Sánchez desclasificará los archivos del Estado desde la República hasta el mandato de Felipe González

Pedro Sánchez quiere abrir todos los archivos secretos de la Guerra Civil y el Franquismo, y más allá: extenderá esa orden a los referidos al período comprendido entre el 14 de abril de 1931 -proclamación de la República y el 31 de diciembre de 1982. Es decir, justo hasta la llegada de Felipe González al Gobierno, en el primer mandato del líder socialista.

Así consta en la iniciativa sobre Memoria Histórica registrada recientemente por el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso, y que actualiza la reforma de la ley de Zapatero de 2007.

La proposición de ley de Memoria Histórica y democrática renueva el artículo 22 de dicha ley -‘Derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados’- de forma que se recoge que: «Se garantiza el derecho de acceso a la información pública de todos los archivos pertenecientes a la Administración General del Estado referidos al período comprendido entre el 14 de abril de 1931 y 31 de diciembre de 1982». Los socialistas se avalan en la Constitución, la Ley de Transparencia y «demás leyes que resulten de aplicación», aunque advierte de que el acceso «respetará la normativa de protección de datos personales».

La Ley de Memoria Histórica vigente, la de Zapatero, recogía ya la apertura de archivos, aunque de forma mucho más simplificada: el texto amparaba el derecho de acceso a «fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de las copias que se soliciten», y también a «privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos».

Además, añadía, «los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la protección, la integridad y catalogación de estos documentos, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación». Estas mismas consideraciones se incluyen en la propuesta actual, aunque concretando el período histórico y amparando la apertura de los archivos de toda la Administración estatal.

La reforma presentada por los socialistas en 2017 -‘Proposición de Ley para la reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura’- recogía también este derecho de acceso, aunque lo limitaba a los archivos correspondientes al Ministerio de Defensa, la Dirección General de la Guardia Civil y demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, «referidos al período comprendido entre el 14 de abril de 1931 y 31 de diciembre de 1977».

Las Administraciones Públicas tendrían obligación de poner a «disposición de la Comisión de la Verdad, de la Comisión Técnica de Memoria Histórica y sus respectivas subcomisiones todos los instrumentos necesarios para el acceso a registros civiles, partidas de nacimiento y defunción, archivos custodiados, militares y parroquiales o religiosos, para el uso de sus funciones como órgano investigador y de gestión de la Memoria Histórica.

La iniciativa de los socialistas recoge por primera vez, como avanzó OKDIARIO, un artículo dedicado a la inhumación del dictador Francisco Franco.

La literalidad de dicho artículo, en cambio, no ampara el enterramiento en El Pardo, como es intención del Gobierno.

En concreto, dicho punto -artículo 19 de la nueva norma- establece que «los restos mortales de Francisco Franco no podrán ser ni permanecer inhumados en ningún lugar de acceso público que, con independencia de su titularidad, pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil o de la dictadura franquista».

Los socialistas tratan así de dar efecto y contenido a uno de los argumentos que el Ejecutivo en funciones expuso, en su día, para vetar la inhumación de Franco en la catedral de La Almudena, como es deseo de su familia.

Sin embargo, nada impide –si se atiende a la redacción literal del apartado– que en El Pardo ocurra exactamente lo mismo. El emplazamiento no cuenta con medidas especiales que impidan la convocatoria o celebración de actos de exaltación del régimen o de la figura del dictador, por lo que nada evitaría que si la reforma resulta aprobada suceda en los próximos meses.