Sánchez quiere imponer a Ayuso más restricciones que las que tenía cuando levantó el estado de alarma

El Gobierno de Pedro Sánchez ha retrocedido a tiempos más severos de la pandemia para imponer sus restricciones a las comunidades autónomas, en un momento en que la situación epidemiológica mejora y la vacunación avanza a buen ritmo. Las nuevas medidas -adoptadas este miércoles sin consenso en el Consejo Interterritorial de Salud con el apoyo de las comunidades socialistas- serán obligatorias hasta que el 70% de la población esté vacunada, es decir, hasta mediados de agosto si las previsiones de Pedro Sánchez se cumplen. Este plan ha provocado una rebelión en varias regiones, que amenazan ya con no acatarlo. Sanidad quiere imponer, por ejemplo, los cierres perimetrales o del interior de los bares. Medidas que en la Comunidad de Madrid no se veían desde hace meses. En concreto, la región no se cierra desde que el Gobierno obligó a Isabel Díaz Ayuso a hacerlo en Semana Santa.

El pasado 9 de mayo expiró el estado de alarma. Entonces, el Ejecutivo socialcomunista no vio necesario extender las restricciones y derivó la responsabilidad en las comunidades autónomas bajo lo que dio en llamar «cogobernanza». Aquel día, la incidencia acumulada era de 188,97 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. El último dato actualizado de Sanidad la sitúa en los 118,54. Es decir, 62 puntos menos.

Por otro lado, la vacunación ha experimentado un avance importante. Cuando se levantó el estado de alarma, 13.797.431 personas habían recibido una dosis de la vacuna, el 29,1% población. Hoy, ese porcentaje se eleva al 38,8%. Además, un 20,4% de españoles tienen ya la pauta completa, frente al 13,1% de entonces.

Sanidad ignora sin embargo estos datos para imponerse de nuevo en la gestión de la pandemia y hacer obligatorias las medidas del Consejo Interterritorial de Salud. Un asunto, el de la obligatoriedad, que genera muchas dudas jurídicas porque el propio reglamento del Consejo establece que únicamente serán recomendaciones y que, en cualquier caso, deberán adoptarse por «consenso». Algo que, evidentemente, no se ha producido.

«Para ocultar los indultos»

La decisión del Gobierno ha provocado el enfado mayúsculo de varias comunidades, como Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha avanzado que no aplicará las restricciones y ha defendido que no son «de obligado cumplimiento».

Ayuso ha descartado estar «en rebeldía», pero sí ha señalado este jueves que las medidas responden a «una imposición política y no sanitaria» y ha advertido que supondrían perjudicar a la hostelería y al comercio, algo a lo que no está dispuesta.

La presidenta madrileña considera además que Sánchez está utilizando la pandemia «para ocultar la subida de impuestos y de la luz y para ocultar los indultos y que está destrozando España». «Conmigo, que no cuenten», ha señalado.

Las medidas supondrían el cierre del interior de los bares, o suspender las ferias de Ifema o celebraciones como las bodas.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha criticado el «nuevo atropello a las comunidades» y ha advertido que Madrid acudirá a los tribunales en caso necesario. «No nos sentimos vinculados a un acuerdo que no cuenta con consenso», ha avisado.

Pero contra las imposiciones de Sanidad no se levantan sólo las comunidades del PP, como Andalucía o Murcia. También el lehendakari Íñigo Urkulllu se ha mostrado muy crítico y ha arremetido contra el «desconcierto absoluto» que provoca el Gobierno. Urkullu ha advertido que el País Vasco seguirá su «hoja de ruta» frente a la pandemia y ha cargado contra lo que considera una «invasión de competencias».

«Ésta no es una actitud de cogobernanza, ni de gobernanza compartida, ni de gobernanza colaborativa. Sin planteamientos previos para un consenso, plantear decisiones de manera unilateral a modo de imposición no es el resultado de una cogobernanza», ha denunciado.

La Junta de Andalucía ya avisó por su parte este miércoles que las propuestas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no serán de obligado cumplimiento si no se aprueban por consenso. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, recordó al respecto que «las competencias en materia de Salud Pública son de las comunidades autónomas».

Entre otras medidas, Sanidad obliga además a limitar la apertura de los establecimientos de hostelería hasta la 1 y dejar de servir a las 12 de la noche.

En cuanto al ocio nocturno, se podrá abrir hasta las 3 de la madrugada, pero únicamente cuando la incidencia esté por debajo de 50. Sólo podrá haber seis ocupantes por meses en el interior y 10 en el exterior, y el aforo estará limitado a la mitad en el interior.

Caída de hospitalizaciones

El plan sitúa a Madrid en el nivel «de riesgo alto», por lo que se recomienda asimismo a los habitantes que salgan lo menos posible de sus casas, limiten al máximo sus contactos sociales más allá de sus convivientes o que no se reúnan con más de cuatro personas si no viven bajo el mismo techo.

Sanidad considera que en este nivel se produce «transmisión comunitaria sostenida y de difícil control» con «presión alta sobre el sistema sanitario».

Sin embargo, los datos de hospitalizaciones en Madrid son positivos. Actualmente, el 7,15% de las camas están ocupadas por pacientes Covid.

En los últimos 30 días, el número de hospitalizados por coronavirus en la región ha caído desde los 2.066 hasta los 833 de este miércoles. Un descenso del 60% en la presión hospitalaria que deja a Madrid al nivel de hospitalizaciones anterior al puente festivo del pasado agosto.