Podemos quiere penalizar como delito de “odio a los pobres” impedir los grafitis y actos vandálicos

Ione Belarra.
Ione Belarra.

Podemos sigue buscando reductos marginales de los que sacar votos y evitar su hundimiento. Acaba de trasladar una exigencia al Congreso para que se actúe penalmente por un supuesto delito de “odio a los pobres” (la llamada aporofobia) contra aquellos municipios, entidades o personas que luchen contras los grafitis o los actos vandálicos.

El documento ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común bajo la forma de proposición no de ley. Su título es el de ‘Eliminación de la discriminación por motivos de renta, patrimonio o situación socioeconómica’. Y pretende “incluir la aporofobia dentro del marco del Código Penal en los artículos 22 y 510 con el objetivo de evitar la estigmatización, la exclusión, la desigualdad y la criminalización de las personas que se encuentran en los estratos socioeconómicos más bajos”. Igualmente, Podemos quiere “introducir en el catálogo de circunstancias agravantes del delito la discriminación por circunstancias socioeconómicas”.

En resumen, toda una penalización del “odio a los pobres”, tal y como se conoce popularmente la denominada “aporofobia”. Pero lo más llamativo llega en el momento en el que Podemos pasa a definir lo que considera que debe quedar dentro de ese supuesto delito. Porque habla de actitudes como perseguir los actos vandálicos o prohibir los grafitis: “En ese contexto, identificamos en la coyuntura regional actual el caso de la Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante, más conocida como ordenanza contra la mendicidad, que ha sido objeto de debate en las Cortes Valencianas”. La ordenanza en cuestión, aprobada definitivamente por el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alicante el 15 de febrero de 2022, ha sido impulsada por el equipo de Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos para “prevenir las conductas vandálicas, el ruido, los grafitis, las agresiones contra el patrimonio, actitudes de acoso, resolver conflictos, actuar contra la mendicidad coactiva, con violencia o intimidación, cuidar los espacios públicos y dar protección social a las personas necesitadas”.

Traducido: en esas actitudes, Podemos considera que se observa delito de aporofobia y que, por lo tanto, debe haber castigo penal. Debe haberlo para quienes combatan el «ruido excesivo, los grafitis, las conductas vandálicas, las agresiones contra el patrimonio, las actitudes de acoso, o la mendicidad coactiva, con violencia o intimidación”. Y la explicación que dan es que “la ordenanza cuenta con el rechazo de las organizaciones sociales, como Cáritas y Médicos del Mundo, que indican que “permite castigar conductas de forma arbitraria” y que “hace la guerra al pobre en lugar de luchar contra la pobreza y ataca a las mujeres prostituidas frente a los proxenetas”.

El documento riza el rizo al explicar algo que su propio partido ha dejado de denunciar desde que gobierna: el aumento de la pobreza en la era de lo que ellos llaman como “el escudo social”. Así detallan que “la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentó el 10 de setiembre el II Informe ‘El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono’, que analiza la situación de extrema pobreza en el país”. Allí, según esos datos, se relata que “al inicio de la pandemia, 4,5 millones de personas en España (9,5 % de la población) vivía en situación de pobreza severa (un millón más que en 2008)”. Y se añade que, “después de año y medio de pandemia, los indicios reafirman el sesgo social de la enfermedad, tanto en lo que se refiere a las posibilidades de contagio, como a las profundas consecuencias económicas que produce entre la población más pobre”.

El propio documento podemita lo argumenta: “La pobreza es el resultado de decisiones políticas, de la desigualdad y de la injusticia. Su eliminación se consigue mediante un nivel alto de protección social, con recursos eficaces y generosos, servicios públicos universales y empleo de calidad. Y se garantiza mediante la igualdad de género y la lucha contra toda forma de discriminación”. Es decir, que bajo su mandato, no habrían garantizado ellos mismos esta cobertura social.

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