Sánchez no baja el IVA de la luz para no perder 872 millones: lo que cuestan Igualdad y el chequevoto

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vetado la tramitación en el Congreso de una ley del Partido Popular para bajar un 20% anual el recibo de la luz. Una medida que, según los populares, supondría una rebaja de 9.000 millones al año. En su iniciativa, el partido de Pablo Casado exigía la aplicación del tipo reducido del 10% del IVA de forma permanente y para todos los suministros. Pero el Gobierno ha rechazado la propuesta por su impacto presupuestario, que cifra en 1.780 millones.

De ellos, explica el Gobierno en una carta remitida al Congreso, «el 49% afectaría a los presupuestos estatales» -872 millones- ya que el resto del rendimiento está cedido a las comunidades autónomas y entidades locales.

Es decir, prácticamente el coste  del Ministerio de Igualdad (que dispone en este año de 451 millones y el año que viene de 525) y de los cheques anunciados por Pedro Sánchez con la finalidad de captar votos: el bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años y la ayuda para el alquiler (o chequevoto) de 250 euros mensuales para los menores de 35. Para el primero se ha previsto una dotación presupuestaria de 210 millones y de 200 para el segundo.

Culpa a la UE

Así, el Gobierno de Pedro Sánchez despacha la ley del PP para que los españoles vean aliviada su factura de la luz, cuyo coste se encuentra desbocado desde hace meses. El Ejecutivo, una vez más, echa la culpa a Europa para no mantener la rebaja del impuesto, alegando que «exigiría una nueva comunicación al Comité del IVA» de la Comisión Europea.

Cabe destacar que, como explican fuentes comunitarias a OKDIARIO, ese proceso de consulta «es pura formalidad, ya que el Comité del IVA no tiene competencia para aprobar o rechazar una medida concreta». Por tanto, no constituye una aprobación de la medida por parte de la Comisión Europea. De hecho, una decisión de un estado miembro para reducir el IVA de la luz es efectiva incluso aunque el Comité del IVA no haya sido consultado. 

El Gobierno de Pedro Sánchez, para justificar evitar la rebaja de la factura de la luz, señala que «los estados miembros y la Comisión Europea han asumido un compromiso para limitar la aplicación de los tipos reducidos en sus estructuras tributarias, ante la necesaria consolidación de las finanzas públicas».

Y añade que «el Reino de España figura tradicionalmente entre los estados miembros que presentan una mayor pérdida de recaudación del Impuesto derivada de la aplicación de tipos reducidos y exenciones».

Unos argumentos que ya empleó el Ejecutivo para rechazar reducir el IVA de las mascarillas. Sin embargo, la directiva europea del IVA de 2006 establece que «los estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana».

Por otro lado, el Gobierno también rechaza la iniciativa del PP señalando que «los extracostes presupuestarios derivados de la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares pasarían de financiarse del 50% al 100%, con cargo a los PGE», de forma que la partida de 490 millones presupuestada pasaría a 980 millones.

En conclusión, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, considera en la misiva que «la aprobación de la Proposición de Ley de referencia es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado en vigor tanto un incremento de los créditos presupuestarios como una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución», según ha informado el Grupo Popular.

La proposición de ley del PP recoge cuatro medidas concretas para rebajar el coste anual de la factura en unos 9.000 millones de euros. Los populares proponen usar 2.000 millones de euros obtenidos por las subastas de los derechos de emisión de CO2 (gases de efecto invernadero), traspasar a los Presupuestos Generales del Estado la financiación de los costes no energéticos (casi 3.400 millones), suprimir el Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (1.600 millones) y hacer permanente la rebaja del IVA de la electricidad del 21 al 10% (2.000 millones anuales).