos estos españoles prorrusos habrían combatido en el Batallón Vostok.

Cuando en febrero de este año Putin decidió invadir Ucrania, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, el Servicio de Información de la Guardia Civil y el CNI decidieron «monitorizar» también a algunas asociaciones sin ánimo de lucro, pero con conexiones rusas y a partidos políticos que históricamente se declaraban comunistas, pero que no tienen apenas votos en las elecciones.