Sánchez no se da por aludido por el varapalo de Bruselas: «Nos coge con los deberes hechos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se da por aludido del varapalo de la Comisión Europea a su Ejecutivo sobre su reforma de la malversación. Bruselas va a proponer a los países miembros que se establezca una pena máxima sobre este tipo de delito de, al menos, cinco años. Esto choca frontalmente con la política de Sánchez, que rebajó este delito para contentar a sus socios de ERC. «Nos coge con los deberes hechos», ha asegurado Sánchez al ser preguntado sobre esta cuestión.

«La valoración que hace el Gobierno de España es que es una buena noticia que se armonice la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción y en ese sentido a España le coge con los deberes hechos», ha señalado el dirigente socialista este jueves en una rueda de prensa en Moncloa tras recibir al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Pedro Sánchez ha puesto como ejemplo la incorporación del delito de enriquecimiento ilícito en la reforma del Código Penal que su Gobierno llevó a cabo para «luchar contra la corrupción». «A España le coge con los deberes hechos, entre otras cuestiones, porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo, incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito que no está reconocido por distintos Estados miembros y que, en cambio, España sí ha incorporado a su Código Penal», ha apostillado.

Este miércoles, la Comisión Europea solicitó a todos los países miembros que establezcan una pena máxima de, al menos, cinco años para delitos de malversación en toda la Unión Europea. Esto choca frontalmente contra la política del Gobierno de Sánchez, que apostó por rebajar todas las penas relacionadas con este tipo de delito para contentar a sus socios de ERC. Ahora, Bruselas solicita a todos los países miembros de la Unión que unifiquen criterios, por lo que el Ejecutivo se verá obligado a tener que incrementar las penas actuales para situar a España en la media comunitaria.

La reforma

La reforma que sacó adelante el Ejecutivo de Sánchez entró en vigor el pasado 12 de enero. Dicha reforma mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber «ánimo de lucro» cuando la autoridad o funcionario público «se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».

Además, la reforma del Gobierno de coalición creó dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años.

Y un segundo tipo para «la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinad», sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación. Esto choca con los criterios exigidos por la UE.