El plan de amnistía de Junts y ERC exige el olvido para los «delitos de odio» contra los constitucionalistas

El plan para la amnistía de los delitos cometidos en el procés avanza como quieren Junts y ERC. A la espera de concretar los detalles del texto pactado para la investidura de Pedro Sánchez, el texto que fundamenta las exigencias de los independentistas da pista de la amplitud del olvido que pretende el separatismo. Según se recoge en la propuesta que ambos partidos -además de la CUP- registraron hace dos años en el Congreso, la amnistía no se limitará a delitos como la sedición o la malversación, por los que fueron condenados los líderes del procés. Se extiende además a los «delitos de odio», cuyo incremento fue explosivo tras el referéndum ilegal. En esta categoría se engloban los ataques motivados por la orientación política.

Según los últimos datos del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, esos delitos de odio se centran especialmente en la «hispanofobia», que está detrás de más de la mitad de los incidentes de «violencia política» registrados el año pasado en Cataluña. El 98,71% de esos incidentes violentos han sido perpetrados por personas o grupos independentistas. Según la organización, se sigue señalando a todo aquel que se opone al discurso hegemónico del separatismo.

Uno de los casos más destacados fue el de varios docentes del IES Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), imputados por humillar a alumnos hijos de guardias civiles tras el 1-O. Este año, la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la causa contra una profesora que, presuntamente, el 2 de octubre de 2017 le dijo a un niño de 12 años, ante toda la clase: «Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer», provocándole el llanto. La Fiscalía alegó que ese comportamiento causó «un sentimiento lógico de señalamiento, humillación y menosprecio de su dignidad personal, constituyendo ello, además, un acto discriminatorio contra un colectivo profesional concreto y un discurso del odio contra el mismo, todo ello en el marco de un contexto de alta tensión y conflictividad social y política».

Ahora, la propuesta del separatismo pretende conceder la amnistía para «los actos de expresión y opinión llevados a cabo a través de la prensa, la imprenta, las redes sociales, las creaciones artísticas o cualquier otro medio de comunicación que hayan sido valorados como delitos de incitación al odio vinculados al conflicto político con Cataluña», así como «actos de diversa índole que han sido mediados para la realización de los actos amnistiados, cualquiera que sea su denominación y ubicación legal».

Aquella proposición de ley registrada en 2021 por el independentismo no prosperó porque la Mesa del Congreso -con el voto del PSOE- evitó su admisión a trámite al resultar, como advirtieron los letrados, manifiestamente inconstitucional.

Lo que dice Sánchez de la amnistía

Ahora, Pedro Sánchez ya no descarta públicamente la medida. Este martes, preguntado por si opina que la amnistía es «constitucional», el presidente en funciones avanzó en el plan del separatismo y defendió que : «Cataluña está muchísimo mejor, tenemos que continuar en esa senda de trabajar por la convivencia, y ahí va a estar el PSOE. No me corresponde a mí decir si es constitucional o no, sino al Tribunal Constitucional». Sánchez insistió en que «el diálogo es el método y la Constitución, el marco», sin descartar en ningún momento esta concesión al separatismo, que no está recogida en la Constitución.

De esta forma, el líder socialista deja en manos del Tribunal Constitucional la decisión sobre un previsible recurso, en el caso de que una ley de amnistía prospere. Cabe recordar que el tribunal, presidido por Cándido Conde-Pumpido cuenta con una mayoría de magistrados de izquierdas, lo que le permitirá superar sin aparentes obstáculos ese recurso. Como ya ha publicado este periódico, Moncloa lleva semanas trabajando en una propuesta para dar un anclaje legal a la amnistía, con el aval de Conde-Pumpido.

Los dos partidos separatistas, Junts y ERC, ya dejaron claras sus pretensiones en el texto de 2021, en el que se diseña una amnistía que afectaría a «todos los actos de intencionalidad política» desde el 1 de enero de 2013, «cualquiera que sea su resultado» y tanto si están «tipificados como delitos o como conductas administrativamente punibles».

Los independentistas de Junts y ERC plasman en esta propuesta de amnistía que «se entenderá por intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favor, promoción, ejecución y celebración tanto del Proceso Participativo sobre el futuro político de Catalunya del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como los actos de protesta en la vía pública que, con el fin de defender las citadas consultas o criticar la actuación de las autoridades gubernamentales o jurisdiccionales, hayan sido enjuiciados penal o administrativamente desde la fecha del citado referéndum».

Se incluyen aquí, por ejemplo, «los delitos de rebelión y sedición, así como el resto de delitos contra el orden público», «delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos», «los actos de expresión y opinión llevados a cabo a través de la prensa, la imprenta, las redes sociales, las creaciones artísticas o cualquier otro medio de comunicación que hayan sido valorados como delitos de incitación al odio vinculados al conflicto político con Cataluña», así como «actos de diversa índole que han sido mediados para la realización de los actos amnistiados, cualquiera que sea su denominación y ubicación legal».