El PNV diseña una «autodeterminación» de lujo: roba las infraestructuras estatales y no asume la deuda

El PNV desarrolla una «autodeterminación» a la carta en el nuevo Estatuto del País Vasco. Los nacionalistas plantean un ventajoso esquema en el que se sitúan en una relación de «igualdad» con un «Estado», España, al que pretenden endosar la deuda de todos los derroches de la comunidad autónoma. El gobierno vasco, en cambio, se quedará con lo bueno: los recursos naturales, las prestaciones sociales, el gasto público y las infraestructuras.

Las cesiones de Pedro Sánchez a Urkullu y compañía, por el apoyo en una posible investidura, Presupuestos y demás, le va a salir caro a España. No sólo porque el gobierno nacionalista vasco camina hacia la «autodeterminación» y la ruptura de España, con la mente puesta en las anexiones de Navarra, el país vasco-francés y territorios como el Condado de Treviño. También pretenden aprovechar la relación de «igualdad» con el Estado español sin romper lazos al 100%. Más o menos, como el esquema del hijo que se compra piso, pero los padres se los pagan, le hacen la comida y le planchan la ropa.

El reparto es cuando menos curioso, como muestra el texto al que ha tenido acceso OKDIARIO. Porque lo que ellos denominan Sujeto Jurídico Político (SJP) –su nueva “Euskadi” con “autodeterminación”– tiene todos los poderes y capacidades salvo uno: el de ser responsable de sus actos.

Ese ‘nuevo’ País Vasco asume todas las competencias deseadas por los nacionalistas. Pero si se tiene que endeudar, lo puede hacer por decisión propia y, además, con pleno respaldo de la garantía de ese “Estado” del que dice que no quiere depender, ni estar “subordinado” a él. Ese Estado, por supuesto es España.

Deuda respaldada por el Estado

El esquema es todo un chollo y viene delimitado en el apartado competencial del texto en el que ya se está trabajando. En primer lugar, se reconoce “a las instituciones vascas la facultad de emisión de deuda pública o de contraer créditos para financiar gastos de inversión”. Pero, eso sí, esas emisiones “tendrán la consideración de fondos públicos y, consecuentemente, gozarán de los beneficios y condiciones de la deuda pública del Estado”. Traducido: ellos gastan, pero el resto de los españoles asumen el respaldo del derroche. Y todo ellos contando con que, según el PNV, “la regulación y desarrollo de esta materia se hará mediante ley del Parlamento Vasco”.

Los capítulos en los que se podrá gastar serán interminables porque sus competencias lo serán igualmente: “La ciudadanía vasca será titular de los derechos fundamentales establecidos en el Nuevo Estatus Político vasco, la Constitución española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, así como los derivados de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos que se hayan suscrito y ratificado por el Estado español, y las instituciones vascas tendrán capacidad normativa y ejecutiva para regular, desarrollar los derechos fundamentales reconocidos en los ordenamientos jurídicos citados, limitando para ello la capacidad de incidencia de la normativa orgánica estatal, que deberá ceñirse a legislar el «núcleo esencial del derecho», con un contenido de mínimo común normativo pactado, sin impedir ni condicionar desarrollos más completos y garantistas por parte de las Instituciones Vascas”.

Competencias exclusivas

Con el fin de poder hacer lo que ellos quieran, pero contando con el Estado para que pague en última instancia, los encargados del nuevo texto normativo han diseñado diferentes niveles “competenciales”. Son los siguientes:

“Primer bloque competencial: Estará integrado por aquellas competencias de carácter exclusivo que, siendo sectoriales, expresan con especial intensidad la preservación del hecho diferencial: Lengua, deporte y cultura vasca; educación; sanidad; seguridad; empleo público; derecho civil; régimen del Concierto Económico; organización institucional propia de los tres niveles institucionales forales vascos; y Administración de Justicia, incluida una política penitenciaria propia”.

El segundo bloque recoge directamente la expropiación a España de “la titularidad demanial y/o patrimonial de los recursos naturales de su ámbito territorial –que se extiende hasta el mar territorial- y de las infraestructuras sitas en el mismo”. Y es que todo lo construido con recursos nacionales pasa a manos de las “instituciones vascas”.

El tercer y último bloque de competencias “atribuirá a los poderes públicos vascos las competencias y facultades exclusivas relacionadas con los sistemas de relaciones laborales y de protección o de seguridad social. El articulado contemplará, también, mecanismos de cooperación y solidaridad con los sistemas asentados en el Estado español. Asimismo, deberá reconocer amplia competencia en acción exterior y relaciones internacionales a las Instituciones Vascas y capacidad de representación en las instituciones y organizaciones europeas e internacionales. La posibilidad de llevar a cabo actuaciones de proyección exterior deberá ser expresamente contemplada”.