El PNV ya pasa factura: exige a Sánchez que el Constitucional no vete el Estatuto de la ‘nación vasca’

El PNV ha recuperado en el Congreso de los Diputados la reforma que pretende limitar la capacidad del Tribunal Constitucional de vetar los estatutos de autonomía antes de que sean votados en las Cortes. La intención de los nacionalistas es que los textos puedan ser validados previamente en un referéndum y que el tribunal no pueda ‘podarlos’ de forma preventiva. Esta figura permite suspender automáticamente estatutos de autonomía y leyes orgánicas desde el mismo momento en que se interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional y hasta que los magistrados emitan un dictamen, de forma que se asegura que no se aplicará ni se someterá a referéndum.

La propuesta forma parte de la batería de preguntas que el PNV ha registrado en la Cámara y que define sus prioridades de cara a la nueva legislatura. Confirma además el propósito de encauzar la tramitación del Estatuto vasco sin ‘injerencias’ por parte de la Justicia.

En el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE ya se comprometía a «impulsar» las «modificaciones legales necesarias» para «encontrar una solución al acuerdo del nuevo Estatuto, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia». De hecho, los socialistas vascos firman con el PNV y Podemos el borrador para la reforma del Estatuto, que se tramitará en los próximos meses.

Puntos polémicos

Esa propuesta genera discrepancias de calado entre las formaciones firmantes, especialmente en lo relativo a cuestiones como el denominado ‘derecho a decidir’ o la propia ‘identidad’, aunque todo quedará a expensas de la negociación.

Las discrepancias aparecen desde el título preliminar, donde se afirma que «la ciudadanía de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, como parte integrantes de Euskal Herria, en expresión de su identidad nacional y de su voluntad democrática, se constituye en Comunidad Autónoma de Euskadi de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica». El PNV pide, además, que se apostille que el Estatuto es «político» y el PSE apuesta por sustituir «identidad nacional» por «nacionalidad».

Otro punto polémico es el relativo a Navarra, al afirmar que la Comunidad Foral podrá incorporarse al País Vasco «de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición transitoria cuarte de la Constitución y en este Estatuto». Los socialistas no se oponen, aunque sí piden que la cuestión se saque del título preliminar y se incorpore en forma de disposición. El PSE sí rechaza la ‘autodeterminación’ que, asegura, no es un «derecho». Podemos, socios en el Gobierno socialcomunista, defienden en cambio «el derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad y libre y democráticamente», mediante un acuerdo con el Estado.

Desde el PP ya se avisó en su día que se recurriría la reforma al Tribunal Constitucional, mediante el «recurso previo», figura que se recuperó en 2015 por una reforma pactada entre PP y PSOE, entonces en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba, tras su derogación bajo el Gobierno de Felipe González. Con este mecanismo se permite que el Tribunal Constitucional puede pronunciase antes de que las normas entren en vigor o sean refrendadas por la ciudadanía, para evitar casos traumáticos como el Estatuto de Cataluña.

«Veto político»

De esta forma, si la propuesta del PNV prospera, los ciudadanos del País Vasco podrían expresarse mediante un referéndum antes de que lo haga el Tribunal Constitucional. El objetivo es provocar un ‘choque de legitimidades’ entre los tribunales y los ciudadanos. Los nacionalistas opinan que el «recurso previo» otorga al Constitucional «un papel político (..) con los riesgos que ello acarrea para la estabilidad del sistema» y que «incorpora un auténtico veto político en los procedimientos de reforma de los estatutos de autonomía que desnaturaliza el modelo que la Constitución establece».

El asunto genera debate entre los socialistas. En época de Rubalcaba, justificaron la reforma en la «frustración» de que un estatuto fuese validado por los ciudadanos y amputado después por el tribunal.

Pero también provocará fricciones entre los socios PSOE y Podemos. Los de Pablo Iglesias, como el PNV, defienden en el borrador del nuevo Estatuto vasco que «durante su tramitación se habilitarán procesos de participación ciudadana (…) pudiendo, en su caso, con carácter previo a la remisión a las Cortes Generales, consultase, sin carácter vinculante, al cuerpo electoral sobre la reforma aprobada».

Los socialistas discrepan y alegan que esa «consulta (referéndum)» introduce «un elemento que ‘altera’ la relación entre las partes, porque se va al Congreso con el respaldo de la manifestación de la voluntad de la ciudadanía, lo que tiene el efecto de poner a la otra parte de una negociación entre la espada y la pared» y, añaden, «así no puede haber una negociación ‘limpia’».