Podemos usará la subida de la luz para exigir el control de precios y de las energéticas

Podemos usará la subida del recibo de la luz por el temporal para sus fines ideológicos. Pretende dar una vuelta de tuerca a la legislación energética que le permita tener capacidad para determinar precios máximos de la luz y alterar el libre comportamiento de las compañías eléctricas. Entre los planes del partido de Pablo Iglesias figura recuperar el control público de centrales hidroeléctricas y alterar la mecánica de las subastas de energía para forzar que el precio final que cobran las compañías por la luz siga más de cerca el coste de las renovables, un precio que está subvencionado y que, por lo tanto, es alterable por parte del Gobierno, eso sí, tras cargar el coste de esas subvenciones a todos los ciudadanos.

Podemos tiene claro que el temporal puede ser una oportunidad para ellos. El plan de Pablo Iglesias pasa por usar social y mediáticamente la subida generada por el incremento de la demanda de luz a causa de la bajada de las temperaturas.

Los morados lanzarán una campaña señalando que ese alza no responde a motivos normales sino que está generada por los beneficios de las grandes energéticas. Todo ello, pese a que prácticamente dos tercios del precio de la luz los componen los costes fijos regulados por el Gobierno y los impuestos. De hecho, España exige un IVA sobre la luz de un 21% y un Impuesto Especial adicional de un 5,1127%: más de 26 puntos porcentuales del recibo de la luz que pagan todos los consumidores de energía y que podría ser reducido de inmediato si el Ejecutivo aceptase realizar una rebaja fiscal.

Las propuestas que baraja Podemos pasan por recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas con concesiones caducadas o que lo harán en un futuro cercano.

Esto permitiría, según el partido morado, “complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan momentos valle [momentos de caída en la generación], proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial de nuestro país”, como explican sus documentos en materia energética. Una empresa pública de energía sería la encargada de asumir la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando, según los planes de Pablo Iglesias.

«Oligopolio energético»

Las medidas no acaban ahí. Los morados quieren acabar con lo que denominan el “oligopolio energético”. Según ellos, deben eliminarse “los privilegios y devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello se cambiarán las condiciones de la subasta, de manera que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras como ahora”. Podemos se olvida de explicar que el precio de las renovables está subvencionado y que, por lo tanto, ellos tendrían una cierta capacidad para determinar el precio final de la luz. Eso sí, tras cargar a todos los españoles por otra vía el coste de esas primas a la energía verde.

Otras de las ideas de los morados pasan por “incentivar la compra a las instalaciones renovables ciudadanas. Se establecerá un cargo para compensar la sobreretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico”.

Y como colofón, pretenden alterar la factura de la luz como tal: “El término fijo, que pagas aunque no consumas nada, no será superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. A esto se sumarán protecciones frente a la pobreza energética”, señalan sus estudios oficiales.

Lo cierto es que Iglesias quiere usar el temporal para avanzar en su deseo de control de los sectores estratégicos. Es más, el vicepresidente reclamó nacionalizaciones de empresas de estos sectores estratégicos y Moncloa ha sabido unir -de forma parcial- esa exigencia con la crisis y el momento actual para empezar a plantear a las grandes cotizadas españolas una vía de protección frente a posibles opas extranjeras: la entrada del Estado en el capital de las IBEX por medio de la compra de participaciones cercanas al 5%.

Esa toma de capital por el Estado supone toda una nacionalización encubierta de las compañías clave españolas. Todo un giro en la evolución histórica de la economía española, sólo insinuado levemente por el reciente rescate de Air Europa por el Estado -la dotación de 475 millones a cuenta del Fondo de Solvencia deja en manos del Gobierno dos consejeros-. Un giro hacia la economía pública que impulsa el sector más intervencionista del Gobierno socialcomunista.