Cuando Sánchez defendía que la rebaja de la malversación «nos homologa con las democracias europeas»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en varias ocasiones que su reforma del Código Penal para rebajar la malversación y así contentar a sus socios separatistas «nos homologa con las democracias europeas». «Lo que estamos haciendo es homologarnos de nuevo con los países de nuestro entorno con las principales democracias europeas en un momento en el que, además, la propia Comisión Europea lo que está haciendo es subrayar la necesidad de que los Estados miembros avancemos hacia una armonización de la legislación europea frente a la corrupción», afirmó el dirigente socialista en Bruselas el pasado 15 de diciembre, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo de ese mismo día.

Este miércoles, la Comisión Europea solicitó a todos los países miembros que establezcan una pena máxima de, al menos, cinco años para delitos de malversación en toda la Unión Europea. Esto choca frontalmente contra la política del Gobierno de Sánchez, que apostó por rebajar todas las penas relacionadas con este tipo de delito para contentar a sus socios de ERC. Ahora, Bruselas solicita a todos los países miembros de la Unión que unifiquen criterios, por lo que el Ejecutivo se verá obligado a tener que incrementar las penas actuales para situar a España en la media comunitaria.

«Esta reforma lo que hace es aportar claridad y proporcionalidad en el Código Penal, no despenaliza ningún tipo de malversación, al contrario, lo que hace es contemplar distintos tipos de malversación posibles, endurecemos la persecución de cargos públicos corruptos incorporando sanciones para quienes no justifiquen el incremento inusual en su patrimonio. Y con esta tipificación, lo que está haciendo España es homologarse a países avanzados en esta materia como pueda ser Portugal, Francia o Luxemburgo», defendió Sánchez hace casi cinco meses en Bruselas.

La Ley Orgánica 14/2022 del 22 de diciembre, que reformó el Código Penal para rebajar el delito de malversación, se señalaba también lo siguiente: «La armonización de nuestra legislación penal con los estándares más claramente asentados en la doctrina y en la práctica jurídica de los países de la Unión Europea constituye una obligación incontestable, en consecuencia». En caso de el Parlamento Europeo dé luz verde a subir las penas por malversación, el Gobierno de Sánchez tendría que volver a reformar el Código Penal.

La reforma

La reforma que sacó adelante el Ejecutivo de Sánchez entró en vigor el pasado 12 de enero. Dicha reforma mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber «ánimo de lucro» cuando la autoridad o funcionario público «se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».

Además, la reforma del Gobierno de coalición creó dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años.

Y un segundo tipo para «la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinad», sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación. Esto choca con los criterios exigidos por la UE.

«Ya lo avisamos»

El PP considera que la Comisión Europea ha «desmontado» la «mentira» del Gobierno sobre la reforma del delito de malversación. Los populares defienden que fue una reforma «al gusto» de ERC con la que se buscaba «salir del paso de los trapicheos políticos» del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Bruselas se suma a derogar el sanchismo y dice ‘no’ a las rebajas de penas por corrupción aprobadas por el Gobierno y sus socios. Ya lo avisamos», ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en un mensaje colgado en las redes sociales.

La portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha argumentado que «se desmonta el argumentario de Moncloa, que era otra mentira más para salir del paso de los trapicheos políticos de Sánchez». «Esto de Bruselas es lógico, de puro sentido común», ha apostillado en redes sociales.

El vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, ha recordado la explicación que ofreció entonces Sánchez. «O sea, que cuando el Gobierno dijo que rebajaba penas por corrupción para parecernos a lo que ocurre en Europa también estaba mintiendo a sabiendas de que mentía. No dar importancia, incluso para beneficiar a corruptos, a que el Gobierno mienta es síntoma de una baja democracia», ha recalcado.